El sector de los festivales se defiende y afirma que son "casos puntuales" y alaba la labor social y cultural de estos eventos
MADRID (EP). Una veintena de festivales de música en España este verano han acumulado denuncias por "irregularidades" en asociaciones de consumidores, según cifras facilitadas a Europa Press por estas organizaciones, en un periodo que supone el regreso de estos macroeventos sin restricciones de aforo.
Por ejemplo, desde FACUA han denunciado a festivales como Reggaeton Beach Festival, Puro Latino Fest, Marenostrum, Low Festival, Madrid Puro Reggaeton Festival o el Festival Interstelar. Tal y como han recordado desde la organización, este último tiene abierto un expediente sancionador debido a las denuncias.
El secretario general de Facua, Rubén Sánchez, ha lamentado que los organizadores de este tipo de eventos "se crean impunes" y ha denunciado que las "irregularidades" han aumentado en los últimos años pero en 2022 "ha sido el summum de las anomalías y los fraudes".
La principal queja de los usuarios es prohibir el acceso al recinto con comida o bebida, aunque también el descontento se produce por cambios de ubicación sin derecho a reembolso y sin antelación; bajas de artistas sin que se compense a los afectados; cancelaciones; limitar el plazo para la devolución de dinero; no permitir pagos en efectivo; cobrar por recuperar el dinero de las pulseras 'cashless'; colas; finalización a mitad del evento; y exceso de aforo.
Por ejemplo, el Diversity Valencia, que se tenía que celebrar del 21 al 23 de julio, se canceló diez días antes de su celebración. Algo similar pasó con el Metal Paradise (Málaga, 15 y 16 de julio) y que se canceló un mes antes del comienzo. También pasó con el Madrid Puro Reggaeton Festival (25-26 de junio), aunque en este caso su cancelación se produjo 24 horas antes del pistoletazo de salida. Sin embargo, en la lista también figuran el Benás Festival de Huelva, el Reggaeton Beach Festival de Tenerife o Fan Fan Fest (Madrid).
Las causas para las cancelaciones son diversas. En el Diversity Valencia, la organización en un comunicado lamentaba que no se daban "las condiciones necesarias para el buen desarrollo del mismo"; el Madrid Puro Reggaeton Festival no fue autorizado por la Comunidad de Madrid por no reunir las condiciones de seguridad necesarias.
"Algunos de ellos se organizan sin tener cerrado el lugar de celebración o teniendo algo provisional. Otros venden más entradas de las que deben. Cada vez se sabe que hay más prácticas que son fraudulentas", ha expresado a Europa Press el portavoz de Facua.
El experto de Facua y el portavoz de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), Enrique García, que también ha atendido a Europa Press, ha señalado que este verano se han celebrado muchos festivales, lo que conlleva a que haya más reclamaciones.
Ambas organizaciones han pedido una mayor participación de las administraciones en este tipo de problemas porque "los usuarios están abandonados" y lamentan que existan "lagunas" en la legislación y "falta de garantías". "Hemos pedido al Ministerio de Consumo que, a consecuencia de los abusos a los usuarios, se regule la celebración de estos eventos para garantizar los derechos de los consumidores", ha precisado el portavoz de la OCU.
Por su parte, Rubén Sánchez desea que la administración actúe con mayor dureza, especialmente en materia económica, porque "el mensaje que trasladan a los promotores es que las multas impuestas son menores de las ganancias que obtienen".
Al respecto, la Asociación de Festivales de Música se ha defendido, a través de su abogada Belén Álvarez quien, ha atendido a Europa Press, y ha insistido en que los aspectos negativos "son casos puntuales" y pide no generalizar. "Hay una regulación rigurosa y la mayoría de los festivales cumple a rajatabla", ha sentenciado.
La portavoz ha declarado que, según datos del Ministerio de Cultura, en 2019 hubo cerca de 800 festivales en España, por lo que prevé que tras superar la pandemia, los eventos han incrementado en número. "Antes no había tantos pero se ha crecido mucho y algunos festivales se han profesionalizado. Varios estudios constatan que los festivales son muy positivos social y culturalmente y también desde el punto de vista económico", ha enfatizado.
Los últimos datos de la música en vivo apuntan a que se facturó 157.637.491 euros en venta de entradas en 2021, un 13,7 por ciento más que en 2020, que se cerró con 138.580.764 euros, según el Anuario de la Música en Vivo 2022, publicación editada por la Asociación de Promotores Musicales. Sin embargo, antes de la pandemia, las cifras superaban ampliamente los 350 millones.
Para Álvarez, la pandemia ha hecho estragos en la industria porque "otro año más parado significaría la desaparición del sector" y también ha provocado "el solapamiento de fechas" pero en ningún caso, considera que se debe hablar de "exceso" porque "es contenido cultural y eso no sobra". "Puede que también el público haya cogido con más ganas los festivales este verano y es cierto que todo parece indicar que la asistencia ha sido mayor, pero creo que eso es buena señal de que la gente vuelve a la normalidad", ha defendido.
Asimismo, ha asegurado que la organización de los festivales conlleva un gran trabajo, ya que ha recalcado que "la puesta a punto y organización se realiza durante todo el año" y ha insistido en que "no son eventos improvisados".
Desde el sector se ha pedido que aquellos festivales que se realicen bajo las mismas condiciones, no sea necesario tramitar otra licencia y que se busque "un sistema más ágil". "La normativa autonómica otorga en algunas ocasiones las licencias a última hora, por eso hay festivales que se caen o que penden de un hilo. Los trámites burocráticos son muy lentos", ha criticado la abogada.
Sobre las principales quejas de los usuarios ante la prohibición de entrar comida y bebida en los recintos, Álvarez ha manifestado que estas reclamaciones que realiza Facua "no prosperan" y defiende esta medida "porque puede no haber seguridad alimentaria si entran alimentos de fuera".
En el caso de algunos festivales que sí se han podido celebrar, las criticas también se han cernido sobre ellos. Muchos jóvenes han utilizado las redes sociales como altavoz de sus quejas.
Por ejemplo, el ayuntamiento de Talavera de la Reina (Toledo) pidió explicaciones a los organizadores del Capital Fest, celebrado el pasado 11 de junio, debido a las numerosas críticas por la prohibición de entrar agua al recinto, inexistencia de espacios de sombra y de fuentes y las largas colas que sufrieron los jóvenes, tal y como comunicó el gobierno municipal.
En esta línea, el Boombastic de Asturias tampoco se ha librado de las reprimendas. Algunos usuarios denunciaron el colapso hasta llegar a Lugo de Llanera y alertaron sobre la actuación de los autobuses lanzadera, lo que provocó que el grupo parlamentario de Podemos Asturias registrase una pregunta para conocer la supervisión que realizó el Principado de Asturias y saber si se cometió alguna ilegalidad al respecto, según señala El Comercio.
Incluso los usuarios han llegado a utilizar plataformas de denuncia como Change.org para lograr una denuncia colectiva, como ha pasado con el Monegros Desert Festival (Huesca). La solicitud de denuncia roza las 3.000 firmas porque, como se señala, no había puntos de agua potable, cancelación de artistas sin previo aviso, zonas de sombra insuficientes, hasta seis horas de espera para salir del recinto, golpes de calor. "Requerimos que la organización se haga responsable y de una solución por el trato inhumano. Y se tomen medidas legales", proclama la denuncia.