¿Quién ha hecho qué del Pacto del Botánico?

VALENCIA. El Consell celebró en Morella hace dos semanas una retiro de fin de semana con varias reuniones y seminarios que culminaron en una serie de puntos a desarrollar en los próximos seis meses. Esa nueva hoja de ruta supone una actualización del Pacto del Botánico, acuerdo firmado por PSPV, Podemos y Compromís y que sus líderes ven, a grandes rasgos, completados.

En estos siete meses de gobierno, desde que se firmara el acuerdo se han elaborado una serie de medidas para cumplir sus objetivos. Para justificar esta nueva agenda y poner un tick verde a la lista de prioridades del Consell, Compromís ha publicado seguimiento del pacto en el que marca qué objetivos se han cumplido, cuáles están en proceso y cuáles quedan pendientes. Cabe recordar que Podemos, que no forma parte del Ejecutivo pero sí es firmante del Pacto, ha sido de los principales impulsores en medidas de transparencia y regeneración democrática y en cuestiones relativas a RTVV, como el informe de expertos universitarios.

Ahora bien, ¿quién se ha hecho cargo de cada cambio? ¿cuáles son las cuestiones que se han quedado en el tintero del Botánico? 

El Acuerdo se divide en cinco bloques que engloban las prioridades del Consell: "rescatar personas", "regeneración democrática y lucha contra la corrupción", "gobernar para las personas", "nuevo modelo productivo" y "financiamiento justo y auditoría ciudadana". De ellos, el primero es en el que más medidas se han cumplido (seis aprobadas y una en proceso) mientras que "gobernar para las personas" (dos aprobadas, dos pendientes y diez en proceso) y "nuevo modelo productivo" (cuatro aprobadas, dos pendientes y seis en proceso) son las que aún  tienen camino pendiente.

Rescatar a las personas

El apartado de medidas contra los desahucios en una cuestión que todavía no se ha desarrollado del todo, aunque el Ejecutivo ya ha comenzado a trabajar. A cargo de la consellería de Vivienda que dirige Maria José Salvador (PSPV), el Consell se reunió en octubre con 11 entidades para paralizar los desahucios. Recientemente, ha impulsado una medida para primar a las entidades financieras que se comprometan a no desahuciar a las personas en la licitación del nuevo contrato de los servicios de operaciones de créditos y servicios financieros de la Generalitat y su sector público.

Otra medida a cargo de la consellería de Salvador, que ya se ha marcado como cumplida, es la lucha contra la pobreza energética. Se destinó a este problema 5'9 millones y la socialista anunció que se iría incrementando la partida. Ya se han adherido a este plan cerca de 30 municipios y se prevé que lo hagan 12.000 familias.

Respecto a la renta garantizada a la ciudadanía, un mes después de la llegada al gobierno, la consellería que dirige Mónica Oltra incrementó la partida 1'5 millones. En cuanto a la pobreza infantil (incidiendo en comedores y libros de texto) dos de las consellerías de comrpomís (Igualdad, con Oltra a la cabeza y Educación, dirigida por Vicent Marzà) también se han marcado como cumplido el objetivo. Las becas de comedor se han ampliado tanto en el periodo como en el importe que destinará la Generalitat (de 46'6 a 82 millones de euros). Por otro lado, ya se ha puesto en marcha el plan Xarxa Llibres, entre Generalitat y diputaciones.

La consellería de la vicepresidenta del Ejecutivo también se anota otros dos tantos, en materia de violencia de género y dependencia. El Consell ya se ha puesto al día con los pagos en dependencia y ha impulsado campañas contra la violencia de género -"no me toques el Whatsapp"- así como se ha ido personando en las causas por asesinato de mujeres a manos de sus parejas. Además, en la reunión en Morella el Consell fijó como prioridad la violencia de género. Oltra afirmó que la lucha contra la violencia contra las mujeres será abordada mediante la interacción de las consejerías de Sanidad, Educación y su propio departamento.

Regeneración democrática y medidas anticorrupción

El bloque de transparencia y anticorrupción, pese a ser uno de los que primero empezara a funcionar, con anuncios como el de la Agencia Antifraude, aún no ha concluido su tarea por completo. Parece que en las tareas que aúnan a varios departamentos y a ambos partidos se ralentiza el proceso.

La consellería de Transparencia, que dirige Manuel Alcaraz (Compromís) tenía por delante una dura tarea al margen de la creación desde cero de una nueva cartera. La consellería de Alcaraz ha puesto en marcha una nueva Ley de Transparencia, el código de buen gobierno y el portal de transparencia, entre otros asuntos. Si bien resulta delicada la tarea de crear la Agencia Antifraude, por los solapamientos con otros organismos como la Sindicatura de Comptes y cabe recordar que la consellería coordina su acción con otras como la de Justicia.

La ley de Participación Institucional y la Ley para la protección del denunciante de prácticas corruptas se ponen ya el tick verde, puesto que ya se han desarrollado.

Siguiendo con las cuestiones en despegue, la reducción de gastos superfluos engloba varios ámbitos y administraciones. La Diputación de Valencia redujo en un 60% el sueldo de su presidente, Jorge Rodríguez (PSOE) y el alcalde Joan Ribó (Compromís) vendió los coches oficiales del ayuntamiento, aunque los salarios de Egevasa o la Institución Alfons el Magnànim (también de diputación) están en cuestionamiento, por ser mayores que el del president. Por otro lado, en materia de reducción de altos cargos también hay debate. El presidente socialista Ximo Puig redujo el personal eventual de 182 a 163, pero los altos cargos aumentan de 90 a 93. 

En cuanto a reforzar el papel de los ayuntamientos (para "acercar la gestión a los ciudadanos") que recae en su mayor parte sobre la conselleria de Hacienda y Modelo Económico, que lidera Vicent Soler (PSPV) se haya en proceso, aunque no con muchos avances. La Federación Valenciana de Municipios ha mantenido reuniones con la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos, a cargo de Compromís por la teoría del mestizaje del Consell, pero no ha avanzado más en materia de coordinación de administraciones locales.

Gobernar para las personas

La reestructuración de la deuda pasa por una mejor financiación, cuestión que el Consell ha reivindicado una y otra vez ante el Gobierno de España, con amenazas a los tribunales incluidas. La otra vía del Ejecutivo autonómico para solucionar este problema es que se reconozca la "deuda indebida", aquella producida por la infrafinanciación, que se cifra en 17.000 millones y también debe ser negociada con el Estado. El president y la consellera de Justicia, Gabriela Bravo, trabajan estas cuestiones, pero sin un cambio de actitud por parte del Gobierno central, este punto del acuerdo quedará inconcluso. Por el momento, el ministro de Hacienda autorizó el pago del Fondo de Liquidez Autonómica; 1.536 millones que tendrán que ser devueltos 

La Auditoria de las concesiones sanitarias también está pendiente y el Consell ha aprobado el plan de controles para 2016. Para ello, pidió informes específicos a la Intervención de la Generalitat entre los que se encuentran las liquidaciones anuales emitidas como consecuencia de la ejecución de los contratos de "Gestión de servicio público mediante concesión de la asistencia sanitaria integral"entre los ejercicios 2003 a 2012. 

Carmen Montón, consellera de Sanidad, apunta otro objetivo para el PSPV, aunque con reticencias del Ejecutivo central. La Consellera anunció en verano la devolución del derecho de asistencia sanitaria a los inmigrantes 'sin papeles' y el Tribunal Constitucional anunció en noviembre la suspensión cautelar de la medida. Desde el Consell se dio la orden a los centros sanitarios de mantener la asistencia mientras se estudia la medida legal.

La materia de frenar los recortes también es difícil de calibrar, puesto que afecta a múltiples departamentos. De igual modo que en el caso de priorizar el gasto en servicios sociales, las partidas para Sanidad y Educación aglutinan el 60% del presupuesto para 2016, cerca de 10.204 millones entre ambas.  Además, la conselleria de Montón concentrará 1.035,56 millones del FLA para efectuar pago. Respecto a vivienda social (competencia de Salvador) la partida aumentó a 41'1 millones de euros, más del doble respecto al año anterior. 

En este bloque, a la conselleria de Marzà aún le quedan deberes por concluir. La Ley valenciana de Educación aún no se ha comenzado y la reducción del ratio en las etapas educativas y la paralización de la LOMCE aún están en marcha. La promoción del valenciano en las instituciones también está a medio camino. Los líderes del Consell utilizan el valenciano en la mayoría de sus intervenciones y de textos y lo reivindican continuamente. Por el contrario, el departamento de Oltra suma casi otro punto: la ley de Transexualidad estará lista a mitad de 2016 y la Dirección General de Igualdad en la Diversidad prepara una batería de medidas para el presente año. 

Nuevo modelo productivo

Este es uno de los apartados con menos acciones concluidas, lo cual ha sido muy criticado por la oposición, sobre todo en materia de empleo. Las cuestiones económicas, con Vicent Soler y Rafael Climent como principales impulsores aún permanecen con un desarrollo tórpido. Cabe destacar, que cambiar el modelo económico y productivo de una región no es tarea fácil ni ofrece resultados tempranos.

El Consell ha dado los primeros pasos en reindustrialización de los territorios (17 millones de inversión y estudio de las zonas), reversión de zonas recalificadas para impulsar la huerta valenciana, reuniones de trabajo para un turismo sostenible -con el socialista Francesc Colomer como principal impulsor-,  en la elaboración de una nueva ley de Comercio, y el Plan Renove, con ayudas a la eficiencia energética.

En las acciones concluidas, destaca la refundación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) que "hará de banco público". Su director, Manuel Illueca -que elaboró la parte económica del programa del PSPV-, ya tiene definida la estructura de su operativa como banco público para financiar proyectos estratégicos para la Generalitat. Además, ha firmado un acuerdo con la patronal de constructoras de obra pública Fecoval para crear un fondo privado destinado a financiar infraestructuras.

En materia de infraestructuras, y con especial atención al Corredor Mediterráneo, se marca como cumplida su reivindicación. Puig, la asociación Ferrmed, la asociación Pro-Ave y los alcaldes de Valencia, Castellón, Elche y Alicante se han unido para ser contundentes con este proyecto que en los Presupuestos Generales del Estado para 2016 se ha vuelto a posponer. 

Respecto a la reforma del Estatut, les Corts ya han constituido la comisión especial de Estudio de la reforma, con la diputada socialista Ana Barceló como presidenta y al parlamentario de Compromís, Jordi Juan, como vicepresidente. Otro punto marcado con un tick verde es la articulación del Sistema Valenciano de Innovación. El Consell autorizó el pasado mes un convenio entre el (IVACE) y doce institutos tecnológicos de la Comunitat Valenciana, por los que se destinarán 13,53 millones a actividades de mejora de la competitividad empresarial.

Financiación justa y auditoria ciudadana

La financiación justa ha sido uno de los lemas más repetidos por los partidos que sustentan al Gobierno valenciano desde la campaña electoral el pasado mes de mayo. Desde presidencia, vicepresidencia y los líderes de los tres partidos se han sucedido reivindicaciones a las que se han sumado sectores sociales y la oposición, amenazas de los tribunales, propuestas suscritas por unanimidad en les Corts... todas ellas en la misma dirección: reclamar otro sistema de financiación autonómica que tenga en cuenta el peso y las necesidades de la Comunitat.

En este bloque quedan pues dos cuestiones pendientes: la Agencia tributaria propia, que ha suscitado reticencias desde la oposición, aunque el conseller Soler aseguró haber puesto en marcha "el embrión" y la auditoría ciudadana que, de momento, se halla en los tribunales. La Generalitat se ha personado en casos de corrupción como Valmor, Vaersa, Gürtel, Aido o Emarsa para recuperar 100 millones de euros y ya ha recuperado 260.000 euros del 'caso Cooperación'. 

En las cuestiones que aún no se han iniciado se encuentran Independencia del Consell Jurídic Consultiu, Reforma de la Ley Electoral Valenciana (demandada por otros partidos como Ciudadanos), la  elaboración de una Ley Valenciana de Educación (competencia de la conselleria de Educación), promover la paridad en los organismos (que encaja en la conselleria de Igualdad), la creación de cajas y cooperativas de crédito social (labor de Economía), así como el fomento de la economía social.