VALÈNCIA. El recurso administrativo, la herramienta que tienen las empresas y otros organismos para defender sus derechos y, en ocasiones, modificar el curso de una licitación pública, se convierte al mismo tiempo en un dolor de cabeza para la administración. Bien lo saben en el Ayuntamiento de València, donde grandes contratas han permanecido paralizadas meses o algún año con motivo de recursos cruzados ante el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales, organismo que depende del Ministerio de Hacienda.
Hoy por hoy, el mencionado Tribunal mantiene bloqueados varios concursos municipales que suponen cerca de 46 millones de euros para el Ayuntamiento después de recibir sendos recursos contra los procedimientos contractuales. Actualmente son cinco los casos pendientes de resolver, y tres de ellos podrían considerarse grandes contratas o proyectos de especial relevancia para la ciudad de València, como son la gestión del servicio de la ORA, las obras de remodelación de la céntrica Plaza de la Reina o las obras de rehabilitación del Palau de la Música después de que sufriera un desprendimiento en 2019.
ORA: 34 millones parados
El de mayor calado en términos económicos es el del control del estacionamiento regulado (ORA). En este caso, el Ayuntamiento de València consiguió dar casi todos los pasos del proceso de contratación: sacar el concurso, recibir las ofertas y valorarlas, elegir la mejor puntuada -la de Estacionamientos y Servicios SL- y adjudicarla para los próximos cinco años sin prórrogas. Fue entonces cuando una de las empresas competidoras de la ganadora presentó un recurso contra la adjudicación ante el Tribunal, que como es habitual, suspendió el proceso hasta dirimir si la recurrente tiene razón o no en sus argumentos.
Se paraliza así un contrato que se había adjudicado por 34 millones de euros y cuya historia también dista de la normalidad, pues la empresa que gestiona el servicio actualmente, Dornier, lo lleva haciendo durante siete años sin que se hubiera convocado el correspondiente concurso. Dicho contrato venció en 2013 y el Ayuntamiento inició las actuaciones necesarias para licitarlo de nuevo. La entrada del nuevo gobierno en 2015 cambió este destino, al considerar el nuevo edil de Movilidad, Giuseppe Grezzi, que era necesario replantear el pliego para evitar ampliar la zona azul. Pero hasta el momento, Dornier ha estado cobrando religiosamente de media unos 385.000 euros mensuales, más de 30 millones al acabar 2019, que sigue cobrando hasta que se adjudique definitivamente el concurso paralizado.
Plaza de la Reina: 11 millones en el aire
El caso de la reforma de la Plaza de la Reina también es paradigmático: ha sido paralizada en dos ocasiones. La última, a finales de noviembre, también después de que fuera adjudicada, en esta ocasión a la UTE Edifesa-Collosa por 10,7 millones de euros. Otra unión temporal de empresas concurrente a la licitación, Orthem-Guerola, presentó un recurso especial contra el último paso del proceso y el Tribunal paralizó automáticamente la adjudicación hasta nueva orden. Pero como se ha dicho, no se trata del único obstáculo que ha encontrado esta licitación. El Tribunal ya tumbó dos recursos presentados en estadios anteriores del proceso, uno por la misma recurrente que ahora -Orthem-Guerola- y otro suscrito por Bertolín.
Este contrato es sólo para la ejecución de las obras. De él depende también otro relativo al servicio de dirección de obra y coordinación de seguridad y salud durante las actuaciones, que ya se ha adjudicado por 311.000 euros al despacho del arquitecto Tomás Llavador y la empresa Oficina Técnica TES SL, y que no se ha paralizado. Ahora bien, al estar directamente relacionado con la reforma de la plaza, también permanece sin poder ejecutarse hasta que el Tribunal no resuelva la disputa de la gran contrata.
Palau de la Música: 244.000 euros y obras con retraso
Paralizadas y sin plazo todavía se encuentra el inicio de las obras de reparación del Palau de la Música después de que a mediados de 2019 se desprendiera parte del techo de la sala Joaquín Rodrigo. La reparación aún no tiene ni proyecto. Su redacción ya se había adjudicado el pasado mes de septiembre a Santatecla Arquitectos, pero otra aspirante, la UTE Paredes Pedrosa-Valnuacabó llevando al Tribunal de Recursos la adjudicación, que asciende a 244.000 euros, por “arbitrariedades”, “incumplimientos del contrato” y “nuevos elementos de valoración no contemplados en el pliego de condiciones", como publicó Culturplaza.
Cabe recordar que esta adjudicación es tan solo la primera fase de la recuperación del Palau de la Música. Cuando el proyecto se redacte, tendrá que salir otro concurso para elegir quién llevará a cabo las obras, que se esperaban sobre finales de 2021 o principios de 2022, pero que, con todos los obstáculos a los que se está enfrentando el proceso, será difícil ver terminadas antes de 2023. La adjudicación que aún se está poniendo ahora en duda debería haber estado resuelto el pasado mes de marzo, según los cálculos iniciales.
Otras contratas
Más allá de estos tres casos paradigmáticos, hay otras dos licitaciones que tampoco pueden avanzar al estar a la espera de que el Tribunal de Recursos Administrativos tome una decisión. Es el caso de la compra de dos vehículos bomba para el departamento de Bomberos, Prevención y Protección Civil, cuyo presupuesto base alcanza los 630.000 euros aproximadamente. Una compañía de las que se presentaba al concurso fue excluida por enviar una oferta económica "anormalmente baja", como ocurre en muchos otros concursos.
Pero la empresa disiente con los técnicos de la administración en esta conclusión y recurrió. A finales de diciembre el Tribunal ordenó paralizar temporalmente el concurso hasta que se resuelva la disputa. Algo similar a lo ocurrido con otro concurso público del consistorio para hacerse con los servicios de producción artística y técnica del Igualmentfest, dependiente de la concejalía de Igualdad, y cuyo importe llega casi a los 40.000 euros.
De esta manera, el Ayuntamiento de València sigue sin poder ejecutar 46 millones de euros presupuestados, buena parte de los cuales pertenecen a contratos de un valor nada desdeñable como el de la ORA o el de la Plaza de la Reina, que el consistorio, mientras, tampoco puede destinar a otros fines.
El concurso 'maldito' del alumbrado
Uno de los concursos que más tiempo ha estado sin resolver por litigios en el Tribunal Administrativo de Recursos Contractuales ha sido el del mantenimiento del alumbrado de la ciudad de València, tal como ha estado publicando este diario. Se trata de una de las contratas importantes del consistorio, de 18 millones de euros, y se licitó en la primavera de 2019.
Las empresas energéticas recurrieron defendiendo que no fuera obligatoria la subrogación de los trabajadores, una cláusula que quería introducir el Ayuntamiento. El mencionado Tribunal dio la razón al sector y el Ayuntamiento tuvo que modificar los pliegos e iniciar un nuevo procedimiento de contratación. En este segundo proceso fueron los sindicatos los que recurrieron alegando que la Ley valenciana para el Fomento de la Responsabilidad Social se dice que las administraciones públicas incluirán cláusulas para obligar a la contrata a subrogar al personal.
De nada sirvió porque el Tribunal avaló el primer fallo y fue entonces cuando el consistorio pudo seguir adelante con el procedimiento. Así pues, tras la valoración de las diferentes ofertas, Etralux e Imesapiprevisiblemente serán las adjudicatarias, según se conoció ya a finales de 2020 tras más de año y medio de retraso por las disputas.
Proyecto para la Plaza de la Reina. Foto
