VALÈNCIA. Intu Found Valencia SL, promotor del macrocentro comercial Puerto Mediterráneo, no ha conseguido aportar el millón de euros que le exigía la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad para seguir adelante con el proyecto, según confirman a Valencia Plaza fuentes de la compañía. Esta garantía era necesaria para volver a realizar una evaluación ambiental de la iniciativa y continuar así con la tramitación de la Actuación Territorial Estratégica (ATE). Por tanto, la imposibilidad de los empresarios de cumplir con esta exigencia aboca a la Administración valenciana a suspender la actuación.
Era este martes cuando vencía el último plazo que el departamento que dirige el socialista Arcadi España había dado a la mercantil para aportar esta garantía millonaria o un aval bancario. Un montante que ya advertían los mismos promotores que resultaría difícil de conseguir dada la coyuntura actual y la delicada situación de la sociedad, con uno de sus socios, el grupo británico Intu Properties, en concurso de acreedores.
De hecho, era el segundo aplazamiento que se les concedía. El primero plazo vencía el pasado 5 mayo. Entonces, la mercantil propuso como garantía unos terrenos en lugar del importe económico, pero, según Territorio, el Acuerdo del Consell de 2013 por el que se declaraba la ATE del proyecto no permitía aportar una "garantía hipotecaria", por lo que se les concedió un aplazamiento.
Así, la Conselleria otorgó 15 días más para reunir el millón de euros, pero la empresa solicitó otro mes ante la imposibilidad de cumplir la nueva fecha. "Entendemos que el plazo conferido es extremadamente corto y debería otorgarse una ampliación prudencial del mismo de, al menos, un mes adicional. Y más teniendo en cuenta y considerando la realidad social actual y de crisis económica motivada por la covid, donde a todos los operadores económicos les está resultando complicado el acceso ágil a las garantías financieras de bancos o cajas de ahorro", señalaban los promotores en su escrito enviado a la Conselleria.
No obstante, el Consell les amplió cinco días hábiles más. Un periodo definitivo y decisivo que concluía este pasado martes. Finalmente, Intu no ha conseguido reunir la cantidad. Esto supone la "caducidad" de la ATE por desestimiento, dado que esta garantía era una exigencia para que el Consell emitiera una nueva declaración de impacto ambiental, tras el fallo del Tribunal Supremo que obligaba a la Generalitat a reevaluarlo.
El alto tribunal daba hace meses la razón a la compañía, al considerar que la memoria ambiental desfavorable del Gobierno valenciano era insuficiente. Así, el Supremo inadmitía el recurso de casación que interpuso la Abogacía de la Generalitat contra la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) que ya se posicionaba a favor de Intu.
De esta forma, la decisión judicial del Supremo obligaba a la Generalitat a reevaluar el proyecto al retrotraer el procedimiento a la situación anterior a la resolución que en su día emitió Conselleria, exigiendo así la realización de una nueva evaluación ambiental. Un trámite que solo podía llevarse a cabo si Intu aportaba la garantía de un millón de euros, tal y como se establecía en el Acuerdo del Consell de 2013 que declaraba el proyecto Puerto Mediterráneo como actuación territorial estratégica.
Pero, desde que hace un año Intu entrara en concurso de acreedores, al no poder hacer frente a una deuda superior a los 5.000 millones de euros, el proyecto quedó en el aire. Sus socios españoles, Eurofund Investment, llevan desde entonces intentando reestructurar la sociedad para dar entrada a nuevos partners. Pero la coyuntura actual y el rechazo que Puerto Mediterráneo genera en el seno del Consell han complicado nuevas alianzas para el desarrollo del complejo comercial en el municipio valenciano de Paterna.
Y sin una reestructuración en el accionariado, la sociedad tenía difícil la viabilidad del proyecto que, además, contaba con otros frentes abiertos. El contexto actual de pandemia tampoco ha favorecido que prosperen las negociaciones con nuevos inversores. Muchos operadores están a la espera de mayores certezas sobre la evolución del mercado. Y, en este caso, la inversión no es baladí, dado que, de acuerdo con sus previsiones, asciende a unos 860 millones de euros.
Pero, además, como ha venido contando este diario, Puerto Mediterráneo se enfrentaba a otros obstáculos. Por un lado, el plan del comercio Patsecova, que entrará en vigor el 1 de septiembre, y que impide la creación de grandes establecimientos que "superen los 120.000 metros cuadrados de superficie destinada a uso terciario comercial". Un apartado que prohibiría la implantación en Paterna del macrocentro comercial. Eurofund presentó un recurso contencioso administrativo en el TSJCV contra la norma.
Y, por otro lado, está la ampliación del PORN del Turia (ampliación del Parque Natural del Turia), que califica como terreno protegido el suelo sobre el que se ha proyectado la construcción. También, esta norma ha sido recurrida, al considerar los promotores que esos suelos "carecen de valor ambiental" y su protección "solo puede obedecer a intereses políticos". Sin embargo, como avanzara la secretaria autonómica de Transición Ecológica, Paula Tuzón, en una entrevista con este diario, el PORN del Turia, a la espera de recibir luz verde definitiva, mantiene esos terrenos como protegidos. Por lo que el proyecto, tal y como está planeado, sería inviable.