El Consell evita comprometerse a asumir el IVA de À Punt

VALÈNCIA. El pleno del Consell aprobó este lunes el Presupuesto de la Generalitat de 2024. Unas cuentas que dotan a À Punt de 84,8 millones de euros para el próximo ejercicio, algo más de un millón respecto al año anterior, pero que para la cadena se quedarán cortos si finalmente deben asumir la deuda del IVA que la Agencia Tributaria reclama a la televisión pública desde 2016. Un escenario que parece bastante probable, dado que el gobierno autonómico no ha incluido ninguna partida específica para que sea la Generalitat quien lo haga. 

El inicio del "conflicto" entre la Agencia Tributaria y los gobiernos autonómicos por el IVA deducible de sus televisiones públicas se remonta al 2014, antes incluso de la creación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). En esa fecha, la AEAT empezó a considerar que las cadenas sólo podían deducirse el impuesto por su actividad comercial y no por los ingresos que reciben vía presupuestos de los respectivos gobiernos autonómicos.

Hasta ese momento, los medios públicos se lo deducían por completo. Pero en 2015 entró en vigor una nueva ley del IVA y cambió el criterio. Ahora se establece que las televisiones públicas pueden deducirse el impuesto de la práctica totalidad de sus gastos, pero por el contrario aplican el criterio mediante el cual hay que repercutir el IVA a las subvenciones recibidas. En 2017 a raíz de una directiva europea, Hacienda volvió al criterio de 2014 y defendía la limitación de la deducción del IVA. 

El último informe de auditoría financiera de À Punt correspondiente a 2021, la Sindicatura de Comptes cifró en 25'4 millones de euros la provisión para el pago del IVA de los ejercicios de 2016 a 2021. Una cifra que, según los acuerdos alcanzados con la Agencia Tributaria y el anterior gobierno autonómico asumiría la Administración autonómica.

El precedente del Botànic

En este sentido, el año pasado el Consell era partidario de "no comprometer" el presupuesto reservando una partida específica para ello, dado que al estar judicializado el caso y no tener por el momento sentencia en un sentido u otro, consideraban que era preferible esperar al fallo judicial. Si finalmente los tribunales condenaran a À Punt, Hacienda asumiría el coste, pero si le daban la razón a la cadena, no tendrían que pagar nada. A esto se sumaba, además, que si el fallo no se producía a lo largo de 2023, habrían comprometido 25 millones de euros del presupuesto -que va aumentando por los intereses- que finalmente no se gastarían. 

Finalmente, aunque no hubo partida específica, la Generalitat sí se comprometió a través del articulado de la Ley de Presupuestos de 2023 a asumir el pago del IVA si À Punt perdía en los tribunales. El artículo 52 obligaba al Gobierno conformado por PSPV, Compromís y Unides Podem a la "asunción por la Generalitat de las mayores obligaciones tributarias sobrevenidas de la Corporación Valenciana deMedios de Comunicación y de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana". 

Este apartado establecía que la Generalitat asumiría "la carga de la deuda tributaria y los intereses de ejercicios anteriores, así como las obligaciones derivadas del ejercicio en curso del impuesto sobre el valor añadido que correspondan a la Corporación Valenciana deMedios de Comunicación y de la Societat Anònima de Mitjans de Comunicació de la Comunitat Valenciana, derivadas de modificaciones normativas o de cambios de interpretación delas correspondientes administraciones tributarias".

"El importe de la deuda abonada por este concepto en virtud de lo dispuesto en el párrafo anterior constituirá aportación de la Generalitat para incrementar el fondo patrimonial de laCorporación Valenciana de Medios de Comunicación y de la sociedad anónima", continúa el articulado. Es decir, que este fondo no supondría un menoscabo del dinero que tendrá la CVMC para 2023, que era de 83 millones de euros. Serían los "órganos competentes en materia de tesorería y de sector público de la Generalitat" los que autorizaran "las operaciones de tesorería y adoptaran el resto de medidas necesarias para el cumplimiento" de este compromiso. 

No obstante, en esta ocasión el redactado de la Ley de Presupuestos de 2024 no recoge ningún compromiso de este tipo, por lo que a priori la Generalitat no se ha comprometido para hacer lo propio en caso de que haya sentencia este año.