Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. El Ayuntamiento de València recurrirá la sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Comunitat Valenciana que anulaba algunos requisitos aprobados por la concejalía de Urbanismo para la implantación de los pisos turísticos en el centro de la ciudad, en el distrito de Ciutat Vella. Un fallo que, si bien reconocía la competencia del consistorio para fijar límites a los apartamentos turísticos, también asestaba un golpe contra la regulación concreta aprobada para el casco histórico del Cap i Casal.
El recurso de casación que prepara el consistorio le da un balón de oxígeno porque evita que la sentencia del TSJ sea firme hasta que el Supremo se pronuncie. Será entonces, y dependiendo de la jurisprudencia que siente el Alto Tribunal, cuando la concejalía de Urbanismo, que dirige la vicealcaldesa Sandra Gómez, podrá respirar tranquila o, por el contrario, tendrá que reaccionar para evitar una situación de vacío legal o inseguridad jurídica.
La sentencia vacía de contenido una de las dos tipologías de vivienda turística que se había regulado en el centro: la llamada ocasional, que estaba restringida a particulares empadronados en ella que la alquilaran durante un máximo de 60 días al año y con el visto bueno de la comunidad de propietarios. Restricciones que el TSJ considera poco justificadas en las normas urbanísticas de Ciutat Vella y que pueden quedar definitivamente anuladas si el Tribunal Supremo vuelve a fallar en el mismo sentido tras el recurso del consistorio.
En ese sentido, si se diera ese caso, Gómez ya anunció esta semana que el consistorio "seguramente" hará una "prohibición total de este tipo de viviendas porque, según dijo, ni el sector de los pisos turísticos estaba de acuerdo con las restricciones ni tampoco las asociaciones vecinales estaban de acuerdo. Pero para ello, el consistorio tendrá que actuar con celeridad tras el posible fallo del Supremo.
De este modo, la hoja de ruta estaría clara: aprobar una moratoria de licencias para evitar una avalancha de solicitudes por parte de pisos turísticos. "Si el Tribunal Supremo no nos diera la razón, aprobaríamos una moratoria", explican desde la concejalía que encabeza Gómez, donde aseguran que esta herramienta les daría un tiempo para llevar a cabo la prohibición, proceso que requiere de una modificación del planeamiento urbanístico.
La ley urbanística valenciana (Lotup) permite la suspensión temporal del otorgamiento de licencias precisamente para "facilitar el estudio o reforma de la ordenación urbanística". Ahora bien, la normativa establece que estas moratorias no pueden durar más de dos años, por lo que en ese período de tiempo, el Ayuntamiento debería consumar la reforma del planeamiento para introducir la prohibición de la implantación de pisos turísticos. También existiría la posibilidad, explican también fuentes municipales, de decretar el veto sin necesidad de esperar a la resolución judicial del Tribunal Supremo.
En todo caso, si la prohibición llega a hacerse realidad de una forma u otra, sólo quedaría en pie el otro tipo de apartamentos turísticos que está permitido en Ciutat Vella, el que opera en bloques exclusivos de pisos turísticos, y que sólo se puede implantar en el barrio más terciarizado del distrito, Sant Francesc.
Para ellos, el Ayuntamiento también está estudiando nuevas restricciones. La concejalía de Vivienda, que dirige Isa Lozano, propuso una moratoria para este tipo de pisos turísticos en bloques exclusivos para vetarlos en el planeamiento en 37 barrios de la ciudad. Las trabas legales planteadas por Urbanismo han resultado en la necesidad de un estudio amplio antes de llevar a cabo restricciones de este calado. Estudio cuyos resultados no se conocen todavía.
Hay que recordar que el Ayuntamiento también está en pleno proceso de elaboración de una ordenanza de pisos turísticos que se centraba, especialmente, en los apartamentos considerados como ocasionales. Por lo que se desconoce, por el momento, y a la espera de que se resuelva la cuestión judicial, cómo quedará esta ordenanza.
El borrador en ciernes quiere introducir la obligación por parte de las plataformas de pisos turísticos y de los propietarios de dar cierta información sobre su actividad a la administración para asegurar el control de la legalidad. En este sentido, el borrador reza que el Ayuntamiento "podrá requerir a las plataformas digitales que publicitan y comercializan el alojamiento turístico la información necesaria para el ejercicio de las competencias municipales de supervisión y control público de las viviendas turísticas", como publicó Valencia Plaza.
Además, prevé que el consistorio impulse "acuerdos de colaboración" con las plataformas para "facilitar el intercambio de información" y así "velar" por la legalidad en el sector. Fragmento este último que viene a concretar la normativa autonómica según la cual las plataformas deben "colaborar con las diferentes administraciones" para facilitar la supervisión.
