Foto: EDUARDO MANZANAVALÈNCIA. El problema de acceso a la vivienda, especialmente en los sectores de población más jóvenes, se perfila cada vez más como uno de los problemas de primer orden en las ciudades medianas y grandes. La deriva se explicita por ejemplo en el aumento de las listas de espera para acceder a una vivienda pública. La precariedad laboral, la falta de oferta en el mercado, el estrecho parque público o la insuficiencia de las herramientas puestas en marcha por la administración se presentan, según se pregunte a unos u otros, como causas diversas de un único frente complejo.
Los últimos datos que ofrece la concejalía de Vivienda de València, que dirige Isa Lozano, no dejan lugar a duda. La cantidad de demandantes de vivienda social en la capital valenciana no dejan de crecer. En el último año y medio la lista de espera se ha disparado un 70% para conseguir un piso en alquiler social, especialmente dirigidos a colectivos vulnerables. 2.431 personas están inscritas en el registro municipal a fecha de finales de abril frente a los 1.450 demandantes que se contabilizaban en octubre de 2020.
La tendencia se ha notado también en la empresa pública Aumsa, que dirige ahora Alberto Aznar y que gestiona en València el parque público de alquiler asequible -con mayores estándares que la vivienda social-. En este caso, al acabar 2021 eran un millar de personas en el registro a la espera frente a las 178 solicitudes que había casi tres años antes. Esto es, la cifra se ha multiplicado por seis en este período.
Pero a nivel autonómico el escenario no es distinto. Así, la lista de espera para acceder a una vivienda pública de la Generalitat Valenciana también se ha disparado en los dos últimos años. La crisis económica derivada de la pandemia ha agudizado la emergencia habitacional y son muchas las familias que han tenido que pedir auxilio a la Administración valenciana. Así, mientras en 2019 las peticiones sin resolver alcanzaban las 9.583, un año más tarde se elevaban a 12.572 y en el pasado año 2021 fueron unas 13.413, lo que supone un aumento del 40% en estos dos últimos años, según los datos facilitados por la Conselleria de Vivienda, que lidera Héctor Illueca.
"En el País Valenciano hay un problema muy grande de acceso a la vivienda", reconoce la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO-PV, Ana Belén Montero, quien ve precisamente en estos datos una necesidad descubierta por el mercado por diferentes motivos. "Uno de los más grandes es el de la precariedad laboral", explica la representante sindical. La inestabilidad, la temporalidad y los salarios bajos "dificultan que las personas puedan acceder a comprar una vivienda y obligan a que se dediquen gran parte de su sueldo a pagar la hipoteca".
Montero insiste en que el problema se agrava al atender al sector de los jóvenes: las personas entre los 20 y los avanzados 30 años que se encuentran "en una situación de alta precariedad y bajos salarios". En ese sentido, subraya que este sector de la población tiene como "opción mayoritaria" el régimen de alquiler "y eso hace que estos segmentos tengan que compartir piso".
No obstante, al problema estructural consecuencia de la precariedad laboral se suma ahora la crisis de las materias primas. La nueva coyuntura económica derivada de la crisis sanitaria y las tensiones en la cadena de suministros se ha visto agudizada por la invasión de Ucrania y está poniendo en jaque a la mayoría de industrias. Y la construcción no es una excepción. Así, en los últimos meses el alza de los materiales ya ha provocado un encarecimiento de las obras de entre un 20 y 25%, tanto en residencial como en otros segmentos, para poder cubrir esos sobrecostes.
Pero también está la falta de suelo en València, que está mermando de forma significativa la obra nueva en el 'cap i casal' y, por ende, encareciendo su valor. Un problema que llevan meses denunciando los promotores valencianos, que critican la "inacción" de la Administración para desbloquear los desarrollos urbanísticos que tiene pendientes la ciudad. Porque mientras los nuevos proyectos van a la baja, la oferta sigue muy activa generando un fuerte desequilibrio en el mercado inmobiliario valenciano.
"El problema es que no hay oferta nueva y, por tanto, suben los precios porque sigue habiendo mucha demanda. La escasez de las materias primas ha roto el mercado y ha provocado la inflación y mientras la demanda no disminuya y la oferta siga a la baja habrá alza de precios que no benefician a nadie", explica Antonio Olmedo, presidente de la Asociación de Promotores de Valencia (Aprova).
Según un informe elaborado por la Cátedra Observatorio de la Vivienda de la Universitat Politècnica de València (UPV), sobre el mercado inmobiliario valenciano en el primer trimestre de 2022, se ha pasado de 99 promociones en el cap i casal "a solo 61" en un año, lo que supone "una reducción nunca vista en tan poco tiempo" debido a la falta de suelo y las trabas administrativas en la concesión de una licencia, subraya el documento. Asimismo, muchos proyectos que iban a lanzarse se han pospuesto a la espera de mayores certezas y una estabilización de los costes, lo que ha provocado una contracción mayor en la oferta y una subida de precios de hasta un 15% en València.
"No existen ayudas para el acceso a la compra de una vivienda, pero es que el problema es que no hay oferta y es un círculo vicioso: si no hay actividad económica, no se genera empleo y no se recaudan impuestos", recalca Olmedo. En este sentido, recuerda que en sectores como la construcción existe una falta de mano de obra cualificada que generarían empleos para mejorar la productividad y la riqueza. De hecho, señala que por cada vivienda que se construye se generan tres empleos directos y en rehabilitación por cada millón que se invierten son 20 contrataciones nuevas.
Por tanto, insiste en que para cambiar la situación, además de que las Administraciones simplifiquen los procesos burocráticos y desbloqueen los desarrollos urbanísticos pendientes, se debe poner el foco en el empleo. "Necesitamos actualizar el circuito con preparación y formación cualificada para generar productividad y una retribución salarial más alta que también permita el acceso a una vivienda", insiste Olmedo.
La escasez de vivienda pública y el elevado precio de la vivienda protegida es también un factor fundamental a tener en cuenta, a juicio de la secretaria de Políticas Públicas y Protección Social de CCOO-PV, quien señala que el metro cuadrado de vivienda protegida ha incrementado en los últimos meses: de 1.089 euros el m2 en 2020 a 1.094 en 2021.
En cuanto a la vivienda pública, Montero reclama "avanzar en el desarrollo del parque público" mediante la compra y la construcción de inmuebles. En ese sentido, exige que -como está reclamando el conseller de Vivienda, Héctor Illueca- los 10.000 pisos de la Sareb se traspasen a la Generalitat: "Hay que convertir esa sociedad -la Sareb- en una herramienta pública para garantizar el derecho a la vivienda".
Pero a su juicio, no hay que olvidar las medidas legislativas. La regulación del mercado del alquiler y la limitación de los precios, las medidas para controlar los precios de los alquileres turísticos y la limitación de la actividad en zonas tensionadas, o la prohibición de vender inmuebles a entidades privadas, son algunas de las políticas en las que, según Montero, se debería trabajar.
Desde la Conselleria de Vivienda se ha fijado como objetivo estos años la ampliación del parque público para atender la emergencia habitacional y dar una solución a los más vulnerables. Fue esa la obsesión del anterior conseller Rubén Martínez Dalmau y ese camino lo ha seguido el actual responsable del deparatamento, Héctor Illueca. Y es que precisamente las políticas públicas en esta materia son, para el secretario autonómico, Alejandro Aguilar, no solo un reto de legislatura, sino parte de la solución. "Partimos del contexto de que antes del Botànic había una inexistencia de políticas públicas entendidas como aquellas que garantizan el acceso a una vivienda digna y adecuada", señala.
A su juicio, esa carencia comportó una aguda crisis cuando estalló en el 2008 la burbuja inmobiliaria, que perduró años y derivó "en otra crisis de acceso a la vivienda porque muchas propiedades acabaron en manos de bancos que las vendieron a fondos de inversión". "Y ello también provocó la inexistencia de un parque público con menos del 1% en régimen de alquiler social", señala Aguilar. Ahora, "las dos crisis: la sanitaria y la de la guerra de Ucrania hacen constatar esa necesidad de políticas públicas de vivienda", incide.
En este sentido, desde su departamento se han puesto en marcha varios mecanismos para destensionar el mercado y aumentar sus activos residenciales. Entre ellos destaca el decreto de tanteo y retracto, la compra directa de inmuebles o el inicio de la promoción por parte de la Entidad Valenciana de Vivienda y Suelo (EVha) gracias a los fondos europeos. "El objetivo es duplicar el parque público de forma exponencial en los próximos años", subraya.
También, se han puesto en marcha mecanismos de carácter más estructural como la creación de unidades de ayuda contra los desahucios o ayudas directas a colectivos vulnerables. Aguilar insiste, asimismo, en la necesidad de que salga adelante la nueva Ley de Vivienda, que se tramita en el Congreso, y que incluye la regulación del alquiler para controlar "unos precios que se han disparado". "La cultura de la propiedad está muy extendida en España y necesitamos más vivienda en alquiler asequible para dar una solución habitacional", remarca el secretario autonómico.
En la ciudad de València, el gobierno municipal creó en 2015 la concejalía de Vivienda, que ahora dirige Isa Lozano, desde donde se articulan ayudas al alquiler, cuyo presupuesto ha ido in crescendo en los últimos años hasta los 2,4 millones de euros para el próximo año. Lo cual no ha sido óbice para que todos los ejercicios haya habido solicitudes sin atender por falta de dinero: en la última edición se concedieron 1.301 ayudas, pero otras 230 se quedaron fuera.
El departamento de Lozano también puso en marcha el Pla Reviure, que da una ayuda de hasta 20.000 euros a los propietarios de piso para que los reformen, a cambio de que acepten arrendarlos a un precio máximo durante al menos cuatro años. Con ello se pretende sacar pisos vacíos al mercado y así aumentar la oferta de alquiler para presionar los precios a la baja. Pero la falta de atractivo -nueve, seis y ocho pisos en las primeras tres ediciones- ha obligado a cambiar la mecánica: el ayuntamiento alquilará los pisos para subarrendarlos a los inquilinos finales para dar mayor seguridad a los propietarios.
Y la política de construcción de vivienda, por su parte, tampoco está teniendo éxito hasta el momento. La empresa municipal Aumsa, que preside la edil de Urbanismo Sandra Gómez, es la encargada de hacer el grueso de este trabajo. Sin embargo, del plan de vivienda anunciado hace cuatro años, que comprende la edificación de 327 pisos públicos para el parque público de alquiler asequible, apenas han visto la luz una quincena de ellos. Y por su parte, en los siete años de ejecutivo de izquierdas, la concejalía del ramo tiene en marcha el proyecto de un edificio en el centro de la ciudad, todavía está en pañales al estar realizándose los estudios arqueológicos previos.
En cuanto a la adquisición de vivienda, la concejalía licitó hace año y medio la compra de pisos por un total de un millón de euros, pero el concurso atrajo apenas el interés de dos propietarios. Por ello, el Ayuntamiento ha desistido de esa vía y busca en el mercado libre inmuebles susceptibles de sumarse al parque público. El año pasado se compraron siete viviendas. Otra de las vías es el uso del derecho del tanteo y retracto. En otoño se contaban por 120 las propuestas de venta de viviendas en las que el Ayuntamiento podía intervenir para valorar su compra preferente, si bien no se conoce hasta el momento que se haya aprobado ninguna operación para ampliar el parque de vivienda -sí para otros menesteres como la ampliación del archivo municipal-.
