José Pastor a la llegada de la notaría. Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. La Junta General de Accionistas de Urbem ratificó este viernes a José Pastor como administrador único de la promotora, pese al intento de Carlos Turró de frenar la cita en el marco del conflicto que ambos libran desde hace años por hacerse con el control accionarial de la compañía. Una batalla que dura ya más de 13 años y que en los últimos meses ha estado marcada por el cruce de recursos y demandas en los juzgados entre ambas familias por ver quién ostenta la administración de la compañía. Un cargo que, según dos sentencias de la Audiencia Nacional de València, ostenta Pastor y que ahora los accionistas de la firma han avalado.
Pastor convocó a finales de julio una junta general ordinaria este pasado viernes 11 de septiembre para, entre otras cuestiones, aprobar las cuentas anuales y los informes de gestión de la sociedad en los ejercicio 2016, 2018 y 2019, así como con el objetivo de reelegir al órgano de Administración, según consta en el orden del día.
No obstante, el presidente de la constructora y gestora de centros para personas de la tercera edad Cleop publicó un anuncio en prensa deslegitimando la convocatoria de Pastor al atribuirse él la condición de administrador y, por tanto, afirmando que la cita del 11 de septiembre "carecía de toda validez y eficacia al no detentar su convocante facultad ni condición legal para convocar juntas", señalaba Turró en su anuncio. Se trataba de un movimiento con el que intentaba parar la celebración de la junta que, sin embargo, transcurrió este pasado viernes con normalidad y con la ausencia marcada de la familia Turró.
Los dueños de Cleop decidieron no asistir al entender que la junta no debía celebrarse al no reconocer a Pastor como administrador y, por tanto, considerar que carece de legitimidad para citar a los accionistas.
No era la primera vez que Turró lleva a cabo una acción de este tipo. Hace un años, en septiembre de 2019, se producía una situación similar. José Pastor, patriarca de la familia, convocó una junta para dirimir la cuestión sobre quién ostenta la condición de administrador, pero los Turró contraatacaron frenándola. Y así, estuvieron meses: entre recursos y querellas en los juzgados. Una batalla judicial cuyo último asalto ha ganado Pastor quién, por sentencia, ha sido reconocido como administrador único de Urbem.
Y es que dos sentencias de la Sección 9 de la Audiencia Provincial de Valencia, con fecha 24 de febrero y 3 de marzo, rechazaron la validez de la juntas de accionista de 2018 que nombró a Turró administrador de la compañía. Según una de ellas, "no se puede adquirir la condición de socio, sino hasta el momento en el que la ejecución de la ampliación del capital social ha tenido acceso al Registro Mercantil aplicado ello al caso concreto, resulta que Inversiones Mebru, filial de Cleop, no podía hacer uso de las acciones que suscribió y que compró de otros suscriptores para conformar la mayoría social en las Juntas". Por tanto, daban la gestión a José Pastor. Una condición que este pasado viernes ratificaron los accionistas de la compañía.
La batalla accionarial comenzó el 4 de abril de 2006 cuando Cleop y compró el 50% de Inversiones Mebru, que tenía una opción de compra sobre el 35,9% de Urbem que poseía la familia March Andreu y que ejecutó. Meses antes, José Pastor había rechazado la entrada de Cleop en su capital, por lo que calificó esta maniobra como "hostil". El otro 50% de Inversiones Mebru pertenecía al Grupo García Ojeda, aunque posteriormente Cleop se hizo con la mayoría.
Pastor conservó la mayoría de Urbem y ambas partes convivieron peor que mejor en la promotora, con impugnaciones y recursos judiciales de los minoritarios hacia las decisiones del accionista mayoritario. En 2011, iniciada la crisis inmobiliaria y ante las dificultades de Inversiones Mebru para pagar parte lo comprometido a los March, Cleop planteó la venta de su 35,9% a Pastor y se iniciaron negociaciones, pero entonces el Tribunal Supremo dio la razón a Inversiones Mebru sobre una ampliación de capital aprobada en 2006. Según esa sentencia, la filial de Cleop tenía derecho a suscribir su parte de aquella ampliación de capital, lo que significaba que si desembolsaba antes de 15 días 26 millones de euros, alcanzaría el 55%. Pero nunca lo hizo.
A partir de ese momento, el conflicto ha derivado en numerosos pleitos mercantiles y algunas querellas cruzadas, así como la intervención policial en una junta de accionistas celebrada en 2018. También llegaron a las manos en 2019 en la sede de la compañía, una bronca en la que también tuvieron que intervenir la Policía.
