Expertos cuestionan la invitación a empresas vinculadas en contratos 'a dedo' como los de Grezzi

VALÈNCIA. La adjudicación de contratos sin concurso en la concejalía de Contaminación Acústica de València tras consultar a diferentes empresas vinculadas entre ellas será estudiada por organismos como la Agencia Valenciana Antifraude como por la Comisión de Defensa de la Competencia de la Generalitat Valenciana. Lo que está en cuestión, tal como denuncia la oposición, es si esta práctica pudo dar o dio lugar a situaciones colusorias de la competencia, posibilidad que buscan evitar tanto la normativa de contratación como la de competencia.

El departamento, que dirige Giuseppe Grezzi, solicitó presupuesto a tres empresas para seleccionar la mejor oferta, pero dichas compañías comparten administradora. Una casualidad, la convergencia de estas mismas firmas -las tres, radicadas en el mismo polígono de Valladolid- en un proceso de contratación que no se ha dado sólo una vez, sino que ocurrió al menos en cuatro contratos de la concejalía en los últimos dos años. 

El departamento municipal asegura desconocer la vinculación empresarial entre las firmas contactadas para competir y asegura que contactó con estas tres, radicadas en el mismo lugar, porque en ocasiones no existen muchas compañías que puedan prestar un servicio concreto -en este caso, mediciones acústicas y mapas de ruido-. Y defiende que es lícito que concurran firmas relacionadas, como publicó Valencia Plaza este jueves.

Con todo, algunas interpretaciones expertas de la normativa, si no la califican de ilegal, al menos sí ponen en cuestión esta práctica, como el director del Observatorio de Contratación Pública Local de COSITAL -el Consejo General de Secretarios, Interventores y Tesoreros-, José Manuel Martínez, que en un artículo publicado en 2019 en la revista especializada El Consultor de los Ayuntamientos, deja negro sobre blanco su interpretación desfavorable a que se den este tipo de situaciones.

En el artículo realiza un análisis jurídico de las instrucciones de la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación (OIReScon), que exige desde 2019 que las administraciones pidan, al menos, tres presupuestos en los contratos 'a dedo', sin concurso público, para garantizar cierta concurrencia y una mejor gestión del dinero público. Y sobre ello, el también doctor en Derecho subraya que hay que evitar las compañías que guarden vínculos entre ellas.

"Las ofertas han de ser solicitadas a empresas con capacidad y solvencia adecuada para ejecutar el contrato, no estar incursas en prohibición para contratar y no deberían ser empresas vinculadas entre sí", destaca el experto de COSITAL, quien aclara que el objetivo de esto es, precisamente "evitar posibles prácticas colusorias" de la competencia. Finalidad que constituye, al fin y al cabo, uno de los principios inspiradores de la norma. De hecho, trae a colación un desarrollo normativo de Galicia donde se prohíbe esta práctica.

La propia Oficina recogía de manera expresa en sus instrucciones que esta exigencia de tres ofertas diferentes se aplicaba siguiendo "el principio de competencia y como medida antifraude y de lucha contra la corrupción". Y el Ministerio de Hacienda aclaraba más tarde que dicho artículo lo que busca es satisfacer "el principio de competencia".

También Antifraude y las nuevas instrucciones

Bajo este principio, en defensa de la concurrencia real para evitar situaciones de fraude se ha pronunciado también la Agencia Valenciana Antifraude en un caso similar: el Ayuntamiento de València había invitado a profesionales que estaban vinculados profesionalmente. Y sobre ello el organismo que dirige Joan Llinares señaló recientemente que esta actuación "podría haber provocado una situación de concertación de precios y una conducta colusoria del mercado", y en definitiva, "haber comprometido la objetividad y la eficiencia en la asignación de recursos públicos".

No en vano, Antifraude forzó al Ayuntamiento a elaborar instrucciones internas de contratación dirigidas precisamente a evitar este tipo de casos. La Vicesecretaría General del Ayuntamiento remitió estas a los servicios municipales el 18 de noviembre -mismo día de las últimas adjudicaciones en cuestión de la concejalía-, y en ellas se especificaba precisamente un apartado dirigido a evitar ofertas presentadas por, literalmente, "personas o empresas vinculadas".

Asimismo, y en ese sentido, la instrucción ordena que en todos los contratos menores, el Ayuntamiento exija, a las compañías o profesionales a los que se les pida presupuesto, la presentación de una declaración responsable donde dejen claro que "no han presentado ninguna otra oferta" con empresas vinculadas. Con el objetivo, insiste, de que no se dé "ninguna conducta colusoria".

¿Y qué sería una conducta colusoria? Hay que acudir a la Ley de Defensa de la Competencia, que define esta conducta como "todo acuerdo, decisión o recomendación colectiva", pero también toda "práctica concertada o conscientemente paralela" que busque producir o "pueda producir" el efecto de "impedir, restringir o falsear la competencia". El Partido Popular en el Ayuntamiento considera que podría haberse vulnerado este principio, por lo que denunciará no sólo en Antifraude sino también en la Comisión de la Competencia autonómica.

El PP preguntará en la comisión municipal

Por parte del Partido Popular, que dirige María José Català en el Ayuntamiento de València, ya han anunciado que, además de denunciar el caso en ambos organismos, presentará preguntas en la comisión de Ecología Urbana sobre el mismo. Así, la edil popular Julia Climent ha preguntado sobre "el criterio por el que se seleccionan siempre estas tres empresas vinculadas entre sí (con sede en Valladolid) para solicitar presupuestos de contratos menores".

Además, la concejala del PP pregunta en la comisión municipal si "se van a depurar responsabilidades (como ponerlo en conocimiento de la Comisión de Defensa de la Competencia u otras) una vez conocida esta situación" que, subraya, "falsea la competencia conculcando" la mencionada normativa de Defensa de la Competencia.