VALÈNCIA. El aumento progresivo de los pisos turísticos que vive la ciudad de València desde hace varios años no parece haber sufrido ante las obligaciones puestas por la Generalitat Valenciana como las restricciones parciales aprobadas por el Ayuntamiento del Cap i Casal. La proliferación de apartamentos turísticos ilegales, abonada por la escurridiza y flexible naturaleza del uso turístico de una vivienda y la falta de inspectores suficientes se suma a la ya notable presencia legal de la actividad a lo largo y ancho de la ciudad. Un panorama ante el cual el consistorio, que dirige María José Catalá, asegura que estudia nuevas medidas mientras la oposición (Compromís y PSPV) exige una rápida reacción, especialmente después del veto anunciado esta semana por el Ayuntamiento de Madrid, también dirigido por los populares.
Primero, los datos. El estudio de las viviendas turísticas es complejo, pues el desfase entre los apartamentos reglados y los que se anuncian en las plataformas digitales es importante. Concretamente, en la capital del Túria hay casi 5.800 viviendas turísticas registradas en la base de datos de la Generalitat Valenciana. Para poder operar, los propietarios han de darse de alta en este registro autonómico. Sin embargo, los datos ofrecidos por el Ayuntamiento en base a los anuncios publicados en plataformas cifran en casi 10.300 los apartamentos turísticos en funcionamiento.
La escalada de ofertas en internet es constatable. En el último año, según los datos de Visit Valencia, dependiente del Ayuntamiento, la ciudad ha sumado más de 2.800 pisos turísticos ofertados en las plataformas digitales, lo que supone un 38% más desde hace 12 meses y el pico histórico en este momento del año (febrero, temporada baja), que ya supera la situación que vivía la ciudad justo antes de la pandemia, con más de 8.800 apartamentos turísticos en funcionamiento.
Las zonas con mayor presencia son el centro histórico y la fachada marítima, como expuso con planos este diario. Precisamente, donde más viviendas vacías y residencias ocasionales hay. Una progresiva turistificación del parque de vivienda que, según la cátedra Observatorio de la Vivienda de la UPV, es uno de los motivos de los incrementos del precio del alquiler junto a la aprobación de la Ley de Vivienda.
València no es la única gran ciudad que ha experimentado este crecimiento. El Ayuntamiento de Barcelona, con Ada Colau al frente, aprobó ya en 2017 un plan especial que imponía cuotas máximas a los pisos turísticos según la zona de la ciudad. El Ayuntamiento de Madrid, encabezado por José Luis Martínez-Almeida, ha anunciado esta misma semana no sólo el endurecimiento de las sanciones sino también una moratoria que suspende temporalmente las licencias hasta que se apruebe la modificación de su Plan General, actualmente en trámite.
La decisión del gobierno local de Madrid ha puesto el foco en la reacción del Ayuntamiento de València, dirigidos ambos por el Partido Popular. En ese sentido, Catalá ya ha abierto la puerta a nuevas restricciones a las viviendas de uso turístico: "No descarto nada, porque no quiero que proliferen los apartamentos turísticos ilegales, queremos un crecimiento controlado y un turismo de calidad", aseveró tras conocer la respuesta del consistorio madrileño. Su idea, aunque hay varias sobre la mesa, según fuentes municipales, es modificar el Plan General de València, para poner mayor coto a dónde pueden ubicarse.
Actualmente, para que sean legales los pisos turísticos, han de contar con la compatibilidad urbanística municipal. Y en ese sentido, el Plan General de Valencia permite este uso en las plantas inferiores a los usos residenciales (en muchos casos, plantas bajas o primera planta), además de los bloques completos dedicados a viviendas turísticas. Así pues, una de las posibilidades que estudia el gabinete de Catalá es cambiar el Plan para acotar más estas condiciones de ubicación.
El anterior mandato, con Joan Ribó (Compromís) de alcalde y la socialista Sandra Gómez al frente de la concejalía de Urbanismo, el gobierno local trabajaba en una ordenanza para regular los pisos turísticos pero no consiguió sacarla adelante. Como adelantó Valencia Plaza, en ella se quería obligar a las plataformas de pisos turísticos y los propietarios a dar cierta información sobre su actividad a la administración para asegurar el control de la legalidad. El texto quedó sobre la mesa, y el nuevo ejecutivo trabaja sobre él, pero todavía no ha explicado en qué sentido. También Compromís, que ostentaba la concejalía de Vivienda en el ejecutivo anterior, anunció un veto general a los bloques completos de apartamentos turísticos, que los socialistas frenaron por "dudas jurídicas".
Con todo, el ejecutivo de izquierdas aprobó una regulación especial para dos zonas turísticas: el barrio del Cabanyal y Ciutat Vella, dada su marcada turistificación. La primera con mayor suerte que la segunda. Así, en el barrio marítimo se impuso una restricción al 10% por manzana. Y en Ciutat Vella, además de declarar la mayor parte del barrio de "prioridad residencial" -un veto general a nuevos usos hoteleros y viviendas turísticas profesionales excepto en edificios palaciegos-, se creó un tipo de vivienda turística, llamada 'ocasional', que restringía su alquiler a 60 días en todo el año y necesitaba del visto bueno de la Comunidad de Propietarios. Pero el TSJ acabó tumbando este último tipo de piso turístico.
En ese sentido, fuentes municipales aseguran que el gobierno local no quiere "caer en el error del anterior equipo de gobierno, al que el TSJ tumbó uno de sus planes". Además, critican que el ejecutivo de Compromís y PSPV "no dejó nada encima de la mesa, tan sólo una normativa chapucera que tumbó la justicia. Con todo, y en esto convienen en los diferentes grupos municipales, más allá de las restricciones que se pongan, la proliferación de apartamentos turísticos que no cumplen con las normas urbanísticas ni están en el registro demuestra que se requiere de mucha más inspección.
El Ayuntamiento, por el momento, ha creado cuatro grupos de inspectores en el área de Urbanismo y Licencias, "que antes no existían", detallan. Además, se están realizando cursos a la Policía Local sobre la normativa actual. Según el ejecutivo local, las inspeccione "han crecido un 120 % respecto a cuando ellos gobernaban". La Policía Local de València ha interpuesto 156 denuncias a apartamentos ilegales en el primer primer trimestre del año, más del doble de las que se pusieron durante todo el año 2022 (73), mientras que en 2023 fueron 84.
Este viernes, sin ir más lejos, Compromís propuso un plan para restringir "de forma drástica" los apartamentos turísticos en la ciudad y contabilizó en 6.000 pisos turísticos los irregulares. Así, la portavoz Papi Robles expuso un plan que será debatido en el pleno municipal y que contempla una ordenanza con moratorias de licencias mientras València esté catalogada como ciudad tensionada por la Ley de la Vivienda y que se establezca un régimen sancionador para los apartamentos turísticos irregulares. Para detectarlos, plantea que se cree un registro municipal obligatorio. E insta al gobierno local a modificar el Plan General para establecer edificios libres de apartamentos turísticos y un máximo de un 5% de apartamentos turísticos por manzana de edificios.
Otra de las medidas que incluye es instar a la Generalitat a gravar, con una tasa progresiva, las viviendas de uso turístico. "Quien más tiene, que más pague por ellas", dijo Robles, quien aclaró que se trataría de un impuesto estándar para las tres primeras viviendas de un propietario, que aumente en un 50% para las 3 siguientes, y que aumente un 100% para las tres siguientes, y así progresivamente. El objetivo, dijo Robles, es conseguir "que ser poseedor de un gran número de viviendas turísticas no resulte rentable para el propietario y apueste por sacar estas viviendas a alquiler residencial o venta. Así de sencillo".
La pasada semana, el concejal del PSPV Borja Sanjuán, pidió al gobierno municipal que modifique el Plan General para "limitar la proliferación" de los apartamentos turísticos en los bajos comerciales de la ciudad, cuyo alquiler "es ya el doble por el impacto que están teniendo los apartamentos turísticos en toda la ciudad". Y este viernes, reiteró la exigencia de que el ejecutivo local aplique "ya" una moratoria que "dejó preparada" el anterior ejecutivo y establecer nuevas restricciones como "un límite de 20 plazas turísticas por cada 100 habitantes en cada barrio". Así, afeó que Compromís haga una "propuesta de empezar de cero cuando ya hay un documento redactado por el servicio de Planeamiento y dispuesto para tramitar".
