Antifraude constata injerencias del presidente de Divalterra y de Vera en la jefatura de personal

VALÈNCIA. La Agencia Antifraude ha constatado injerencias por parte de José Luis Vera, el que fuera director de los servicios jurídicos, transparencia y prevención de riesgos penales de Divalterra, y del expresidente de la empresa pública, Ramiro Rivera, en todo el proceso relacionado con la jefatura de personal que tuvo lugar en 2021. Así lo establece en un duro informe final de investigación, en el cual concluye que ambos intentaron influir en el nombramiento de la persona que se iba a situar al frente del departamento de Recursos Humanos. Lo hicieron, afirma, tratando de intervenir en la decisión adoptada por el tribunal de selección mediante el planteamiento de la suspensión de la designación pese a que el procedimiento fue correcto. Unos hechos que cree que son susceptibles de ser constitutivos de fraude o corrupción.

Antifraude recomienda a la Diputación de Valencia, de la cual dependía Divalterra hasta su disolución el pasado junio de 2022, que proceda a instruir expedientes para valorar la exigencia de posibles responsabilidades sobre lo ocurrido. Según fuentes de la corporación provincial presidida por el socialista Toni Gaspar, el asunto se abordará en la próxima reunión del Comité Antifraude. Un órgano creado en julio del año pasado en el marco del plan para prevenir procesos fraudulentos y el cual componen los jefes de servicio de Presidencia, Transparencia y Contratación, los responsables en la gestión de los fondos europeos y los habilitados nacionales –secretario, interventor y tesorera–. 

Para entender lo ocurrido en este asunto, destapado por Valencia Plaza, hay que remontarse a comienzos de 2021. La última crisis en Divalterra vino a cuenta del procedimiento para cubrir la jefatura de Recursos Humanos, un puesto clave para la contratación de brigadistas. El proceso arrancó en julio de 2020 y finalizó en enero de 2021. Después de que el tribunal eligiera a la ganadora, Eugenia Fernández, el presidente de la empresa, el diputado del PSPV Ramiro Rivera, ordenó que se suspendiera su contratación debido a la presentación de un recurso por parte del aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena. Fambuena ha ocupado diversos puestos en Sanidad donde fue nombrado por las exconselleras socialistas Carmen Montón y Ana Barceló, y logró avanzar en el concurso de Divalterra gracias a una carta del ex subdelegado del Gobierno con el PSOE Luis Felipe Martínez.

El gerente, Antonio Mas, desobedeció al entender que se había hecho todo correctamente, de manera que la vencedora se incorporó el 18 de enero 2021. Lo siguiente pasó a ser una guerra total y una 'caza de brujas' a los cargos por supuestas filtraciones y los diferentes posicionamientos sobre lo ocurrido.

Para sus intenciones, Ramiro Rivera se vio avalado por numerosos informes elaborados por José Luis Vera, quien se erigió en instructor de un expediente sobre el caso como responsable de riesgos penales –responsabilidad equivalente a la de compliance o vigilante del cumplimiento normativo–, puesto para el que fue nombrado a dedo en diciembre de 2020 pese a que el Consejo de Administración de Divalterra –el mismo que aprobó su nombramiento– había autorizado tan solo un año antes una convocatoria pública para cubrirlo. En los últimos informes, Vera concluyó que había que anular todo el proceso siete meses después de su inicio, sin que nadie lo hubiera impugnado hasta que se resolvió, así como la contratación de la jefa de RRHH por más de una decena de irregularidades. 

El tribunal se ratificó en febrero de 2021 en su elección, de manera que los documentos de Vera tenían que pasar a votarse en el Consejo de Administración de la empresa. Se llevaron, así, al celebrado a comienzos de marzo de ese año, pero se acabó aplazando el pronunciamiento ante una total falta de acuerdo –no quedaban claros los equilibrios a favor de las tesis de Vera–. A lo que luego se sumaron diversas dimisiones de consejeros. Para sustituirlos se convocó una Junta General en la que se votaron los nuevos miembros, tanto los de los grupos políticos como los de los "técnicos" propuestos por Toni Gaspar. Aunque todos ellos eran funcionarios, contaban con vinculaciones políticas debido a que habían ocupado cargos con PSPV y Compromís, lo cual podía facilitar esa mayoría deseada dentro del Consejo. 

El polémico cese del gerente y la ratificación del nombramiento en RRHH

Llegó, posteriormente, la convocatoria de un nuevo Consejo de Administración el 12 de marzo de 2021, donde volvía a figurar en el orden del día la votación de otro informe de Vera que venía a establecer lo mismo que los anteriores –la anulación de todo el proceso de selección y de la contratación de la jefa de RRHH– pero que, además, señalaba directamente al gerente como responsable de varias irregularidades –y especialmente por su desobediencia–. De este modo, el otro punto que se iba a debatir era su cese. 

El informe de Vera fue tumbado por los consejeros, lo que desactivaba las maniobras del PSPV durante aquellos meses y ratificaba a la jefa de RRHH. Sí salió adelante la destitución del gerente, que en su turno de palabra de esa reunión aprovechó para recriminar a Vera que hubiera ejercido de fiscal, juez y acusación para 'ejecutarle'. Igualmente, afirmó que habían sido presionados tanto él, como el tribunal de selección al completo y la propia ganadora.

Para abordar todo lo ocurrido a petición de los partidos de la oposición, se celebró en marzo de 2021 una Junta General extraordinaria, en la que los portavoces del PP, Ciudadanos y Vox expusieron sus sospechas sobre la intencionalidad real de revocar la selección de la ganadora en la jefatura de RRHH. Pero la cita se vio totalmente eclipsada por el anuncio de cierre de Divalterra por parte de Gaspar en los últimos minutos. Un llamativo golpe de efecto tras aquellas semanas de dimisiones, ceses y tensiones internas. De hecho, entre las peticiones del portavoz de los populares (Vicente Mompó) y de la de los naranjas (Rocío Gil) se encontraba la votación del cese de Ramiro Rivera y de José Luis Vera, algo que no permitió Gaspar porque no estaba en el orden del día y, en su opinión, no correspondía. 

A todo este relato de hechos se añadió otro factor, como fue el posicionamiento de la Agencia Antifraude. La entidad que dirige Joan Llinares abrió una investigación sobre el intento de revocar la contratación de la jefa de RRHH tras las denuncias de varios miembros del tribunal, a los que otorgó la protección del denunciante. Su papel no se limitó solo a esto, sino que elaboró un informe de asesoramiento en el que concluía que el proceso estuvo presidido por el principio de transparencia y que se valoraron correctamente los méritos de la persona contratada conforme a las bases de la convocatoria. También que "no cabía recurso alguno" contra el resultado, que en todo caso se rige por derecho laboral y sólo podría ser impugnado en la jurisdicción social de acuerdo con la doctrina del Tribunal Supremo. 

Ahora, por fin, llega esa resolución final de toda la investigación llevada a cabo, en la que sumado a lo ya concluido sobre que ese proceso fue correcto, Antifraude establece que hubo injerencias por los dos cargos de Divalterra –uno del PSPV y otro cercano a este partido– que trataron de frenar el nombramiento de la jefa de RRHH. 

Conclusiones del informe

El informe cuenta con cuatro conclusiones: 

- Que la actuación del tribunal, soberana en un procedimiento calificador, fue conforme a las bases, con respeto a la regulación aplicable al caso y a la normativa laboral. También que fue motivada y justificada "sin que consten irregularidades en el desarrollo del procedimiento, en la conformación del tribunal, en la actuación de sus miembros y en el resultado de las pruebas". Y, de manera concreta, en lo relativo a la resolución de las alegaciones, peticiones y recursos interpuestos por el aspirante José Fambuena.

"La realización de actuaciones internas en el seno de la empresa Divalterra pretendiendo la suspensión no fue ajustada al procedimiento ni estuvo amparada en la normativa aplicable"

-Que una vez que se acordó la contratación laboral y, con ello, la creación de un vínculo mediante contrato de trabajo, respetando las bases del procedimiento y la normativa aplicable, las posibles reclamaciones de cualquier aspirante deberían ser planteadas ante la jurisdicción social. "Por lo que la realización de actuaciones internas en el seno de la empresa Divalterra pretendiendo la suspensión no fue ajustada al procedimiento ni estuvo amparada en la normativa aplicable", indica la agencia. 

-Que la mercantil no adoptó acuerdos en base a los informes emitidos por el exdirector de los servicios jurídicos, José Luis Vera, "dado que no se ajustarían al procedimiento ni a la normativa aplicable". "Dichos informes y las actuaciones iniciales en base a los mismos intentaron influenciar en la decisión adoptada, planteando la suspensión del nombramiento de una persona nombrada conforme a la propuesta del tribunal y conforme al procedimiento seguido", apunta Antifraude. 

-Por último, que no consta que se haya impulsado la investigación iniciada por Vera por parte de la mercantil.

En sus alegaciones al informe provisional de la agencia, la Diputación de Valencia defendió que el Consejo de Administración de Divalterra "podía y debía, en aras del principio de diligencia debida de sus administradores, tramitar, estudiar y resolver la reclamación de José Fambuena presentada en el proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos. "Que tras el estudio de la reclamación se haya determinado que el proceso de selección era ajustado a derecho, no quiere decir que se debiera inadmitir la reclamación", argumentó la corporación provincial. Del mismo modo, sostuvo que Divalterra actuó en este proceso de selección de la misma forma que lo hizo en situaciones similares anteriores.

La Diputación hizo hincapié en que la reclamación planteada por Fambuena se hizo con anterioridad a la contratación de la nueva jefa de RRHH y, por tanto, a la creación de un vínculo mediante contrato de trabajo. De estas actuaciones, en su opinión, "no se observa que existiera una voluntad de influir en la decisión adoptada por el tribunal sino la de mostrar prudencia y no firmar un contrato de trabajo con una persona hasta que se diera respuesta por el Consejo de Administración a la reclamación".

"No fue el caso, pero si hubiera resultado que la reclamación del señor Fambuena se hubiera estimado por haberse separado el tribunal de las bases del procedimiento y haberle correspondido una mayor puntuación, la sociedad se hubiera encontrado ante el problema de tener un contrato de trabajo formalizado y un aspirante con derecho a formalizar el contrato de trabajo con la sociedad para el mismo puesto", explicó la Diputación.

Antifraude no las estimó al entender que no justificaba la actuación de Divalterra, que considera que fue incorrecta. 

El informe recuerda igualmente que la Fiscalía inició una investigación sobre todos estos hechos tras una denuncia del PP, que poco después archivó al no apreciar los posibles delitos de tráfico de influencias y prevaricación. La agencia no puede investigar los mismos hechos "que hubieran conocido bien las autoridades judiciales, bien el Ministerio Fiscal o bien la policía judicial", pero sí detectar "posibles irregularidades administrativas o laborales que se hayan producido". Y es en este ámbito en el que se han centrado las presentes indagaciones.