VALÈNCIA. La convulsa relación entre José Luis Moreno y el Ayuntamiento por la gestión del Teatre El Musical alcanza este viernes su capítulo de 'ajuste de cuentas'. La Junta de Gobierno Local exigirá el reintegro de los "fondos no justificados o justificados indebidamente" por Crystal Forest entre 2013 y 2015, tras una minuciosa investigación fiscal a la que ha tenido acceso Valencia Plaza. El procedimiento, impulsado por la concejalía de Acció Cultural, se deriva de los alarmantes informes de la Sindicatura de Comptes y el fiscal Jefe del Tribunal de Cuentas, por los que el Gobierno local demanda la recuperación de -al menos- medio millón de euros de dinero público.
El conflicto tiene como punto de partida el concepto de relación entre la empresa de Moreno y el Consistorio: una subvención (y, por tanto, sujeta a la Ley 38/2003 de Subvenciones; LGS) y no una gestión indirecta, como podría ser el caso del Espai Rambleta, por ejemplo. La gestión del Musical fue adjudicada en febrero de 2013 a Crystal Forest por presentar la oferta económica más baja. En concreto, de 378.840 euros, un 18 por ciento más económica que el presupuesto de adjudicación. Sin embargo, la presentación de la documentación exigida para beneficiarse del acuerdo fue revisada con la mercantil ya dentro del espacio. Cuando el Ayuntamiento comprobó los datos, pocos meses después, confirmó que no estaba al corriente de pagos ni con la Seguridad Social ni con Hacienda.
En la cronología de los hechos, los pagos se interrumpen en julio de 2013. Cinco meses después de ser otorgada la subvención, cuando Crystal Forest ha recibido apenas 130.500 euros, el Ayuntamiento le exige que regularice su situación para seguir con el contrato. Esta situación, siempre según la investigación realizada durante los últimos meses por el actual Gobierno, ya supondría la primera anomalía en la gestión política del acuerdo: la subvención fue otorgada sin revisarse la documentación, pero, una vez comprobada, ante las negligencias que hubieran descalificado a la empresa de la posibilidad de ser beneficiaria, la Concejalía de Cultura de Mayrén Beneyto decide continuar con la relación y exigir a Moreno que regularice su situación.
La prórroga concedida por el Gobierno comandado por Rita Barberá fue de una temporada entera. El concejal de Contratación del momento, Félix Crespo, lo justificó como "un tiempo prudencial" y Moreno llegó a ofrecer al Ayuntamiento que asumiera y le descontara los impagos con la Administración. Beneyto advirtió al empresario madrileño que esa idea "no era viable", en un lapso en el que la edil del grupo Compromís Consol Castillo, acusó al Consistorio de tener "una diferente vara de medir para sancionar a las empresas afines al Partido Popular respecto al resto de la ciudadanía". En aquel entonces, Compromís ya denunció "un expediente judicial controvertido" relacionado con el grupo político 'popular', imputado en el caso Palma Arena, donante en la lista del extesorero Luis Bárcenas y condenado por vulnerar los derechos laborales de sus trabajadores. Por si fuera poco, en las informaciones de 2014 ya se subrayaba que nada más aterrizar en València, Crystal Forest había contratado al exasesor de Eduardo Zaplana, Felipe del Baño, y a la sobrina de Barberá, Carmen ('Toti') Corbín Barberá.
Desde este abrupto inicio, la fiscalidad se sucede de manera irregular según la Sindicatura y el Tribunal de Cuentas que, según ha podido saber este diario, ya ha desestimado las alegaciones presentadas el pasado 20 de enero de 2017. La mayoría de las mismas contravienen ese 'pecado original': la interpretación del contrato por Crystal Forest no es la de una subvención, mientras que para los órganos auditores no hay lugar a dudas. Y no fue únicamente que no estuviera al corriente de pagos con la Administración, es que, según los citados informes, "la información que aportó no era suficiente", además de acreditar para la solvencia exigida "un ejercicio con pérdidas". Más motivos para la imposibilidad de beneficiar a la empresa de Moreno de una adjudicación ya en marcha.
El 8 de octubre de 2014, a la vez que los técnicos deciden resolver el contrato de manera unilateral y justificada una vez que ha sido consumida toda una temporada de prórroga a la espera de que Crystal Forest se pusiera al corriente de pagos, el Gobierno de Barberá decide "aprobar la continuidad de la empresa hasta el 31 de marzo de 2015". La contradicción entre técnicos y políticos, que mantendría la programación "hasta la puesta en marcha de un nuevo concurso para su gestión", según declaró entonces Beneyto, aprobó la continuidad del servicio "en aras del interés general".
El informe de la Sindicatura es especialmente duro en la enumeración de incumplimientos de partida y en curso: no se aportan las garantías exigidas por la LGS, no se exigen contabilidades debidamente auditadas, para cuando se presentan los justificantes de pago -un año después del plazo establecido-, "la técnico no se pronuncia sobre la conformidad de la documentación presentada" y, pese a todo, la pirueta sirve para que la empresa acabe cobrando los importes que se habían suspendido por incumplimientos tributarios.
Las carencias documentales van más allá: la revisión detallada durante los últimos meses por parte de los técnicos de Acció Cultural encuentran un desfase de 331.672,36 euros entre pagos presentados, justificados y no justificados. Y, con todo, el examen es benévolo, ya que esa distancia entre los 903.667,68 euros de gastos presentados por Crystal Forest y los 635.209,46 euros del conteo final dan por buenas "cantidades que deberían ser presentadas conforme a lo previsto en la LGS". Es decir, gastos que, "entiende Acció Cultural, se pueden considerar justificables". De toda la documentación presentada por la empresa de Moreno, tras la investigación solo justifica conforme a la legalidad 177.734,31 euros.
Para entender esas distancias, que en algunos casos son formales, cabe bajar al detalle. Según el informe interno del Ayuntamiento, las irregularidades son numerosas: los justificantes aportados como gasto a menudo "son fotocopias", "no están compulsados" y hasta se presentan por duplicado. Por ejemplo, el 25 de abril de 2013 se realiza una actuación que se factura dos veces por empresas que, casualmente, tienen el mismo domicilio fiscal. Una actuación, dos facturas: la primera de 432 euros, la segunda de 1.000 euros. Otro caso: el 17 de enero de 2014 se factura el Show homenaje a Michael Jackson -celebrado los días 10, 11 y 12- por un importe de 5.998 euros; su transferencia se realiza el 12 de marzo, pero los mismos justificantes, pago y transferencia, se vuelven a presentar ese mismo mes.
Siempre según la información recabada por Acció Cultural, Crystal Forest no acreditó debidamente el cumplimiento de la cláusula 24 del pliego (contratación de un director, un técnico responsable de la gestión de sala, otro de escenario y otro de mantenimiento). La mayoría de todos los justificantes presentados, conforme se exigen o no, "pertenece a una empresa del mismo grupo y con el mismo domicilio social que el adjudicatario", del que tampoco "se ha presentado justificante alguno de las facturas". El informe detalla justificantes en concepto de Seguridad Social "ilegibles", facturas a nombre de una persona física por 8.553 euros "de la que no consta objeto de la prestación", facturas sin NIF ni nombre del proveedor, con cálculos de IRPF e IVA erróneos...
Además, el incumplimiento según la investigación define que no había una separación contable de costes fijos y variables y "existe una partida que se determina como 'beneficio industrial' que -según la normativa vigente al acuerdo- no debe superar el 5%"; "se ha comprobado que asciende al 13,47%".
El ya citado reintegro de los fondos cifra en 331.672,36 euros el montante que, desestimadas las alegaciones de Crystal Forest, el Ayuntamiento exige de vuelta a la mercantil por su actividad de explotación del Teatre el Musical entre febrero de 2013 y marzo de 2015. A la empresa madrileña y a su avalista, el banco Santander, se le notifica este efecto como "un acuerdo" y "trámite previo a la aprobación definitiva de la liquidación del contrato e indemnización por daños y perjuicios". Ante la impunidad de lo sucedido, según destacan desde la concejalía de Acció Cultural a este diario, "los desperfectos derivados del saqueo, desmantelamiento del edificio y falta de mantenimiento de las instalaciones doblarán casi con toda seguridad la garantía ya depositida".
Esa garantía depositida en el origen del acuerdo por la mercantil de Moreno fue de 75.768 euros y, según el acuerdo de Gobierno que ahora se aprueba, será capitalizada por el erario público. Eso sí, antes se ha de terminar de contabilizar los mencionados daños y perjuicios que, con los ya concretados 331.672,36 euros alcanzarían "como mínimo" el medio millón de euros. Buena parte de los desperfectos subsanados por Acció Cultural entre 2015 y 2016 para poder volver a poner en marcha el TEM, ahora bajo la fórmula de gestión municipalizada, han constado de la compra del material técnico desaparecido, el deteriorado y aspectos estructurales como las reparaciones de goteras por la desprotección de la cubierta del edificio o la reparación del sistema de climatización, sin el servicio de mantenimiento, según la concejalía, durante los dos años de gestión de Crystal Forest.