Paula Tuzón. Foto:EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. La ampliación norte del Puerto de València sigue levantando ampollas entre ciertos sectores del Consell. La última batalla enfrenta a la Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural y Transición Ecológica y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) por la afección del proyecto a l'Albufera. "La APV al final es juez y parte en este proceso y esto en cualquier otro escenario de la vida es complicado", lamenta Paula Tuzón, secretaria autonómica de Transición Ecológica.
No solo discrepa sobre el proyecto, sino también sobre el papel que está jugando en todo esto el Ministerio de Transición Ecológica que dirige Teresa Ribera, al que critica por no "pronunciarse con más contundencia" sobre la cuestión. Además, el departamento de Tuzón también se encuentra en la última fase para aprobar el PORN del Turia, que dificultará tanto la implantación del centro comercial Puerto Mediterráneo en Paterna como la construcción de la variante sur de Pedralba. Todo ello, además, teniendo que hacer frente al reto de impulsar las renovables en la Comunitat Valenciana.
-En los últimos días se ha producido un cruce de misivas entre la Conselleria y la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) para pedir la suspensión cautelar de la ampliación del puerto, al menos mientras se revisa el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) de l'Albufera y la afección del proyecto sobre el entorno natural. El Puerto niega cualquier impacto y sigue adelante. ¿Cuál va a ser el siguiente paso de este departamento?
-El proceso es extraño. La APV al final es juez y parte en este proceso y esto en cualquier otro escenario de la vida es complicado. No acabo de entender por qué la APV es quien tiene que decidir si se necesita una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) o no. Debería actuar el Ministerio de Transición Ecológica en el ámbito de sus competencias. Estamos en un proceso de actualización normativa de l'Albufera y existe un acuerdo del Consell del pasado mes de diciembre en el que se dice que no se pueden hacer ni obras ni proyectos que puedan tener una afección al parque natural mientras dure esa actualización normativa. Por tanto, la ampliación en estos términos no se puede hacer.
-Según la APV, el Puerto de València se encuentra a una "distancia suficiente" como para que las obras de la futura terminal norte no afecten al Parque Natural de l'Albufera.
-Eso lo tendrán que demostrar. La consellera Mireia Mollà, cuando les envió una carta, adjuntó un informe que señala las posibles afecciones no únicamente en la línea de costa, sino sobre las especies que viven allí. Nosotros lo que decimos es que van a hacer un proyecto que tiene muchas papeletas para afectar y, por tanto, les pedimos que hagan un informe.
-¿Es esta nueva actualización del PORN de l'Albufera el último cartucho para frenar la ampliación después de que Puertos del Estado avalara la DIA del Puerto de 2007?
-Los procesos de actualización normativa de los parques naturales no se hacen para frenar nada, sino porque la mayoría están desactualizados y nuestros espacios naturales lo requieren. En concreto, este proceso lo iniciamos el año pasado y empezó hace ocho meses, cuando esta discusión sobre DIA sí o no no se había terminado. Igual al Ministerio de Transición Ecológica -dirigido por Teresa Ribera- no le preocupan los valores ambientales de l'Albufera y la afección del puerto sobre ella, pero a nosotros sí.
"La ampliación norte del Puerto es una barbaridad porque es como poner un bloque de cemento sobre la Malvarrosa"
-¿Cree que al Ministerio no le interesa nada la protección de este entorno natural?
No, porque lo está delegando todo en la APV y no tiene un pronunciamiento explícito de nada. Ni siquiera de si la ampliación norte necesita una nueva DIA. Ambientalmente, entendemos que el proyecto es una barbaridad, porque es como poner un bloque de cemento sobre la Malvarrosa para que haya un montón de barcos que no van a repercutir económicamente en València. Que lo hagan en otro sitio. Por eso, estamos aplicando las armas que tenemos, porque estamos preocupados. Si se demuestra que no hay afección, fantástico, pero como mínimo queremos verlo. Hay una inseguridad jurídica brutal.
- ¿Ve dejación de funciones del Ministerio?
-Yo creo que para un proyecto de este tipo, que afecta directamente a una de las joyas naturales no únicamente de nuestro ámbito territorial sino de Europa, deberían hacer pronunciamientos más vehementes como los han hecho para otras cosas. La Comisión Europea, por ejemplo, nos preguntó qué pasaba con la carretera de Pedralba. El Ministerio de Transición Ecológica también. ¿Y esto no?
-¿Han pedido algún encuentro formal con la cartera de Teresa Ribera para abordar esta cuestión?
Sí. Nada más empezar la legislatura, la consellera le envió una carta a la ministra y yo sí que sé que han abordado este tema y han hablado de l'Albufera al margen del puerto y me consta que a la ministra le importa mucho. De hecho, recientemente, para fondos de reconstrucción hemos presentado un paquete integral de medidas para el parque natural y me consta que lo están teniendo en cuenta. Pero hay que gestionar también las contradicciones.
-A la vista de las peticiones realizadas, ¿cree de alguna manera que el Puerto está actuando de espaldas a la ciudad?
-En este caso sí. Estaría bien que la APV pusiera sobre la mesa qué modelo de puerto quiere: si es un puerto adherido a una ciudad o si es una ciudad adherida a un puerto y cuál es la relación que quiere… Es muy importante que en el ámbito del consejo de administración estas cuestiones se discutan íntegramente. Y no únicamente ampliación sí o no, sino también qué puerto queremos. Yo creo que no podemos negar que necesitamos un puerto… Pero hay que ver cómo.
-Otro de los PORN que está en pleno proceso de actualización es el del Turia, que protege los terrenos donde se proyectó el centro comercial de Puerto Mediterráneo. La Comisión de Evaluación Ambiental de Les Corts le dio hace unos meses luz verde. ¿En qué fase se encuentra ahora?
-Ese informe se ha enviado al Consell Jurídic Consultiu (CJC) y a la Abogacía de la Generalitat Valenciana y si son positivos se enviarán al Consell para su aprobación. Nos gustaría cumplir ese trámite antes de verano.
-Los promotores del proyecto presentaron alegaciones esgrimiendo que la zona de Les Moles carecía de valor ambiental y solo se buscaba frenarlo por intereses políticos. ¿Se va a mantener esa zona como protegida?
-Eso es lo que dicen, pero para nosotros es lo contrario. Desgraciadamente, toda la norma ambiental que rige los espacios naturales protegidos está muy desactualizada y estamos ahora en un proceso de revisión y actualización. Es un proceso normal. Al final, lo que hacemos es proteger una zona y justificar por qué se amplía la protección de la zona del parque natural del Turia. Nosotros incluimos Les Moles porque creemos que tiene un valor conector y eso es lo que justificamos.
"Cuando ampliamos ámbitos de protección de parques naturales no regulamos para parar ningún proyecto específico"
-Entonces, ¿el proyecto de Puerto Mediterráneo tal y como está concebido no será viable de aprobarse el PORN del Turia?
-En principio no. Tendrían que plantear un proyecto y ver si es compatible con los valores de conservación del parque natural. Es muy importante resaltar que cuando ampliamos ámbitos de protección de parques naturales no regulamos para parar ningún proyecto específico. Esto no es una contestación a un proyecto, sino un proceso natural para hacer una planificación racional de nuestros recursos naturales.
-¿Y que se cambien las reglas en medio de una tramitación no genera inseguridad jurídica?
-Es cierto que el promotor necesita seguridad jurídica para ver cuál es el camino a seguir. En los años en los que vivimos nos hemos dado cuenta que no podemos vivir de espaldas al medio ambiente y está habiendo una actualización normativa a nivel mundial. Es normal que haya proyectos que se queden a caballo entre la normativa anterior y la actual.
Y, en este punto, creo que es muy importante trabajar el campo de las voluntades. Es decir, entender que no podemos continuar haciendo macroproyectos como en el marco mental de los años 80 y 90 en el que el medioambiente no estaba en el centro. Esto es una percepción que ha ido cambiando y ahora hay proyectos que se van a tener que repensar. Los promotores son conscientes de esto y deben apuntarse a esta transición ecológica. Pero no vamos a dejar de actualizar algo medioambientalmente porque haya un macrocentro comercial en una zona con valor medioambiental.
-Hace un año, el Tribunal Supremo daba el visto bueno al proyecto, rechazando el informe medioambiental desfavorable de la Generalitat y obligando a la Administración a reevaluar el proyecto. No obstante, el PORN del Turia parece que impedirá su desarrollo. ¿Cómo se va a hacer cumplir entonces la resolución del alto tribunal?
-Vamos a consultarlo con los servicios jurídicos cuando tengamos que ejecutar la sentencia, por si llega cuando ya está vigente el nuevo PORN. Nosotros siempre, en base a la legalidad vigente, le diremos al promotor las condiciones que tiene que cumplir.
- El PORN del Túria también ha tenido impacto en Pedralba, en este caso por la construcción de una carretera que depende de la Diputació de València y que tiene como objetivo aliviar el tráfico del interior del término municipal. A pesar de que los terrenos de la carretera quedarían protegidos por el nuevo PORN, Medio Ambiente se vio obligado a ampliar la DIA de 2015 hasta el año 2022, ¿qué puede pasar ahora? ¿Se puede construir la carretera mientras no se apruebe el PORN?
-La carretera de Pedralba tiene una Declaración de Impacto Ambiental (DIA) positiva desde el año 2015, pero fue suspendida cautelarmente mientras se redactaba el PORN porque el marco normativo iba a cambiar y ya no sería válida. El problema es que la aprobación del PORN se ha alargado mucho en el tiempo y las medidas cautelares han caído, lo que ha dado derecho al promotor para volver a poner en marcha el proyecto. Entonces, ellos pidieron la ampliación de la DIA hasta 2022 y nosotros estábamos jurídicamente obligados a dársela porque no tenemos una norma que nos permita rechazarla.
Aun así, yo escribí una carta al presidente de la Diputació de València, que es la promotora del proyecto, diciéndole que yo no podía tumbar la DIA ni paralizar la construcción porque todavía no tengo un nuevo PORN que me ampare. Sin embargo, le envié un nuevo informe con toda la información del nuevo PORN sobre carreteras y la necesidad de presentar alternativas para que la construcción no entre en conflicto con el río.
"No podemos planificar el urbanismo o las infraestructuras como lo hacíamos antes"
- De todos modos, el proyecto está ahora mismo paralizado porque la Plataforma del Paisaje ha presentado un contencioso-administrativo contra la DIA, y la Diputació ha preferido frenar hasta que se resuelva. ¿Tiene miedo a que la DIA se vuelva a declarar como válida antes de que entre en vigor el PORN?
-Miedo no, pero creo que necesitamos ya mismo un nuevo marco normativo porque así nos ahorraríamos todos estos problemas. Aunque insisto, el PORN no es en contra de un proyecto específico, ni el de Pedralba ni el de Paterna. Es simplemente entender que ya no podemos planificar el urbanismo o las infraestructuras como lo hacíamos antes. Si no hay más remedio que tirar la carretera por ahí, lo tendrán que demostrar, pero es importante hacer un estudio de las alternativas. Nos llama la atención que de cuatro proyectos que tenían para esa carretera, tengan que escoger precisamente el que pasa por dentro del Parque Natural.
- Una de las preocupaciones de la Diputació es que ya se han expropiado los terrenos y que consideran que las pérdidas podrían superar los 400.000 euros si no se ejecuta la carretera por ese camino...
-También habría que evaluar si construir ahí puede generar daño económico, más allá del ambiental. Ya hemos visto que destruir el medio ambiente puede tener efectos catastróficos sobre el entorno. A lo mejor es más provechoso hacer las cosas bien desde el principio.
-En los últimos meses se ha avivado el debate sobre las instalaciones fotovoltaicas en la Comunitat Valenciana después del rechazo de algunos municipios a grandes desarrollos. ¿Cuál es el modelo que la Conselleria defiende para la Comunitat?
-Estamos ante una cuestión muy seria, porque vamos a otro escenario climático planetario en el que la especie humana podrá adaptarse o no. Todo esto tiene una piedra angular que es que nuestro sistema de obtención de energía está basado en la emisión de cantidades ingentes de CO2. La energía es todo y cambiar ese proceso es tremendamente complejo. Ahora mismo, nuestra manera de obtener energía depende en un 80% de quemar cosas y hay que llegar a 0. Afortunadamente tenemos tecnologías renovables que nos permiten hacerlo. En el caso de la Comunitat, necesitaríamos generar 6.000 MW de energía fotovoltaica para llegar al Acuerdo de París y los objetivos de la Agenda 2030. Pero ahora mismo estamos generando 300 y tenemos que multiplicar por 16 la energía renovable.
La producción renovable en techos y en superficies urbanizadas es un 25% y eso tenemos exprimirlo al máximo con comunidades energéticas locales, subvenciones para autoconsumo o ayudas desde los ayuntamientos. Pero insisto en que eso es solo el 25% y tenemos que asumir que hay un desarrollo fuera de techo para poder alcanzar los objetivos. Pero hay que hacerlo de forma ordenada. Por eso aprobamos el decreto 14/2020 en agosto del año pasado que dice cómo tienen que ponerse los parques solares que son un poco más grandes. Es una estrategia de doble línea, por una parte la autoconsumida y, por otra parte, regular los parques grandes.
- Esta Conselleria elaboró un mapa orientativo en el que dice dónde se pueden colocar placas fotovoltaicas y dónde no, en función de su impacto ambiental. Les Terres dels Alforins se han reconocido como tierras apropiadas para la instalación de plantas, pero los agricultores de la zona no piensan igual...
-Es importante entender que el mapa solo recoge criterios ambientales. Es decir, si es un paraje protegido, un espacio ambiental... Pero ahí todavía faltan los criterios territoriales, que esos no están mapeados porque sería imposible: distancia a carreteras, pendientes, ordenación del territorio... Y por supuesto, si el suelo es o no de gran rendimiento agrícola, como es el caso de les Terres dels Alforins. Entonces, que un proyecto pase los criterios ambientales no quiere decir automáticamente que se vaya a hacer porque hay un proceso y tiene que pasar un informe vinculante por parte de la Conselleria de Territorio. Por tanto, considero que la ley de implantación de placas solares es muy garantista y que va a ser capaz de dar respuesta a dónde se quiere y se pueden colocar plantas.
"CEDER NUESTRO TERRITORIO PARA QUE LAS GENERACIONES FUTURAS PUEDAN VIVIR EN ESTE PLANETA, ES LO MÁS GENEROSO QUE PODEMOS HACER"
- Dos de estos ayuntamientos en Terres dels Alforins, Moixent y Font de la Figuera, modificaron sus PGOU para evitar la colocación de placas fotovoltaicas. Si todos los ayuntamientos empiezan a blindarse, ¿cómo se hará la transición ecológica de la Comunitat?
-Por eso es tan importante la pedagogía y el acompañamiento. No puede ser que tú de repente bloquees toda la instalación de renovables, aunque también debo decir que no es esa la sensación generalizada en los ayuntamientos. La mayoría de municipios ven en las renovables una oportunidad, quieren apuntarse a la transición ecológica porque creen que será una nueva forma de generar empelo, empleo verde. Y no nos engañemos, la transición ecológica se va a hacer sí o sí, el único debate posible es quién la va a protagonizar. Ahora bien, está claro que los municipios también van a tener oportunidad de decir dónde quieren y dónde no, van a poder excluir zonas porque nos parece lo más razonable y además yo empatizo mucho con eso.
- Hay empresas que ya están sondeando a los propietarios de tierras para cerrar precontratos. ¿Qué pasa si los propietarios llegan a este tipo de acuerdos pero luego no se puede colocar ahí la planta por los motivos que sea, por ejemplo, la oposición del ayuntamiento?
-Por eso es importante, en primer lugar, que haya acuerdo de buena praxis entre promotores y ayuntamientos. Pero para evitar la especulación, desde la Conselleria también aprobamos un decreto que da a los promotores un plazo de seis meses para iniciar el proyecto. Si arrancan los trámites y en seis meses no han empezado a implantarse, pierden los derechos. Así evitamos que tanteen propietarios, firmen acuerdos y luego no vuelvan en quince años. Es importante, eso sí, recordar que la Generalitat solo regula las plantas de menos de 50 MW. De todos modos, lo que quiero decir es que sí que tenemos herramientas suficientes para evitar la especulación.
- ¿Es compatible la transición energética con el cuidado de la biodiversidad y el paisaje?
-Estoy absolutamente segura. Los 6.000 MW con los que empezamos ocupan tan solo el 0,5% del territorio valenciano. Debemos ser capaces de absorberlo porque se puede. Estamos en unos años en los que tenemos que ceder trocitos de nuestro territorio para que las generaciones futuras puedan vivir en este planeta. Es lo más generoso que podemos hacer. Esa cesión es ética, responsable y es lo que nos toca.
-Por tanto, ¿las megaplantas no serán la tónica general en la autonomía valenciana?
-No. El modelo depende mucho del territorio en el que se va a implantar. En territorios que tienen una orografía más complicada, tienes que trabajar en distintas líneas, a lo mejor en plantas más pequeñas. Puede que para nosotros 70 o 100 MW ya sea un megaparque, y luego en sitios más llanos como Extremadura eso no sea nada. Ahora bien, también hay que tener en cuenta que si queremos llegar a 6.000 MW en la Comunitat Valenciana, con plantas de 0,5 no lo vamos a conseguir. Por eso es importante que tengamos también algún proyecto más grande, que nos permita escalar un poco más...
"No puede seguir siendo gratis contaminar"
-Hace un par de meses la Conselleria el borrador de la nueva ley valenciana de Cambio Climático, que incluía una nueva fiscalidad verde. ¿Saldrá pronto adelante? ¿Se cobrará finalmente impuestos por las emisiones de vehículos privados y centros comerciales?
-Se está a la espera de los informes. Es una ley que ha sido muy coparticipada con un texto muy maduro que va a marcar el paso de los próximos años hacia proceso de reconstrucción verde, con una nueva concepción de desarrollo con ciudades amables…Propone la creación de un fondo específico para la transición ecológica que va dirigido a los sectores más vulnerables y que más lo necesiten para hacer esa transición ecológica. Se nutrirá de unos gravámenes finalistas para ese fondo verde. Será una especie de renta climática que existe en algunos países en la que se grava porque haces una actividad que emite mucho CO2, pero lo retornas para hacer la conversión.
Así, habrá tres impuestos: a los coches con nuevas matriculaciones a partir de 2023, aunque no será igual para todos; a las actividades comerciales que generan mucha movilidad; y, por último, a las industrias difusas. Estas últimos son aquellas que no emiten tanto CO2 como la cerámica o cementeras, pero que sí generan contaminación como puede ser el calzado. Hay que hacer un inventario y, en base a la cantidad que emitas, también tendrás un impuesto.
-¿Es el momento ahora de subir impuestos tras el impacto de la pandemia?
-Vivimos unos años muy importantes de reconstrucción y, si somos capaces de orientarlos bien, nos van a ayudar a hacer la transición energética rapidísimo y bien. Lo que es muy importante es entender que no puede seguir siendo gratis contaminar. Y, en estos momentos, es gratis emitir CO2. Alguien escribía que seguramente esta época de reconstrucción será la última oportunidad que tenemos para alcanzar los Acuerdos de París. Y hay que aprovecharla.
