Un pleno de la Diputación de Valencia. El exsubdelegado del Gobierno Luis Felipe Martínez firmó una carta de acreditación de experiencia al funcionario que ha recurrido el proceso de selección que ahora se quiere anular
VALÈNCIA. La aprobación este martes de los nuevos consejeros de Divalterra por parte de la Junta General, el pleno de la Diputación de Valencia que preside Toni Gaspar, ya comienza con controversia. Al hecho de que los tres técnicos nombrados han ocupado cargos con PSPV y Compromís, se une que uno de ellos ayudó al candidato que quedó en segundo lugar en el proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos de la empresa, centro de polémica desde hace varias semanas.
Se trata de Luis Felipe Martínez, que entra como representante sin sustituir a ninguno de los que recientemente ha dimitido, lo que supondría que la empresa pasara de tener 9 a contar con 10 si Compromís acaba incluyendo al suyo. Funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, ha estado ligado a los socialistas en varios cargos. El más destacado es el de subdelegado del Gobierno en Valencia entre 2004 y 2011, donde trabajó con tres delegados: Antonio Bernabé, Ricardo Peralta y Ana Botella. También fue subsecretario de la Conselleria de Justicia que dirige Gabriela Bravo entre 2015 y 2017 y secretario general de la Autoridad Portuaria de Valencia hasta 2019.
Tras dejar Justicia, volvió a la Delegación del Gobierno. Y desde allí, como secretario general, firmó un documento el pasado agosto en el que avalaba la experiencia en este órgano administrativo del funcionario José Fambuena Ayuso para que pudiera ser admitido en el proceso de selección de la jefatura de Recursos Humanos.
La importancia de este hecho radica en que el aspirante quedó en segundo lugar por detrás de Eugenia Fernández, la elegida por el tribunal, y recurrió. Tras lo cual, el presidente de Divalterra, el socialista Ramiro Rivera, ordenó suspender la contratación de la vencedora, a lo cual el gerente de la empresa no obedeció al entender que todo se había hecho correctamente. Ante esta situación, el director jurídico y de riesgos penales de la firma, José Luis Vera, inició una investigación interna mientras la Agencia Antifraude abría otra tras recibir una denuncia desde el propio tribunal por todos los movimientos para revocar el proceso, que muchas voces consideraban injustificados.
Vera acabó concluyendo en sus informes que, siete meses después, había que anularlo todo, desde la propia convocatoria hasta el nombramiento de la ganadora, por más de una decena de irregularidades detectadas. Después de que el tribunal se ratificara en su decisión y emitidos los mencionados informes, éstos tenían que pasar por el Consejo de Administración para que se votaran. Pero la reunión acabó aplazando el pronunciamiento ante una evidente falta de acuerdo –no quedaba clara la mayoría a favor de las tesis de Vera– y ciertas tensiones.
Pocas horas después llegaron varias dimisiones de consejeros, unidas a otras de días anteriores, por lo que se convocó la Junta General de Divalterra este martes con la idea inicial de tomar el mando de la empresa. Toni Gaspar, sin embargo, reculó y únicamente se procedió a la aprobación de los nuevos consejeros, tres de los cuales fueron propuestos por él (entre ellos Luis Felipe Martínez). Ahora, cuando se vuelva a convocar el Consejo, sus representantes, incluido el que fuera subdelegado del Gobierno, habrán de votar los informes de Vera, lo que podría suponerle un conflicto de intereses al tratar sobre un proceso en el que ayudó a uno de los aspirantes.
El documento que firmó, según ha podido comprobar este periódico, es del pasado 7 de agosto, día en el que el tribunal del proceso de selección de RRHH publicó el acta de los candidatos admitidos y excluidos en una primera criba. Fambuena quedó fuera, según consta, por no acreditar suficientemente su experiencia laboral para el puesto, y tanto a él como al resto se les dio un plazo de varios días para subsanarlo. Gracias al certificado firmado en tiempo récord por Martínez, Fambuena pasó el corte.
Según fuentes consultadas por Valencia Plaza, en el ámbito funcionarial lo habitual en estos casos es expedir una hoja de servicios donde constan todos los puestos ocupados por el interesado y su duración y no una carta de acreditación como aquí. En ella, Felipe Martínez expone que el candidato fue jefe de Servicio de Asuntos Generales de la Delegación del Gobierno, lo que comportaba responsabilidades directivas en el área de Recursos Humanos, y que siempre ha desempeñado "alguna jefatura" –sin concretar cuáles– que ha supuesto la dirección de equipos.
