Reunión del Consejo de Administración de Divalterra presidida por Jorge Rodríguez VALENCIA. La falta de acuerdo político entre PSPV y Compromís mantiene en vilo a más de 700 trabajadores -550 de ellos brigadistas- de la empresa pública Divalterra, dependiente de la Diputación de Valencia. El punto de conflicto se concentra en el cambio de criterio de los socialistas acerca de la sociedad: hasta ahora la fórmula definida para la dirección era la de dos cogerentes, uno nombrado por cada una de las formaciones políticas. No obstante, tras el cese del representante designado por el PSPV, Víctor Sahuquillo, el presidente de la Diputación, Jorge Rodríguez, también socialista, ha querido afrontar un giro que Compromís no está dispuesto a aceptar.
El bloqueo se alarga ya casi dos meses. Cabe recordar que Rodríguez lanzó en mitad de la polémica una serie de ideas que apuntaban al vaciado de la sociedad, empezando por la integración de los brigadistas en el Consorcio de Bomberos o incluso en el área de Medio Ambiente de la corporación provincial. Una opción totalmente estancada, sobre la que también existen reticencias en Compromís, a la espera de que se solucione primero el problema de la dirección.
El conflicto puede resumirse en que Rodríguez no quiere nombrar otro cogerente en Divalterra, sino introducir una figura de consejero delegado que dejaría en manos de un diputado de su confianza. Desde Compromís, por su parte, rechazan esa posibilidad e insisten en "mantener el modelo de cogestión y corresponsabilidad" tal y como se pactó al inicio de la legislatura. Es decir, que el presidente de la Diputación nombre a otro cogerente y punto.
Sin embargo, en las reuniones paralelas que se producen entre las estructuras de partido de PSPV y Compromís sí viene existiendo sintonía. La dirección de los socialistas valencianos ha deslizado que admite la propuesta de nombrar otro cogerente y proseguir con la gestión realizada hasta ahora, si bien la decisión corresponde a Rodríguez. Mientras, en la formación valencianista aseguran tener "paciencia" a la espera de que el presidente dé un paso adelante aunque tampoco quieren esto se confunda con acomodo. "Nosotros ya hemos dicho que el modelo de cogerencia debe seguir dado que ese fue el pacto y no vemos ningún motivo para modificarlo", comentan fuentes próximas a la vicepresidenta de la Diputación, Maria Josep Amigó.
En este sentido, las citadas fuentes subrayaron que los asuntos que no puede sacar adelante la actual única gerente, Agustina Brines, designada por Compromís, se llevan al Consejo de Administración para ser allí resueltos, lo que está provocando que el órgano se reúna con mayor asiduidad para que la empresa no sufra una parálisis pero, admiten, no es "la manera deseada de funcionar". Mientras, los más de 700 trabajadores de la sociedad viven en la incertidumbre sobre los posibles cambios dentro de Divalterra a la espera de que ambas formaciones resuelvan sus diferencias.
