VALÈNCIA. Con el inminente cambio de signo político en la Generalitat Valenciana, tras el acuerdo de gobierno entre PP y Vox alcanzado este martes, el proyecto de Puerto Mediterráneo, que incluye la construcción de un 'macrocentro' comercial en Paterna, vuelve a escena. Sus promotores están interesados en retomar su desarrollo, siempre y cuando superen algunos de los escollos que quedaron pendientes como el recurso que presentaron contra la ampliación del Parque Natural del Turia, más conocido como PORN del Turia, que calificó como terreno protegido el suelo sobre el que se proyectó el espacio de ocio.
El proyecto quedó enterrado por la Generalitat después de que Intu Found Valencia, la joint venture formada por la española Eurofund y el grupo británico Intu, no depositara la garantía de un millón de euros que le exigía la Administración valenciana para seguir adelante con su tramitación. Un montante que era condición necesaria para continuar con el proceso ya que era un requisito que se recogió en el acuerdo que selló la compañía con el Consell en 2013, por el cual se le calificó como Actuación Territorial Estratégica (ATE), figura urbanística que ya no existe. Al no cumplir con el pago, la ATE no llegó a adquirir formalmente eficacia, por lo que el Consell declaró la caducidad del expediente y lo archivó.
No obstante, se podría volver a iniciar la tramitación urbanística sin esa figura de la ATE, que solo permitía agilizar los plazos administrativos. En caso de que se quisieran acelerar, se podría hacer mediante la declaración del proyecto como estratégico, condición que ha recibido, por ejemplo, la gigafactoría de Volkswagen en Sagunt y que ha permitido acortar el proceso burocrático. Aunque también están los cauces tradicionales.
Los principales detractores de esta iniciativa empresarial fueron las formación de Compromís y Podem que hasta ahora ostentaban el gobierno autonómico. "Intu, Go Home", llegó a expresar el subsecretario de la Conselleria de Economía, Natxo Costa. Desde el principio la Conselleria de Economía controlada por Compromís evidenció su oposición al establecimiento de este gran complejo por no encajar con su modelo comercial. Pero ahora su salida de la Generalitat abre una puerta para retomar el proyecto.
Esa es la voluntad de la promotora Eurofund, que es propietaria de la mayor parte del terreno, además de contar con acuerdos con algunos pequeños propietarios de suelo. Los empresarios buscan la complicidad del nuevo ejecutivo autonómico presidido por Carlos Mazón, algo que se prevé más sencillo que con el Botànic, ya que el proyectó se presentó y comenzó su periplo administrativo sin problemas hace una década, en 2013, cuando gobernaba el popular Alberto Fabra, por lo que la vuelta del PPCV da alas a la compañía. En lo que respecta al Ayuntamiento de Paterna, no esperan problemas ya que el socialista Juan Antonio Sagredo, que apoyaba el proyecto, ha renovado mandato con mayoría absoluta.
La firma espera iniciar negociaciones con el nuevo gobierno de Mazón una vez esté configurado. "Esperamos comenzar a negociar con ellos y parar los litigios", aseguraba recientemente el presidente de Eurofund, Ian Sandford, en declaraciones al diario Cinco Días. Preguntados al respecto por este diario, desde la compañía aseguran que por el momento no se ha iniciado ningún contacto, aunque no descartan hacerlo.
Eso sí, el presidente de Eurofund reconoce a Cinco Días que el proyecto se modificará, dado que las preferencias y prioridades de los consumidores han cambiado tras la pandemia, por lo que el espacio comercial podría ser más pequeño, además de adaptarse a las nuevas exigencias de sostenibilidad.
En cualquier caso, antes deberá superar algunos escollos. El principal es si finalmente el suelo queda protegido al amparo del PORN del Turia. Tanto el grupo empresarial como el Ayuntamiento de Paterna, dirigido por el socialista Sagredo, presentaron sendos recursos contra la ampliación de este plan.
Según explicó este martes a Valencia Plaza el propio alcalde ahora en funciones, lo más previsible es que sea este mismo verano cuando el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana se pronuncie sobre esta cuestión. En caso de que se acepten sus alegaciones, el proyecto se podría retomar iniciando, de nuevo, la tramitación. De ser el resultado desfavorable para su causa, Sagredo comenta que sería más complicado porque el suelo quedaría protegido, aunque se podría seguir litigando en instancias superiores como el Supremo.
En concreto, la zona donde se ha proyectado el complejo de ocio, el PORN la califica como zona de interfase, es decir, un área que requiere conservación por su alto valor natural, paisajístico y cultural, aunque compatible con otras actividades como la agricultura, ganadería, usos públicos o forestales. Por tanto, en esta definición difícilmente encajaría el proyecto. Para los empresarios, este plan tiene como fin torpedear el desarrollo porque, a su juicio, esos suelos "carecen de valor ambiental" y su protección "solo puede obedecer a intereses políticos". "No hay nada que preservar", aseguran. Por tanto, lo más previsible es que Eurofund esté esperando a que está cuestión se aclare antes de mover ficha.
Pero, también, para seguir adelante el grupo necesitará de nuevos socios inversores tras la quiebra de Intu en 2020 al no poder hacer frente a una deuda que superaba entonces los 5.000 millones de euros al cambio. En un principio, el grupo español barajó la posibilidad de comprarle a Intu su parte en Puerto Mediterráneo, como hizo con el centro comercial que ambas compañías desarrollaban en Torremolinos, pero finalmente esa opción se ha descartado y la estrategia es encontrar nuevos partners para el desarrollo del complejo comercial en el municipio valenciano.
Fue en 2013 cuando la Generalitat Valenciana, entonces presidida por el popular Alberto Fabra, aceleró la tramitación del proyecto a través de la figura de la Actuación Territorial Estratégica (ATE) al considerar de relevancia esta iniciativa privada por la generación de renta, empleo y la dinamización del tejido productivo que iba a suponer. Este desarrollo fue avalado en 2015, pero con la entrada del Botànic en la Generalitat Valenciana, la situación cambió, principalmente por el manifiesto rechazo de dos de sus socios, Compromís y Podem.
Un año más tarde, en 2016, el Consell emitió la memoria medioambiental desfavorable que tumbó el proyecto. El principal escollo residía en que el complejo no se guardaba una distancia con las carreteras colindantes, CV-25 y CV-31. También pesaron aspectos de contaminación o el hecho de que el espacio a construir fuera la una de las pocas bolsas de suelo del área metropolitana de València.
Los promotores modificaron el proyecto, incluso lo rebautizaron a Intu Mediterrani, para atender las peticiones de la administración y redujeron un 25% su superficie, al pasar de una edificabilidad de 500.000 metros cuadrados en la propuesta anterior a 375.000 metros. Para ello, se comprometió a invertir 860 millones de euros y generar más de 5.000 empleos anuales directos. Pero, pese a los cambios, las críticas continuaron.
El pleito acabó en los tribunales y finalizó cuando el Tribunal Supremo consideró que la memoria medioambiental desfavorable del Gobierno valenciano era insuficiente, obligando a reconsiderar el proyecto. Una victoria judicial que finalmente no sirvió para poder acometer este desarrollo porque el incumplimiento del acuerdo de la ATE hizo decaer la iniciativa empresarial. También, la Generalitat ha recurrido esta cuestión, que está pendiente de resolución judicial.
Tampoco, Intu consiguió la indemnización de 300 millones de euros que reclamaban a la Generalitat Valenciana por daños patrimoniales ante la parálisis. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana rechazó esta compensación al no verla justificada.
Ahora, sus promotores vuelven a la cargo motivados por el cambio de color en la Generalitat Valenciana y por el apoyo que en todo momento les ha mostrado el equipo de Sagredo, que también revalida la alcaldía. Ahora habrá que esperar si ese anhelo se convierte en una realidad en los próximos meses y Puerto Mediterráneo resucita dos años después de que el Botànic lo enterrara.