VALÈNCIA. Este jueves 9 de octubre se celebra, como es tradición, el Día de la Comunitat Valenciana. Eso sí, la festividad tiene lugar bajo una excepcionalidad imprevista: la alerta naranja por lluvias conllevó la víspera la suspensión de la Procesión Cívica -salvo cambio de última hora- y, a renglón seguido, también el aplazamiento del acto institucional en el Palau de la Generalitat, que quedará limitado únicamente al discurso del jefe del Consell, Carlos Mazón. Una actitud preventiva y diligente que, probablemente, habría salvado vidas de haberse aplicado con tanto celo el día de la Dana.

Por tanto, será un día festivo anómalo, algo que también se preveía, pero por otras causas. La sensación en las últimas semanas era de que el presidente de la Generalitat se vería obligado a examinarse ante la calle, circunstancia que preocupaba en el Palau y también en el Ayuntamiento de València, como expresó días atrás la propia alcaldesa, María José Catalá.

La última encuesta publicada por Prensa Ibérica esta semana señala que el 82% de los valencianos opina que Mazón debería dimitir y el 90% piensa que no debería volver a ser candidato. La suspensión de la Procesión Cívica evitará medir la temperatura de los asistentes respecto al jefe del Consell: más aún, incluso si se rebaja la alerta y finalmente se celebra el acto, es probable que la participación sea menor de la que se habría producido. Así pues, todo apunta a que los que anhelaban una especie de 'paseo de la vergüenza' para Mazón -como en Juego de tronos-, tendrán que resignarse. Al menos de momento.

Más allá de que la condiciones meteorológicas provoquen una situación atípica en la festividad del 9 d'Octubre, conviene recordar que la anomalía ya está instalada en la Comunitat Valenciana desde hace mucho tiempo. Estos son algunos ejemplos:

-Anomalía respecto a la continuidad del presidente Mazón. La polarización política, con posiciones extremas que a menudo alcanzan a los propios medios de comunicación, contribuye a difuminar o diluir principios institucionales que, a priori, deberían ser comprensibles para medios, ciudadanía, sociedad civil y partidos políticos. Ante una tragedia con 229 víctimas mortales, con las competencias en Emergencias en manos de la Generalitat, una gestión deficiente y un presidente que, ya sea por falta de información, negligencia o descuido, no estuvo presente para guiar la toma de decisiones y posteriormente ofreció distintas versiones y horarios, la dimisión resulta obligada. Podría comprenderse que no fuera inmediata, con el objetivo de asumir la responsabilidad en las iniciales tareas de reconstrucción y por no añadir el problema político de descabezar el gobierno autonómico con unas elecciones o cambio de mando, pero la lógica indica que la dimisión del presidente Mazón debería ser una opción que debería haberse planteado en el Palau.

En cambio, lo que se estudia es cómo exprimir sus opciones para continuar y luchar por volver a ser candidato, con la permisividad y la inacción -cuando no el respaldo- del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, y de otros dirigentes del PP nacional. Así, resulta triste y desmesurado que el presidente de la Generalitat sea en ocasiones increpado en la calle o en actos con gritos de "asesino", pero sí sería lógico que la sociedad valenciana coincidiera en que el jefe del Consell debe abandonar el cargo. Y no se trata de una cuestión que deba producirse atendiendo a las manifestaciones que se celebran el 29 de cada mes desde hace casi un año, sino de una cuestión que no debería siquiera suscitar debate.

-Anomalía con la presencia de Pedro Sánchez en la Comunitat Valenciana. Si la continuidad de Mazón y sus intentos por repetir resultan insólitos, no menos sorprendente resulta la poca implicación del presidente del Gobierno de España en primera persona. Tras su segunda visita después de la tragedia, donde tuvo que abandonar Paiporta al ver comprometida su seguridad, la ausencia fue la respuesta que ofreció La Moncloa a los valencianos; que no volvieron a ver a Sánchez hasta una reunión con alcaldes convocada en la sede de la Delegación del Gobierno a mediados de enero. Resulta difícil de explicar y de entender que, ante una de las mayores catástrofes naturales de la historia de España, con 229 víctimas mortales, Valencia no se convirtiera en una prioridad presencial para la máxima autoridad gubernamental del país. 

-Anomalía con la participación de Mazón en la Procesión Cívica del 9 d'Octubre. Por otro lado, que la oposición exija la dimisión del presidente de la Generalitat resulta comprensible, pero no lo es tanto considerar una "provocación", tal y como ha reiterado la secretaria general del PSPV-PSOE y ministra, Diana Morant, su asistencia a este acto conmemorativo. Mientras sea el máximo responsable autonómico, debe cumplir con sus obligaciones y parece obvio que acudir a esa cita lo es. La posición socialista ha pretendido -o así lo ha parecido- "calentar" la calle para complicar la situación de Mazón; lo que resulta, si no una irresponsabilidad, una maniobra de baja altura institucional.

-Anomalía con varias de las asociaciones de víctimas de la Dana. Otra evidencia de la situación de excepcionalidad en la que vive el Gobierno valenciano es la nula conexión de algunas de las principales organizaciones con el Palau: que se haya distinguido a todo tipo de asociaciones relacionadas con la Dana e incluso a otras Comunidades Autónomas (CCAA) por su acción en la misma y no a los colectivos de las víctimas, pone de manifiesto que la dificultad de reparar las relaciones.

-Anomalía en la reconstrucción. Una de las quejas más recurrentes y justificada del Consell de Mazón es la falta de disposición por parte del Gobierno central para la creación de una Comisión Mixta que coordine las actuaciones de recuperación en la Dana. Pero más aún, sigue chocando profundamente que en las pocas ocasiones que Sánchez haya visitado Valencia no haya propuesto una reunión al presidente de la Generalitat. Y lo mismo ha ocurrido cuando han sido los ministros los que han visitado la zona Dana. La guerra de cifras y porcentajes sobre ayudas ofrecidas y tramitadas en las redes y los medios ha presidido la relación entre ambas instituciones, y en cuanto a la estrategia general, resulta obvio que el Gobierno de España ha buscado aislar a Mazón lo máximo posible.

-Anomalía con la recuperación del conflicto lingüístico. Si se habla de baja altura institucional, observar las maniobras por resucitar el conflicto lingüístico por parte de la Generalitat, ya sea con el manoseo sobre la Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) o con otras cuestiones, resulta especialmente descorazonador. Cabe recordar que la AVL fue impulsada por el PP a finales de los 90 por orden de José María Aznar para allanar su pacto con Jordi Pujol (CiU), algo que aceptaron los populares valencianos, a sabiendas que ello derivaría en un dictamen dirigido a generar una institución que fijase una normativa propia del valenciano en el marco de la unidad lingüística con el catalán. De hecho, para muchos partidarios del secesionismo esto resultó una traición del PP a la causa. Y esta creación (1998, la ley y la constitución del ente en 2001) no fue accidental, puesto que su autoridad normativa fue blindada en la reforma del Estatuto de 2006 pactada por Francisco Camps y el PSPV. Así pues, es posible que agitar esta 'batalla' aún movilice o anime a ciertos sectores del electorado conservador, o simplemente sea una manera de congraciarse con Vox, que también lo esgrime, pero se antoja un debate artificial o, al menos, falso por parte de sus impulsores, puesto que son los propios artífices de que se cerrara el conflicto en su momento, hace más de 20 años. 

-Anomalías en materia de financiación que han seguido vigentes el año de la Dana. La reforma del sistema de financiación y la instauración mientras tanto de un fondo de nivelación eran dos exigencias apoyadas por PP, PSPV y Compromís. Sin embargo, los socialistas valencianos han bajado la intensidad de la reclamación y han rechazado continuar reclamando el fondo de nivelación a sabiendas que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no iba a abordar la cuestión en este ejercicio y, probablemente, en esta legislatura. En la otra orilla, el Consell de Mazón se ha dedicado a rechazar públicamente la condonación -insuficiente- de 11.000 millones de euros propuesta por el Gobierno de España, por el hecho de provenir de una negociación bilateral previa con Cataluña y, en el fondo, simplemente por ser una iniciativa de Sánchez. Así que un año más, los valencianos seguimos infrafinanciados y salvo giro de guion, con una de las deudas más elevadas del país.

-Anomalía sobre el derecho civil valenciano. Otra reivindicación frustrada que cumple otro año sin novedad en el frente. Esta semana, no obstante, la consellera de Justicia, Nuria Martínez, defendía en un debate organizado por el Consejo Valenciano de Colegios de la Abogacía la necesidad de recuperarlo. Quizá desconoce que el partido que la nombró en el cargo, el PP, no se ha preocupado de apoyar esta causa en el Congreso durante años.