VALÈNCIA. Como cada año, el Ayuntamiento de València ha aprobado su informe de evaluación normativa. Esto es, el documento donde los técnicos municipales de cada área exponen la regulación municipal del Cap i Casal que requiere de una revisión para determinar si es necesario modificarla o sustituirla por un nuevo texto. Bien porque se han quedado desactualizadas respecto a otras normas que han ido entrando en vigor con el paso del tiempo, bien porque se considera que hay que introducir novedades.
Así pues, son numerosas las ordenanzas y reglamentos que debe examinar el Ayuntamiento de València, a la vista del mencionado informe. Desde el reglamento de desempeño de funcionarios hasta varias ordenanzas de Servicios Sociales, de la Policía Local, de parques y jardines o de limpieza. Incluso la normativa de obras y actividades, pendiente de actualizar, pasando por la norma de mercados de distrito o incluso las propias normas urbanísticas del Plan General. Todas ellas, entre otras, están a la espera de examen según el mencionado informe, aprobado a finales del pasado mes de diciembre.
En materia de urbanismo, el departamento que dirige el edil Juan Giner, tiene previsto iniciar la revisión de las normas urbanísticas de la ciudad, que requieren de una actualización jurídica y ha de ser sustituida por una nueva disposición. Al respecto, el área de Protección Civil ha pedido que se incluyan cambios para facilitar el acceso de los bomberos a los subsuelos, como adelantó Valencia Plaza.
Asimismo, Urbanismo tiene en marcha la modificación de la ordenación pormenorizada de las normas, que salió a consulta previa durante un mes el pasado verano, y que prevé novedades como la regulación del 'cohousing' y el 'coliving', la introducción de cambios para las zonas comerciales así como la adhesión de nuevos usos urbanísticos como el tecnológico o el artesanal. A lo que se suma la nueva regulación de los pisos turísticos en marcha desde que el pasado mes de mayo se aprobara una moratoria de licencias en casi toda la ciudad.
Asimismo, en materia de licencias urbanísticas, el consistorio tiene en trámite la reforma de la ordenanza de obras y actividades. Tras recibir ocho sugerencias en el trámite de consulta pública, el informe señala que está "pendiente de valoración el borrador" de la normativa, que ha sufrido demoras "debido a los continuos cambios normativos producidos el último año".
Por otra parte, Urbanismo considera precisa la actualización jurídica del registro municipal de solares y edificios a rehabilitar, creado para forzar a los dueños de solares baldíos a edificar en ellos, así como la ordenanza de instalaciones de telecomunicaciones, y la ordenanza de zanjas y catas, que afecta fundamentalmente a empresas de suministros y comunidades de propietarios.
En el área de Personal, dirigida por la edil Julia Climent, los trabajos se centran en el reglamento de desmpeño de los funcionarios, la normativa que regula el sistema de carrera horizontal permitiendo una suerte de ascensos de los empleados públicos sin cambiar de plaza. Se busca "mejorar algunos aspectos y carencias detectadas" introduciendo, por ejemplo, equivalencias entre puestos de trabajo. "Se están revisando los términos en mesa de negociación con los sindicatos", señala el informe al respecto.
La concejalía de Seguridad y Movilidad, de la que se encarga Jesús Carbonell, también tiene previstas novedades normativas. Por un lado, tiene pendiente la aprobación de la nueva ordenanza de convivencia y civismo, que regula aspectos como el botellón, la tenencia de mascotas, el ruido en la playa o el deterioro del espacio público. El ejecutivo de Compromís y PSPV no logró aprobarla, por lo que el actual gobierno local espera sacarla adelante y, según el informe, está "pendiente de remisión a la Junta de Gobierno Local" para su aprobación.
A ello se suman otras regulaciones en tramitación como el nuevo reglamento interno para el uso de drones por parte de la Policía Local, que está a la espera de publicación en los boletines oficiales, o la propia ordenanza que regirá la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que previsiblemente entrará en vigor este año y supondrá el veto a los primeros coches contaminantes en diciembre. Otras normas, como el reglamento de la Policía Local o la ordenanza de protección contra incendios también se marcan como pendientes de revisar, y en este último caso se fija un período de dos años para emitir un informe.
En materia de Servicios Sociales, la concejalía encargada, que dirige la edil Marta Torrado, está trabajando en el estudio de una nueva ordenanza que regule el servicio de promoción a la autonomía, y cuyo contenido está actualmente en elaboración. Pero además, el departamento considera necesario revisar tanto la ordenanza como el reglamento que rigen el servicio de comida a domicilio, así como la norma del servicio de teleasistencia, la de prestaciones económicas individualizadas y el reglamento de régimen interno de los centros de día.
Asimismo, en materia de limpieza, el departamento que encabeza Carlos Mundina, ya está tramitando el nuevo texto normativo del Plan local de residuos, que pese a estar previsto desde 2022, sigue en fase de redacción. Y también cabe reevaluar, en esta área, la ordenanza de limpieza urbana, en cuanto al ruido, la ordenanza de protección contra la contaminación acústica, cuya última reforma data del año 2023.
La concejalía de Parques y Jardines, gestionada por el concejal Juanma Badenas, tiene dos nuevas normas en estudio: la ordenanza de apicultura urbana y las directrices técnicas para los proyectos de jardines y arbolado viario. En ambos casos, el borrador normativo está en revisión, según el informe de evaluación normativa, que recoge además dos ordenanzas a revisar: la norma de huertos urbanos, que requiere de una actualización jurídica, y la ordenanza de parques y jardines.
