Imagen de archivo. Foto: EPVALÈNCIA (EFE). Las 14 comunidades y ciudades autónomas donde gobierna el PP, entre ellas la valenciana, han rechazado en bloque la Ley de Restauración de la Naturaleza aprobada por la Eurocámara por "poner en riesgo" la sostenibilidad del campo y el sistema alimentario español y han criticado al Gobierno por no debatir ni consultar con las autonomías.
Estas comunidades han enviado una carta a la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Ribera, para pedir la convocatoria"urgente y presencial" de la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente con el único objetivo de debatir sobre esa ley.
Según un comunicado del PP, en la misiva las autonomías califican esta normativa de "arbitraria, poco rigurosa y errónea" y critican a Ribera por no haber debatido con las comunidades una ley "transcendente", que poner en riesgo la sostenibilidad del sector primario y de todo el sistema alimentario español.
La ley fue aprobada hace unas semanas por el Parlamento Europeo en una votación ajustada que superó el rechazo mayoritario del Partido Popular Europeo (PPE) y también contaba con un equilibrio frágil entre los Estados miembros, puesto que siete de ellos tenían problemas con el acuerdo provisional.
Pero después, esta norma, que busca proteger la biodiversidad y recuperar los ecosistemas del continente, quedó en el aire después de que Hungría se sumase a finales de marzo al grupo de países críticos, imposibilitando así una mayoría a favor de aprobarla.
Las comunidades gobernadas por el PP planean exigir al Gobierno que muestre su rechazo a la normativa en el próximo Consejo de Ministros de la UE, que tiene previsto celebrarse en junio.
La vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, ha pedido al Gobierno que traslade este rechazo a Bruselas, ya que, en su opinión, la ley supone "dar un nuevo mazazo al sector, que está sufriendo un plan estratégico de la PAC (Política Agraria Común) inflexible y mal planteado".
También ha criticado que en la ley de Restauración de la Naturaleza no se establecen los mecanismos financieros necesarios ni las compensaciones o indemnizaciones precisas para un posible cambio o limitación de la actividad que se lleve a cabo sobre el territorio.
Firmada por todas las autonomías donde gobierna el PP, en la carta se considera que la ley parte de un "planteamiento erróneo", ya que contraponen los objetivos de protección de la naturaleza con los de desarrollo sostenible vinculados a la agricultura y a la ganadería.
Para estas comunidades, la ley "pone en serio riesgo el ecosistema rural del que depende el sistema alimentario europeo" y "la pérdida de tierra para el cultivo supondrá un peligro real que favorecerá los incendios" y que irá en contra de un sistema agrario que garantice una alimentación de calidad a buen precio.
Denuncian asimismo que la normativa carece de "una evaluación rigurosa, de informes técnicos y de medidas responsables y proporcionadas que permitan conjugar la lucha contra el cambio climático con la economía y el bienestar de la sociedad".
