VALÈNCIA. Ocho meses han pasado desde que se iniciara la investigación judicial sobre la gestión de la Dana, el episodio catastrófico que dejó tras de sí la muerte de 229 personas y destrozos milonarios en infraestructuras, negocios y viviendas en numerosos municipios de la provincia de Valencia. La instrucción, que sigue el juzgado 3 de Catarroja desde el pasado mes de diciembre, avanza con toda la celeridad que permite una macrocausa con cientos de familiares de víctimas y damnificados por la riada y hasta 40 partes personadas en el proceso, y la politización que conlleva una catástrofe de esta magnitud. Aunque son todavía muchas las incógnitas que le quedan por resolver a Nuria Ruiz Tobarra, la jueza que dirige la investigación con determinación y no pocas críticas a sus espaldas por sus autos contundentes y casi concluyentes. Otoño será tiempo de más respuestas.

Las pesquisas durante esta primera parte de la instrucción han permitido desentrañar algunos de los interrogantes sobre lo ocurrido aquella fatídica tarde, especialmente en el cogollo de la gestión de la emergencia, el centro de emergencias de l'Eliana donde estaba reunido el Cecopi, presidido por la exconsellera de Interior Salomé Pradas. Por ejemplo, la jueza ha confirmado auto tras auto la responsabilidad de la Generalitat Valenciana, que ostentaba el mando único de la emegencia, y ha señalado el papel de "garantes" de Pradas y del secretario autonómico de Emergencias entonces, Emilio Argüeso, algo que el Consell que dirige Carlos Mazón intentó cuestionar durante los primeros meses pero que más tarde ha venido a refrendar la Audiencia Provincial.

La magistrada ha acotado la instrucción a lo que considera el nexo causal con los fallecimientos y las lesiones producidas aquella tarde: el aviso "tardío" remitido a la población a las 20.11h que impidió a la población protegerse de la riada, y que considera "erróneo" porque no pedía a la ciudadanía subir a las plantas altas. Tanto la jueza como la Audiencia han acudido a la normativa para dejar claro el papel de Pradas como "mando único" de la emergencia y, por tanto, responsable de esta decisión.

El caso de Argüeso es distinto, porque no tenía la función del mando único, pero la jueza lo citó como imputado por su cargo orgánico, al ser el responsable de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencia (Avsre), también encargado del 112. Su abogado, de hecho, insistió en que no se le puede atribuir una responsabilidad en los fallecimientos solo por el cargo que ocupa, argumento al que se adhirió la Fiscalía. Quizá lo más revelador de su actuación, más allá de que llegó a pasar al 112 incidencias de conocidos que le llegaban al móvil personal por el colapso de la 'centralita', lo dejó entrever la testifical del presidente de la Diputación, Vicente Mompó, que declaró que Argüeso intervenía "más bien poco". A juicio de su defensa, actuó con una "encomiable diligencia". La Audiencia, con todo, señaló que "la posición de garantía no es una ‘foto fija’, sino que debe encuadrarse en el marco del proceso decisional objeto de investigación y, por lo tanto, se deberá estar a su resultado”.

Este es un punto importante porque, en ambos casos, la sección segunda de la Audiencia Provincial ha acotado las imputaciones en un momento muy concreto de la investigación, uno muy embrionario y en el que todavía faltaban múltipels testificales clave. Así, aunque mostró su visto bueno a la investigación de Pradas al sostenerse la "hipótesis fáctica congruente" de su papel decisorio tanto a nivel legislativo como por la "información recabada" en un primer momento, también aprecia que su decisión puede cambiar si "la información que ofrezcan las diligencias en trámite consolidan dicha hipótesis o permiten sostener [...] alternativas explicativas que cuestionen su responsabilidad penal".

Nadie, por ahora, ha señalado a una responsabilidad del jefe del Consell, Carlos Mazón, aforado, en el eje de la investigación, el aviso tardío. Su nombre ha salido en varias ocasiones, eso sí, como en la declaración del jefe de Climatología de la Aemet en la Comunitat, José Ángel Núñez, quien cuestionó los "mensajes tranquilizadores" lanzados por el titular del Consell el mediodía de la Dana. El Plan de Inundaciones no le atribuye ninguna función en la gestión de la emergencia y los investigados han rechazado que su ausencia influyera de alguna manera en la toma dedecisiones del Cecopi. También el presidente de la Diputación, Vicente Mompó, cuya testifical ante la jueza estuvo llena de contradicciones y respuestas difusas y no supo aclarar de qué habló con el titular del Consell en sus dos llamadas aquella tarde, a las 17.45h y otra a las 18.27h. La jueza, por el momento, ha rechazado elevar la causa al TSJ para imputar a Mazón, entre otras cosas porque, arguyó, "la instrucción no está agotada”. No se descarta que una vez la considere concluída, exponga la cuestión ante el alto tribunal valenciano.

Volviendo a la investigación, hay una cuestión nuclear a dilucidar, por tanto: si los imputados contaban con la información suficiente para tomar las decisiones adecuadas. Este es, de hecho, uno de los ejes principales de la estrategia de las defensas. Y la instrucción ha constatado que, por muy difícil que le pueda parecer al lector, aquella tarde, el auténtico protagonista en la reunión fue el silencio y el desconocimiento de sus integrantes sobre la tragedia que se estaba fraguando en el barranco del Poyo, la 'zona cero' del desastre y donde se produjeron la mayoría de las muertes. Todos los miembros presentes en aquel encuentro que han pasado a declarar como testigos ante la jueza, desde la delegada del Gobierno, Pilar Bernabé, hasta el jefe de Climatología de Aemet, pasando por el presidente de la Diputación, han confirmado que nadie allí habló del Poyo.

El puzle conformado por las piezas subjetivas de todos ellos viene a concluir que, desde que empezó la reunión del Cecopi aquel día, a las 17h de la tarde, y ante la alerta de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) de una posible rotura de la presa de Forata, todas las miradas estuvieron puestas en esa infraestructura. La consecuencias que hubiera comportado la rotura -"supondría inundaciones de hasta 4 metros de altura en todos los municipios aguas abajo de la presa", declaró la delegada del Gobierno- aterrorizaron a los presentes hasta el punto de que su atención se concentró en ella exclusivamente mientras, en otra cuenca, la del Poyo, una lengua destructiva de agua se cernía sobre los municipios de l'Horta Sud. Es más, también han confirmado que la alerta a través del sistema ES Alert, ordenada en última instancia por Pradas, ni siquiera se envió por el peligro en el Poyo.

La pregunta que todavía sigue sin responderse es por qué esa información no llegó nunca al Cecopi. Durante el mes de junio pasaron a delcarar múltiples operadores de llamada´y supervisores del 112, coordinadores y técnicos de emergencias que, en muchos casos, señalaron a la CHJ, que preside Miguel Polo, y a los cargos intermedios de Emergencias, cuyos responsables están pendientes de fecha para declarar y todavía no han podido dar oportunas explicaciones ante la magistrada. Al final, la Generalitat Valenciana tiene múltiples fuentes de información para conocer la situación de las cuencas.

Una de ellas, la más obvia por sus competencias es la CHJ, el organismo de cuenca encargado del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), que ofrecía datos cincominutales en directo del único punto de control del que dispone en el barranco del Poyo, situado en Riba-roja. Y lo hacía a través de un portal al que tenía acceso la administración valenciana. Este es uno de los principales argumentos sostenidos por la jueza y la Audiencia para justificar que los responsables sí tenían información precisa sobre la situación en el cauce que resultó mortal. Lo cierto, sin embargo, es que al parecer, nadie en el Cecopi estaba mirando estos datos, por lo que la mirada se pone en la Sala de Mando, anexa al Cecopi, donde trabajaban varios técnicos de Emergencias.

Fueron hasta cinco los trabajadores de Emergencias los que señalaron la responsabilidad de la CHJ en el control de los barrancos. Es decir, según su relato, no bastaba con que el ente dependiente del Gobierno ofreciera los datos sobre el caudal sino que también debía interpretarlos y advertir de su peligro. El organismo envió un ya famoso correo a Emergencias a las 18.43h de aquella tarde, cuando las inundaciones ya se extendían por municipios de la 'zona cero', advirtiendo de que el caudal en el barranco del Poyo registraba una tendencia ascendente y alcanzaba casi los 1.700 metros cúbicos por segundo.

Lo cierto es que la CHJ no cumplió con su propio protocolo, que obliga a avisar cada vez que se superan tres umbrales -los 30, los 70 y los 150 metros cúbicos por segundo- pero aquel día sólo avisó una vez y cuando el caudal multiplicaba por 10 el umbral máximo de aviso. Por cierto, la exconsellera Pradas sigue batallando para que el organismo entregue el documento original de sus protocolos como había solicitado la magistrada y no sólo un informe que los resuma como ha hecho la CHJ. El caso es que, además, aquel correo pareció haberse 'perdido' en la cadena de información, pues de la Sala de Mando, que sí lo recibió, no se acabó elevando al Cecopi.

Tal como han explicado hasta cinco trabajadores de Emergencias, que se encontraban aquella tarde en la sala que recibió el correo, no elevaron el aviso al Cecopi porque allí estaba representado el organismo de cuenca por su presidente, Miguel Polo, así como un equipo de cuatro personas más, que tampoco avisaron en la reunión con los máximos responsables. "Entendemos que al estar 4 ó 5 personas de la CHJ, son ellos los que deben dar explicaciones", expuso en ese sentido el jefe de la Unidad de Análisis y Seguimiento del Riesgo de la Generalitat. Cabe recordar, ciertamente, que el equipo de la Confederación estaba conectado a la reunión telemáticamente y que la Conselleria decidió suspenderla entre las 18h y las 19h, por lo que cuando se dio el aviso por correo, la videoconferencia estaba en standby. Con todo, tras reiniciarse, tampoco los miembros de la Confederación advirtieron.

Polo está citado a declarar como testigo y la jueza ha rechazado en varias ocasiones imputarle, por el momento, responsabilidad en la falta de información alegada por los investigados. Ni siquiera tras el último informe entregado por la Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil, adelantado por Valencia Plaza, que señalaba a la CHJ por "una aparente ausencia del control sobre el dispositivo de registro de la rambla del Poyo, justo en el peor momento" y que instaba a preguntar a los responsables de la CHJ "cuál fue el motivo por el que no se llevaron a cabo los avisos de superación de los umbrales preceptivos".

Se trata de un controvertido informe que ponía en entredicho algunas de las consideraciones realizadas por la jueza. De hecho, estalo consideró "erróneo en sus consideraciones y apreciaciones sobre los fallos y negligencias de los intervinientes", entre otras cosas porque el Instituto Armado, dijo, cuenta con "limitados elementos de prueba", por lo que apuntaba a "una teoría, la del apagón informativo, plenamente superada, que fue descartada judicialmente". No hay que olvidar que, más allá de los datos de la CHJ, la jueza ha insistido en sus autos que tanto Aemet como los medios de comunicación venían advirtiendo de los peligros e informando en directo de la situación en los barrancos, información de la que también disponía el 112, que aquel día recibió cerca de 20.000 llamadas.

Asimismo, las testificales han aportado nuevos datos que harán necesarias las explicaciones este otoño tanto del subdirector general de Emergencias, Jorge Suárez, el técnico de mayor rango de la Conselleria, como del entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, José Miguel Basset. El primero ha sido calificado por diferentes trabajadores como el "enlace" entre el Cecopi y la sala de mando donde se encontraban los técnicos, por lo que podría considerarse la correa de transmisión de información -por ejemplo, sobre el correo electrónico de la CHJ y la información que recogía el 112- con la reunión de los máximos responsables, donde cabe recordar que no había pantallas. Los empleados de Emergencias han apuntado también que él era el que daba las órdenes por lo general en aquella sala, por ejemplo ordenando la preparación del sistema ES Alert. Y habrá de responder sobre su responsabilidad en que la Conselleria no respondiera al ofrecimiento de Medio Ambiente, que puso a disposición sus 200 agentes para vigilar barrancos.

El segundo, Basset, juega un papel clave en otra de las fuentes de información, los bomberos movilizados para vigilar el caudal del barranco del Poyo a mediodía y que más tarde fueron desmovilizados. Un técnico de Emergencias fue el que llamó al Consorcio de Bomberos para que los bomberos vigilaran las localidades valencianas de Torrent, Picanya y Paiporta porque suponía que tantas lluvias en Requena y Utiel acabarían en estos municipios. El problema, sin embargo, estaría en la retirada. La decisión fue tomada por el entonces jefe del Consorcio Provincial de Bomberos, tal como él mismo reconoció en la comisión de investigación de la Dana en la Diputación de Valencia. Justificó así la orden sobre las 14.30h de la tarde porque el caudal del Poyo había descendido tras la alerta hidrológica y porque era de comer. Con todo, una coordinadora de Emergencias declaró ante la jueza que ese movimiento de retirada no fue comunicado a través de la plataforma interna de emergencias, el sistema Coordcom, de manera que en la Generalitat Valenciana habrían desconocido esa decisión.

Las tres declaraciones, que previsiblemente tendrán lugar antes de que acabe el año, la de Polo, Suárez y Basset, se consideran clave para resolver numerosas incógnitas todavía vigentes sobre aquella tarde. También están citados otros altos cargos de Emergencias como la directora general de Prevención de Incendios Forestales, Rosa María Touris, el hasta hace poco director general de Emergencias y Extinción de Incendios, Alberto Javier Martín, o el director general de Innovación de Emergencias y responsable de la empresa pública de bomberos forestales SGISE, Raúl Quílez. También la comisaria jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica que estuvo en el Cecopi.

Como ellos, siguen a la espera la jefa del servicio de coordinación del 112, Inmaculada Piles, la responsable de comunciación de Emergencias, Aurora Roca, o la entonces jefa de gabinete de la consellera, la periodista Silvia Soria. Y más trabajadores del departamento de Emergencias como el coordinador de Prevención de Emergencias, el jefe de equipo de atención al 112, un técnico de operación de comunicaciones o un operador de comunicaciones y emergencias, así como otra empleada de la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias. A ellos se suman, otros testigos dependientes de la Administración General del Estado, como a la comisaria de Aguas de la CHJ, Cristina Sola, o un comandante de la Unidad Militar de Emergencias (UME). También a una veintena alcaldes de municipios afectados, entre los cuales está la alcaldesa de València, María José Catalá.