VALÈNCIA. La puesta en marcha de limitaciones a los pisos turísticos sin una justificación suficiente en el casco histórico de València ha llevado al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) a eliminar buena parte de esas restricciones, incluidas en el Plan Especial de Ciutat Vella. Una resolución judicial que ha puesto en guardia al consistorio. Así, prevé rearmar otro gran plan especial que tramita, el del Cabanyal-Canyamelar, para evitar sustos judiciales similares en materia turística.
La concejalía de Urbanismo presentó en 2017, entonces dirigida por Vicent Sarrià, la primera versión del Plan Especial del Cabanyal (PEC), que inició su andadura administrativa en 2018. Desde entonces ha pasado por dos procesos de alegaciones, y las correspondientes modificaciones del Plan, cuya aprobación es próxima. Eso sí, como el de Ciutat Vella, el del barrio marítimo también recoge restricciones especiales al sector de las viviendas turísticas, diferentes a las del resto de la ciudad.
La concejalía ha ido modificando la regulación in crescendo en restricciones. En un principio distinguía tres zonas: la franja interna del barrio, donde se limitaban los pisos turísticos al 10% por manzana; la fachada marítima, que daba más manga ancha hasta el 30%; y el conocido como PAI de Eugenia Viñes, la zona más próxima al edificio Veles e Vents, donde el máximo se ampliaba al 40%.
Con todo, las presiones vecinales acabaron surtiendo efecto para que el departamento de Urbanismo, desde 2019 dirigido por Sandra Gómez, igualara todos los límites a la baja y fijara la restricción al 10% por manzana en todo el barrio. Según Gómez, la restricción más severa de toda de la ciudad y una de las más estrictas de toda España. Aspecto por el que el sector ya ha anunciado que, una vez se apruebe el Plan Especial, lo llevará a los tribunales como hizo con el de Ciutat Vella.
En el caso del planeamiento del centro histórico, el TSJ ha anulado varios apartados restrictivos arguyendo que el Ayuntamiento de València no había expuesto en el Plan unos argumentos sólidos y unos datos objetivos que justificaran la necesidad de esas limitaciones, que en edificios mixtos vetaban a las empresas y restringían el alquiler a 60 días durante todo el año.
"No se encuentra justificada", arguye sobre una de las limitaciones; "no contiene ninguna explicación acerca de los motivos"; "no ofrece ningún dato acerca del ejercicio por personas físicas o jurídicas, o con carácter profesional o no, de la actividad de vivienda turística" ni sobre "la afectación que el ejercicio de la actividad de vivienda turística con uno u otro carácter en esa área pueda producir sobre el derecho a la vivienda". Son algunos ejemplos del criterio sostenido por el alto tribunal.
Unas consideraciones que, de manera indirecta, van a tener repercusión en el Plan del Cabanyal-Canyamelar, que ahora se encuentra en los últimos trámites administrativos antes de su aprobación. Pero antes, señalan desde la concejalía de Urbanismo, se intentará apuntalar los argumentos y pruebas expuestos en el plan para evitar el éxito judicial de posibles recursos, dado el elevado riesgo de litigio que existe por las importantes restricciones previstas para el barrio marítimo.
En principio, se tratará de un "refuerzo de la argumentación de las medidas", por lo que las restricciones previstas en el Plan no parece que vayan a modificarse. Por tanto, lo que se introduzca no implicará mayor demora administrativa porque no requerirá de una nueva fase de exposición al público, explican en el departamento que encabeza Gómez.
La sentencia del TSJ abre la puerta a peticiones de licencia para viviendas turísticas ocasionales por parte de propietarios que no cumplían los requisitos marcados y que ahora, tras quedar estos anulados, podrían acceder a un permiso municipal. Por ello, la concejalía de Urbanismo, que dirige Sandra Gómez, busca evitar esta situación de inestabilidad y presentará un recurso de casación ante el Tribunal Supremo.
De esta manera, el fallo del alto tribunal valenciano no será firme y, de momento, el Plan de Ciutat Vella sigue vigente como se aprobó, lo cual dará un balón de oxígeno al consistorio para reaccionar. En ese tiempo, el consistorio podrá avanzar en la tramitación y aprobación de la ordenanza de apartamentos turísticos antes de que el Supremo resuelva, con lo que evitará ese posible "vacío legal".
Con todo, Gómez aseguró este martes que el Ayuntameinto va a "valorar" las consideraciones del alto tribunal y si finalmente el Supremo falla en contra del consistorio, "seguramente" el Ayuntamiento hará una "prohibición total, porque ni los vecinos estaban de acuerdo ni los propietarios iban a operar dentro de ese margen". Si esto llegara a hacerse, sólo quedaría en pie el otro tipo de apartamentos turísticos que está permitido, el que opera en bloques exclusivos de pisos turísticos, y que sólo se puede implantar en el barrio más terciarizado del distrito, Sant Francesc.
Gómez explicó que el Ayuntamiento optó por el límite de 60 días para las viviendas turísticas ocasionales con el objetivo de "dar respuesta a la verdadera economía colaborativa; es decir, para regular la posibilidad de que las personas que viven en cualquier parte de Ciutat Vella pudieran alquilar su vivienda como apartamento turístico cuando se van de vacaciones". Pero si finalmente se acaban anulando los mencionados requisitos, la tipología de piso ocasional dejaría de tener sentido, por lo que la edil se mostró favorable a eliminarlo.
