VALÈNCIA. Fue en 2016 cuando José Luis Pérez Pont asumió la gerencia del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV) tras un concurso abierto impulsado por el Botànic, proceso con el que se daba carpetazo al proyecto artístico de los últimos años, con Felipe Garín a la cabeza. El Centre del Carme se convirtió entonces en centro de cultura contemporánea y buque insignia de la política cultural de las dos últimas legislaturas, un proyecto que ahora cambia de rumbo, no solo con el cese del gerente –que se ha producido este martes- sino por la indefinición del proyecto de la Generalitat para el espacio. Fue el pasado sábado cuando Culturplaza desveló las intenciones de la Vicepresidencia primera y Conselleria de Cultura, liderada por Vicente Barrera (Vox), de poner sobre la mesa el cese de Pérez Pont, como también ha hecho con los tres directores adjuntos del Institut Valencià de Cultura (IVC), una salida que, en este caso, se ha gestionado con mucha más rapidez. Así, el Consejo General del CMCV se reunía este mismo martes para tratar la cuestión, que se ha resuelto en un encuentro telemático de apenas media hora. Poco más tarde las 12.30 del mediodía era aprobado el cese de José Luis Pérez Pont como gerente del Consorci de Museus.
Lo ha hecho con los votos a favor de la práctica totalidad del Consejo, compuesto por los principales responsables políticos de la Comunitat, los alcaldes de València, Castelló y Alicante; los presidentes de las tres diputaciones, el propio conseller Vicente Barrera y la secretaria autonómica de Cultura y Deporte, Paula Añó, quien ha estado presente como vocal en lugar de la directora general de Cultura y Patrimonio, Pilar Tébar. Solo el Consell Valencià de Cultura (CVC) ha votado en contra. Su marcha deja muchas preguntas en al aire por lo que respecta al futuro del proyecto y a la transición en la dirección del organismo. La primera y más evidente, en cualquier caso, es ¿por qué se ha cesado al gerente? “Hemos detectado que hay graves incumplimientos en materia laboral y administrativa. Tenemos los informes de la Sindicatura de Comptes, de auditoría... Detectadas estas graves irregularidades, hemos pensado que se había transgredido la buena fe contractual, es decir, la perdida de confianza y así hemos procedido”, ha expresado Añó tras la reunión en declaraciones a los medios. “Esto no es contra una persona sino contra una gerencia, una administración, que consideramos que es defectuosa”.
