Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El PP y Vox han presentado un total de 45 enmiendas –todas ellas conjuntas– a la conocida como ley de Acompañamiento. Se trata de la ley de Medidas Fiscales, sin la cual no pueden salir adelante los Presupuestos de 2024 y la cual suele servir como cajón de sastre para introducir diversas modificaciones legislativas.
Entre los texto registrados en Les Corts por los partidos que conforman el Consell destacan los relativos a À Punt, ya un clásico en la tramitación de Acompañamiento. El objetivo es aumentar su peso en el máximo órgano directivo de la radiotelevisión valenciana –lo que supone que tengan mayor control– y limitar el presupuesto –lo que podría derivar en una reducción efectiva en futuros presupuestos.
Una de las enmiendas del PP y Vox cambia la composición del Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) para que cuente con un miembro más y pase, de esta manera, de 10 a 11 representantes. El nuevo cargo será a propuesta de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, que presiden los populares.
Actualmente, y de acuerdo con la ley, el nombramiento de los representantes del Consell Rector se realiza de la siguiente manera: cinco miembros elegidos por Les Corts a propuesta de los grupos; uno a propuesta del Consejo de la Ciudadanía; dos a propuesta del Consejo Audiovisual de la Comunitat Valenciana; uno a propuesta de los trabajadores de la CVMC; y la presidencia, que la eligen también Les Corts por mayoría absoluta. Ahora, se añade un nuevo miembro a propuesta de la Federación Valenciana de Municipios.
Igualmente, modifican las mayorías en la elección del Consejo Rector, que en la norma actual requiere de una mayoría de tres quintos en segunda votación (es decir, que se necesita un grupo de la oposición). Ahora, introducen en la ley que "en caso de que alguna de las personas propuestas no obtuviera esta última mayoría, se realizará una tercera votación en la siguiente sesión plenaria y bastará con que obtuviera una mayoría absoluta". Así, el PP y Vox lo podrán sacar en solitario.
La novedad no sólo alcanza al Consell Rector, sino también al Consejo de la Ciudadanía, el órgano asesor en materia de programación, contenidos, audiencia, estrategia, etc. Aquí también existirá un nuevo miembro a propuesta de la Federación de Municipios.
Actualmente, el órgano de dirección de la Corporació está presidido por Miquel Francés. Se trató del último nombramiento realizado, in extremis, por el Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem) antes de que finalizara la pasada legislatura. Los populares, desde que accedieron al Consell, estudian todos los asuntos pendientes relacionados con la radiotelevisión valenciana, entre ellos los cargos directivos. El blindaje legal parece que complica las cosas a la hora de cambiarlos, de manera que el PP y Vox han encontrado esta vía temporal para, al menos, contar ya con alguien de su confianza en la toma de decisiones.
La otra enmienda que presentan sobre À Punt también resulta relevante, puesto que limita su presupuesto. Hasta la fecha, la ley marcaba que el dinero que se destinara a la radiotelevisión autonómica nunca podrá ser de un importe inferior al 0,3% ni superior al 0,6% de la cifra global del Presupuesto de la Generalitat.
El Botànic ni siquiera cumplió en origen con esta cantidad en las cuentas y tuvo que ir introduciendo partidas por otras vías para alcanzar ese límite legal, que sólo se superó por primera vez en los presupuestos de 2023. Pero el PP y Vox le dan una vuelta de tuerca y eliminan ese mínimo de dinero, por lo que el 0,3% del Presupuesto de la Generalitat será ahora el máximo que pueda recibir À Punt.
Otro de los puntos de las enmiendas de la radiotelevisión afecta al mandato marco –aquel que establece los objetivos generales y las líneas estratégicas en la prestación del servicio público–. Su aprobación por Les Corts requiere en este momento de los tres quintos del Parlamento autonómico, de manera que es necesario un partido de la oposición. El PP y Vox lo sitúan ahora en la mayoría absoluta, por lo que sólo harán falta sus votos.
En cuanto al resto de enmiendas, también aparecen otras destacadas. Entre ellas, una nueva fecha de extinción de la empresa pública de construcción de colegios de la Generalitat, Ciegsa. Se amplía tres años y se fija para 2026. Lo justifican "en atención a las obligaciones contractuales existentes". Es exactamente la misma fórmula usada por el anterior Ejecutivo del Botànic, que aplazó la extinción hasta tres veces. La última fue para 2023. El PP y Vox la posponen tres años más.
Símbolo de excesos y corruptelas durante etapas anteriores de gobiernos populares, cada aplazamiento –tanto del Botànic como del nuevo Consell del PP y Vox– supone dejar en suspenso el mandato de extinción que existe sobre esta empresa desde 2013 por parte del Gobierno de Alberto Fabra. Mientras llega su final real –si es que lo hace–, seguirá gestionando barracones.
Los partidos de la derecha también han introducido en las enmiendas modificaciones en la ley de Bienestar Animal, algo impulsado por Vox. En el apartado de "nadie podrá maltratar a los animales" realizan un añadido: "Cuando los animales con tareas, actividades específicas o funciones sociales reguladas legalmente estén desarrollando esta actividad, no se considerará maltrato animal la propia actividad social/específica y no se considerarán a estos efectos situación de peligro o molestia, ni pelea entre animales".
En las exclusiones de la norma se refieren a "los animales federados para la práctica deportiva". "Estos se regirán por lo dispuesto en los reglamentos de las federaciones deportivas correspondientes y normativas específicas, que regularán las condiciones para garantizar la protección y bienestar de dichos animales", dicen.
En cuanto a las prohibiciones respecto a los animales de compañía, matizan que, entre otras, será "mantener los animales de compañía atados o enjaulados en instalaciones indebidas desde el punto de vista higiénico-sanitario o inadecuadas para la práctica de los cuidados y la atención necesarios de acuerdo con sus necesidades etológicas, según raza y especie". También "utilizar collares que puedan resultar nocivos para los animales de compañía, excepto si son utilizados por profesionales con la debida justificación o en animales de la especie canina con funciones sociales en el ejercicio de estas siempre de conformidad con los estándares comunitarios de bienestar animal".
Otra enmienda introduce una modificación de la ley del Fondo de Cooperación Municipal para que la participación de las diputaciones en este programa sea voluntaria. Durante la legislatura anterior, la Diputación de Alicante –encabezada por el ahora presidente de la Generalitat, Carlos Mazón– no participó de este fondo, lo que ocasionó varios choques entre esta administración y el Consell del Botànic.
Ahora, la propuesta de PP y Vox supone que este fondo lo mantendrá la Generalitat y las corporaciones provinciales podrán participar voluntariamente. Se crea asimismo una comisión de seguimiento del Fondo de Cooperación Municipal adscrita a la secretaría autonómica que tenga las competencias de administración local en la que participará la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP). Este organismo sustituye a la Comisión de colaboración y coordinación del Fondo de Cooperación Municipal de la Comunitat Valenciana.
