VALÈNCIA. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 2 de València ha tumbado la adjudicación de la antigua Estación Marítima a la compañía belga Fosbury & Sons. Así lo recoge la sentencia que da respuesta al recurso presentado por Valencia Innovation District, la candidatura respaldada por Startup Valencia -Asociación Valenciana de Startups- para poner en marcha un nuevo hub tecnológico en la dársena.
Más de dos años después se desbloquea un proyecto clave para la evolución de la Marina de València como polo tech. Un desenlace que pone a la propuesta valenciana un poco más cerca de desarrollar su proyecto tras un concurso rodeado de polémica y que permitirá afianzar un espacio en el que ya se encuentran referentes como Marina de Empresas, Innsomnia, Zeus o el futuro Biohub.
Fue en noviembre de 2018 cuando la empresa especializada en coworkings era la elegida para gestionar el recinto por 25 años entre las dos ofertas presentadas a la licitación. Sin embargo, en mayo de 2019 se daba a conocer el recurso de Valencia Innovation District al no estar conformes con la adjudicación. Una acción ejecutada al entender que la oferta de la compañía belga no cumplía los pliegos.
Durante el proceso administrativo, sus impulsores ya interpusieron alegaciones previas a la vía judicial y un recurso de reposición, que fue denegado por el consejo rector del Consorcio Valencia 2007 pero cuyo argumento la justicia ha dado por válido, aunque todavía no es sentencia firme. La candidatura de Valencia Innovation District ha contado con la asistencia letrada del despacho de abogados DWF – RCD.
El canon, objeto de la discordia
A juicio de la propuesta valenciana, los belgas incumplieron los pliegos al presentar un canon variable, cuando la exigencia de los pliegos era la de un canon fijo obligatorio. Pese a ello, la Mesa de contratación no solo dio por buena la propuesta, sino que la puntuó por encima de su rival, que había obtenido mejor calificación en la parte técnica.
En este sentido, el objeto principal de la demanda era cuestionar la legalidad de este canon escalonado ofrecido por Fosbury & Sons, que dividía en su propuesta la cuantía de los pagos en tres fases: del mes 7 al 12 un pago mensual fijo de 15.250 euros, el segundo año de concesión un importe mensual fijo de 20.950 euros y a partir del tercer año el importe mensual fijo ascenderá a 26.650.
A ésta sumaba un canon variable del 1% sobre los ingresos de Fosbury & Sons Valencia a partir del año fiscal 2020. Mientras, la oferta de Valencia Innovation District era de 15.833 euros mensuales durante toda la concesión. El recurso presentado por los impulsores de la oferta valenciana señalaba la imposibilidad de aplicar la fórmula matemática prevista en los pliegos para calcular el canon de su rival de forma directa.
Este argumento ha sido finalmente validado por la justicia, al coincidir con la parte demandante en que no es posible valorar la oferta económica planteada por la compañía belga mediante la fórmula prevista en los pliegos. Según consta en el documento, esta acción suponía un trato discriminatorio del Consorcio Valencia 2007 -participado por Generalitat, Ayuntamiento de València y Estado- de la oferta descartada respecto a la propuesta ganadora al usar para puntuar el proceso otra fórmula no contemplada.
Ahora, esta anulación devuelve el proceso a la fase previa a la adjudicación lo que supone que, si sobre la mesa hay dos ofertas, debería valorarse aquella que quedó descartada y, en principio, única candidata a adjudicarse la gestión. Cabe recordar el revuelo que se produjo en una parte del ecosistema startup valenciano cuando se vio que, posiblemente, el proyecto iba a terminar ejecutado por la compañía belga.
Y es que, entre los consejeros de la sociedad recurrente -creada ad hoc para el concurso-, aparecen empresarios y emprendedores referentes del sector en la ciudad como Ángela Pérez, CEO de Imegen, Nacho Mas, CEO de Startup Valencia, Iker Marcaide, fundador de Zubi Labs o Enrique Calabuig, fundador de Kaiho Capital. Un proyecto cuya propuesta era convertir a la ciudad en un hub internacional.
Era mayo de 2019 cuando Fosbury & Sons firmaba el contrato con la Marina de València para poner en marcha su proyecto Valencia Innovation Bay. En ese momento, se emplazaba a 2020 como año para abrir las puertas del espacio. Unas fechas que se fueron aletargando presumiblemente no solo por la pandemia, sino también por el recurso que, según el desenlace final, podía complicar la situación de la compañía si acometía una gran inversión.
Era principios de 2021 cuando Violeta Garín, local manager de Fosbury & Sons en València, dejaba finalmente la compañía sin poder poner en marcha el coworking. Así lo apuntaba en una publicación en la red social LinkedIn, donde hacía un repaso por las dificultades que desde sus inicios había vivido con el espacio.
"Siempre he estado convencida de que valía la pena defender este proyecto y tenía razones de peso para hacerlo por tratarse de una iniciativa que atraía inversión y talento internacional a Valencia", señalaba. "Personalmente, la decepción ha sido grande. También porque en mi opinión, el perjuicio más importante es para la ciudad de Valencia, La Marina de València y para todas las muchas personas que como yo han apoyado y trabajado para esta iniciativa desde el principio o a lo largo del camino", insistía.
También se desvinculaba de la misma Oliver Weichold, encargado de dirigir la parte inmobiliaria de Fosbury en España y quien formó parte del diseño del proyecto en València.
En mitad del clima generado por el recurso y la covid, la firma belga entró a negociar el pasado verano con la gestora de capitales valenciana especializada en promoción inmobiliaria White Investing la venta de la filial que se adjudicó la concesión y que no había acometido la reforma del espacio. Se abordó un preacuerdo entre la compañía belga y la gestora de capital valenciano por el que Fosbury vendería la sociedad que creó para optar al concurso a la firma de los inversores valencianos, pero se quedaría como gestor del activo. Una operación que quedó paralizada precisamente por el recurso judicial.
Desde la Marina de València continuaron en conversaciones con otras grandes compañías dispuestas a estudiar la cuestión ante la inacción de la compañía belga. Sin embargo, ninguna de las negociaciones prosperó en un camino que ha terminado por devolver el proceso a, prácticamente, el punto de partida.