Imagen de archivo de un pleno de la Diputación de Valencia. Foto: DIVALVALÈNCIA. La crisis generada en Divalterra por el embrollo en el que se ha convertido el proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos se ha visto agudizada en los últimos días y horas por varias dimisiones de sus consejeros. Aunque todos los hechos no parecen estar absolutamente relacionados entre sí, la conexión en algunos casos y, sobre todo, la coincidencia en el tiempo de lo ocurrido han acabado por dejar un escenario muy complicado.
Hasta cinco renuncias de miembros del Consejo de Administración de la firma se han producido en los últimos diez días. El primero fue Javier Cuenca el pasado 16 de febrero, quien estuvo al frente de la unidad de preselección de la Diputación, pero desde diciembre ocupa la jefatura de la Inspección General de Servicios de la Generalitat tras ser fichado por la consellera de Justicia, Gabriela Bravo.
A él le siguió Carlos Gil, consejero del PP pero que ha pasado a ser diputado no adscrito tras ser procesado por posible violencia machista, por lo que al dejar de pertenecer al grupo popular ha de ser sustituido (lo hará Pepe Morgan).
Hasta cinco renuncias de miembros del Consejo de Administración de la firma se han producido en los últimos diez días.
Comunicó también su renuncia Emili Altur, representante de Compromís. Según fuentes del grupo, ya había manifestado hace tiempo la intención de salir y transmitió su decisión definitiva el 23 de este mes. Situación similar a la de Jorge Ochando, consejero de Ciudadanos y denunciante del caso Alquería por el que el juez acaba de abrir juicio oral al expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez y a otros 14 cargos de PSPV y Compromís por supuestas contrataciones ilegales en Divalterra. Desde el grupo señalaron que su marcha, comunicada en el último Consejo de Administración de este jueves, se debe exclusivamente a motivos personales y que nada tiene que ver ni con Alquería ni con las polémicas recientes. Lo relevará Ignacio Sánchez Amorós.
Finalmente, este mismo viernes, y con pocas horas de diferencia respecto a Ochando, presentó su renuncia Beatriz Moreno, tesorera de la empresa pública. El motivo no ha sido concretado, aunque fuentes de la Diputación señalan que llevaba tiempo estudiando su salida y que los acontecimientos recientes la habrían podido acelerar.
La próxima cita de importancia tendrá lugar el martes que viene, cuando está convocada la Junta General de Divalterra (el pleno de la Diputación). El orden del día inicial es el de cubrir los puestos del Consejo de Administración vacantes. Algo ya de por sí de importancia porque, de acuerdo con los estatutos de la empresa, éste ha de estar compuesto por un número de miembros no inferior a 9 ni superior a 14, de manera que sin ese requisito no debería funcionar.
Pero a ello se le añade que, tal como ha publicado Valencia Plaza, se pretende que esa Junta General (el pleno de la Diputación que preside Toni Gaspar), de acuerdo con fuentes de la Diputación, "adopte las medidas necesarias" dirigidas a "permitir la adecuada operatividad de Divalterra y sus trabajadores". La causa a la que aluden es la "imposibilidad por parte del Consejo de Administración de "resolver aspectos importantes". Una "inoperatividad", añaden, que se ha "agravado" tras las mencionadas dimisiones.
Este planteamiento supondría que el pleno de la corporación provincial –que preside Toni Gaspar y donde cuentan con mayoría PSPV y Compromís– pueda pasar a asumir el mando de la empresa. A la espera queda ver en qué se concretará y las posturas del resto de grupos.
Compromís, grupo que pasa a ser clave en el asunto, evita por el momento posicionarse respecto a la toma de control de Divalterra
La que de mayor interés resulta es la de Compromís, desde donde se muestran "preocupados" por la situación, admiten, aunque –aseguran– no tienen todavía ni la información ni la documentación necesarias para tomar ya una posición concreta. Lo cual harán, apuntan, en el momento en el que se hagan propuestas en la Junta General.
Mientras tanto, seguirá en el aire la decisión en torno al proceso de selección de la nueva jefa de Recursos Humanos. Como reveló este periódico, el presidente de Divalterra ordenó suspender a mediados de enero el nombramiento de la vencedora del proceso –elegida por el tribunal– después de que el aspirante que quedó en segundo lugar presentara un recurso. El gerente, sin embargo, no obedeció la orden y la contrató al entender que todo se había realizado correctamente. A partir de ese momento, el jefe jurídico, José Luis Vera, inició una investigación interna mientras la Agencia Antifraude abría otra tras recibir una denuncia desde el propio tribunal por todos los movimientos para revocar el proceso, que muchas voces de la empresa pública consideraban injustificados.
En las conclusiones de sus indagaciones, plasmadas en dos informes, mantiene que procede anularlo todo: las bases, el mismo procedimiento y el contrato al haberse realizado, asegura, en fraude de ley.
De modo que de un lado se encuentra el tribunal, reafirmado en su decisión hace varios días, y de otro los informes del director jurídico diciendo lo contrario. El siguiente paso era que las conclusiones pasaran por el Consejo de Administración, lo que tuvo lugar este jueves en una reunión que contó con ciertos momentos de tensión, según fuentes de la Diputación, ante la diferencia de opiniones sobre la manera en la que se está desarrollando el asunto y cómo ha trascendido a los medios de comunicación.
El presidente de la empresa comunicó que se dejaba en el aire tanto las conclusiones sobre la anulación de todo el proceso de selección de la nueva jefa de RRHH como la votación –algo que generó reticencias entre algunos miembros–, cuyo resultado es incierto puesto que no quedó claro si los equilibrios se podían decantar hacia la revocación de la contratación de la ganadora. Entre otros motivos, por diversas ausencias en la reunión y las dimisiones. Ahora, el desenlace de todo tendrá que llegar tras la Junta General.
