• El concejal Marí Olano y la alcaldesa de València, María José Catalá.
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VALÈNCIA. El fichaje del abogado José Marí Olano en la candidatura de María José Catalá al Ayuntamiento de València fue considerada en su día como una incorporación distinguida y solvente que venía a aportar solidez y experiencia en toda una serie de asuntos que se observaban como nudos gordianos dentro de la gestión municipal. 

Prueba de ello es que la alcaldesa, una vez tomada la vara de mando, le otorgó la misión de desatascar varios de los conflictos concretos y relevantes que inquietaban al nuevo gobierno del consistorio. De hecho, a Marí Olano se le asignó en algunos círculos mediáticos el sobrenombre de 'Señor Lobo' en referencia al popular personaje cinematográfico de Pulp Fiction encargado de solucionar los peores problemas.

Tal y como informó este diario, desde hace varios meses Marí Olano, una vez resueltas o encarriladas muchas de sus tareas, ha terminado por convertirse en sí mismo en un problema por otras cuestiones para las que no había sido fichado. O quizá sí, dado que fue la propia alcaldesa quien decidió situarle en abril de 2025 al frente de la Mesa de Contratación.

Este miércoles, Compromís hacía público el contenido del informe definitivo de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) sobre la participación del citado edil, responsable del área de Contratación, en seis concursos adjudicados por valor de 255 millones de euros. Concursos en los que tuvo que abstenerse por conflicto de intereses al concurrir a ellos empresas para las que trabaja o ha trabajado, sin que haya querido desvelar cuáles son las mismas.

Precisamente, este es uno de los enigmas más destacados a lo largo de este mandato en el Ayuntamiento: el misterio que envuelve a las labores del concejal —con dedicación parcial— fuera de los muros del consistorio. Algo que no suena bien cuando forma parte de un área tan sensible como Contratación y sale a la luz que olvidó inhibirse en dos de los procesos —cayó en la cuenta al final, cuando la adjudicación estaba encarrilada— en los que había empresas con las que tenía relación.

Con estos mimbres, no resulta extraño que la oposición tache de "escándalo" que todavía no se conozcan, pese a que ya lo reclamó la Sindicatura de Greuges, buena parte de los medios de comunicación y ahora Antifraude —que recuerda que lo indica la ley—, las empresas para las que trabaja el concejal Marí Olano. Sin embargo, en este asunto viene reinando una opacidad que empieza a incomodar —o debería, al menos— a la alcaldesa de València.

El equipo del Ayuntamiento defendía este miércoles que la resolución de Antifraude exime al consistorio de responsabilidad en las abstenciones del concejal y también deja "claro" gracias a las alegaciones municipales que, en ningún caso, su papel "alteró el sentido de los acuerdos tomados". Además, subrayan que la agencia "no pide la revisión de oficio de las contrataciones" y "traslada una serie de recomendaciones de mejora que los técnicos municipales van a estudiar".

Más allá de obviar que el informe también señala la "falta de veracidad" en las Declaraciones de Ausencia de Conflicto de Intereses (DACI) del edil, el consistorio pasa de puntillas respecto a que la agencia inste al Ayuntamiento a "evaluar las posibles responsabilidades legales que se deriven de dicha falta de veracidad, considerando que el concejal se ha opuesto reiteradamente a facilitar información sobre este asunto".

Así pues, y más allá de la concreción del informe, quizá lo preocupante es que el Ayuntamiento pretenda dar carta de normalidad a una situación, la de que el concejal de Contratación trabaje para empresas desconocidas que, como se ha visto ahora, son susceptibles de participar en adjudicaciones millonarias del Ayuntamiento, que no parece en absoluto conveniente y, menos aún, transparente.

Si a ello se le suman otras polémicas relacionadas con el concejal, como su turbulenta relación con las asociaciones vecinales, su falta de agenda pública o su papel —todavía no muy claro— en el supuesto entramado para recolocar "a dedo" a trabajadores del Consorcio Valencia 2007 que investiga la Fiscalía, cabe preguntarse cuánto le suma a Catalá —y por qué— la continuidad de Marí Olano en el equipo de gobierno. 

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