VALÈNCIA. El gerente de la EMT, Josep Enric García Alemany, cobró un salario por encima de la limitación legal en 2016. Así lo explica la empresa auditora, Ernst&Young, en el informe de auditoría del ejercicio 2017, donde asegura que "la retribución percibida en el ejercicio anterior por el director gerente de la EMT Valencia fue superior al máximo establecido".
Según relatan los auditores de la empresa municipal que dirige el edil Giuseppe Grezzi, en 2015, tras ganar las elecciones, el nuevo gobierno municipal aprobó en el pleno consistorial que el salario tope de coordinadores generales y otros directivos no podía superar los 65.000 euros brutos anuales, excluyendo los trienios. Y en este sentido, durante el ejercicio de 2016, el mencionado gerente habría sobrepasado esta limitación.
La propia EMT sustituyó al gerente de la época del Partido Popular por García Alemany en otoño de 2015. Entonces, la empresa anunció que su salario sería un 20% menor al de su predecesor, fijado en los 90.000. Es decir, poco más de 70.000 euros anuales. Por ello los auditores advirtieron de que se estaban incumpliendo las normas que el propio gobierno municipal se había fijado.
Más tarde, en 2017, el gobierno municipal aprobó el plan de armonización que equiparaba el máximo en las retribuciones de los altos directivos de la EMT al de los concejales delegados del equipo de gobierno. En la práctica, incrementaba la limitación legal para los altos directivos de las empresas municipales y otros organismos dependientes. Aún así, en este sentido, dicen los auditores en 2017, también "existen varios casos" de trabajadores de la compañía municipal que no eran directivos y que sí superaron el tope establecido para los concejales delegados.
Huelga recordar que tras las elecciones del pasado mayo, el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, decidió renovar la confianza en el gerente y hacerle un nuevo contrato para cuatro años con un incremento salarial de 5.000 euros brutos anuales, alcanzando así los 75.000 euros anuales. Esta vez, sí se encontraría dentro de los márgenes normativos según el mencionado plan de armonización. Eso sí, el nuevo contrato, subida salarial incluida, se aprobó a principios del mes de octubre, en pleno terremoto por el fraude de cuatro millones perpetrado contra la empresa municipal de transportes en septiembre.
La estafa consistió en un presunto engaño por parte de los defraudadores a la jefa de Administración, Celia Zafra, para que hiciera hasta ocho transferencias a dos cuentas en China, pagando hasta cuatro millones. En la mayoría del tiempo que duró el fraude, el gerente estuvo en su puesto y no se percató de la salida de dinero desde las cuentas de la mercantil que dirige. Si los pagos se iniciaron el día 3 de septiembre, García Alemany volvió a su puesto el día 9 tras sus vacaciones, y no advirtió la estafa hasta el día 23 del mismo mes, cuando el banco le avisó.
En este sentido, otra auditoría realizada por la misma compañía en 2018 insta a la empresa municipal a mejorar la fiscalización de sus gestores "(incluido el director gerente)". Una de sus consideraciones propuestas para la destitución de un directivo es que la liquidación del presupuesto anual cuente con una desviación de al menos el 5% respecto a la "compensación otorgada para la prestación del servicio público".
Así pues, sólo atendiendo al agujero de cuatro millones que ha dejado la estafa en las cuentas de la empresa municipal, esta desviación sería del 6,1% respecto a los 65,5 millones que aporta el consistorio. En esta línea, en la medida en la que el Consejo de Administración cargue parte de la responsabilidad en García Alemany, podría acogerse a la recomendación de la auditora para su cese.
La medida, que ha sido una exigencia de la oposición desde que se desvelara el fraude y ha ido in crescendo con el paso del tiempo. Sin ir más lejos, Ciudadanos presentó la pasada semana varios motivos para tomar esta determinación. Los populares ya han llevado al Sindic de Greuges el ocultismo con el que la empresa se está manejando en esta situación.
La posible destitución del gerente con el paso del tiempo ha ido acogiéndose con menores reticencias entre las filas del PSPV, socios de Giuseppe Grezzi (Compromís) en el gobierno. La intención de los socialistas es que todo quede reflejado en el informe de conclusiones de la comisión de investigación creada en el seno de la EMT de València, donde se plasmará negro sobre blanco quién tuvo responsabilidades en el desarrollo del fraude. Así, el gerente de la empresa y la responsable de Finanzas, María Rayón, ambos superiores a la empleada involucrada, son susceptibles de ser incluidos en estas conclusiones.
Este martes tendrá lugar en la EMT un Consejo de Administración extraordinario. En él se tendrá que decidir si, tal y como había pedido el PSPV, la empresa municipal da traslado del fraude de cuatro millones al Tribunal de Cuentas, la Sindicatura de Comptes y el Banco de España. Hace un mes el que fuera secretario de la empresa, Salvador Martínez Tarín, ahora dimitido por sus vinculaciones laborales con el cuñado del alcalde, elaboró un informe en el que rechazaba hacerlo por las posibles consecuencias. Tras su dimisión, los socialistas admitieron de que era un 'cortafuegos' para la investigación.
Para determinar si se acudía a estos organismos, el presidente de la EMT, Giuseppe Grezzi, se dio 15 días desde el pasado 30 de octubre. Sin embargo, no ha cumplido sus plazos y ha tardado casi un mes en convocar un Consejo de Administración extraordinario para tal efecto. Además, en él se dará cuenta de la dimisión del secretario -que será sustituido por un habilitado nacional-, y se decidirá qué pasos da la compañía de transportes de la capital en lo referente a la investigación del Tribunal de Cuentas sobre las jubilaciones parciales. Este caso, por contra, sí que ha llegado al órgano fiscalizador.