VALÈNCIA. Miguel Mínguez tomaba posesión el pasado mayo de la cartera de Sanidad del Gobierno valenciano de manos de Ana Barceló, quien dejaba el departamento tras ser nombrada hace cuatro años después de la marcha de Carmen Montón al Ministerio del ramo. Durante sus mandatos, se han apagado fuegos en marcha - al margen de una pandemia-, si bien Sanidad parece una conselleria donde los asuntos pendientes no concluyen nunca.
Aunque se ha conseguido ejecutar durante el mandato promesas clave como las reversiones de los departamentos de La Ribera o Torrevieja e incluso la de resonancias magnéticas -que acumulaba años de retraso-, aún quedan asuntos nada desdeñables que abordar en lo que queda de legislatura y que recaen sobre los hombros de nuevo conseller como herencia de los anteriores mandatarios.
Entre las últimas promesas de Barceló, por ejemplo, estaba la de dar estabilidad a los investigadores con un estatuto que permitiera una progresión laboral y que, por lo pronto, no parece salir del fango en el que está enterrado. Un borrador de decreto que no ha obtenido ni el visto bueno de la Abogacía de la Generalitat ni del Consell Jurídic Consultiu. Y, para más inri, el director general al frente dimitió la pasada semana y el puesto se encuentra vacante.
Tampoco tuvo muy buena acogida el concurso de transporte sanitario, con el que ya se generó polémica previo a su licitación al solicitar Compromís y Unides Podem la reversión. Ahora, cuenta con varios recursos, como el de la Asociación Española de Técnicos en Enfermería Emergencias Sanitarias y Sociosanitarios (Aetesys), ente que alude a la instrumentación de la externalización de este servicio para no asumir de forma directa la contratación de los técnicos en emergencias sanitaria.
De hecho, los sindicatos también se manifestaron con la cuestión. Y es que UGT Serveis Públics del País Valencià denunciaba que supondrá la pérdida de empleo público y menor calidad en la prestación del servicio de ambulancias al también entender que hay una privatización encubierta de puestos de trabajo públicos que hasta el momento no lo estaban. Tampoco están contentos con la centralización del CICU en la provincia de Valencia, una cuestión que vuelve de forma constante a las críticas de los sindicatos.
Otro de los temas pendientes que desde hace meses no se abordaba por la ya exconsellera de Sanidad era el de los consorcios de departamentos sanitarios: el General de València y el Provincial de Castellón. Aunque desde el departamento igualaron categorías a las de la administración valenciana, su personal sigue integrado en el consorcio, lo que supone que su rango de movilidad a otros hospitales sea nulo y perjudique a estos profesionales que, desde hace años, vienen reivindicando formar parte de forma directa de la Conselleria de Sanidad.
Una cuestión que también se extrapola al personal de Salud Pública, que actualmente tiene régimen funcionarial y no estatutario, lo que les perjudica en cuestiones como no poder cobrar con los mismos parámetros las horas extra, tal y como ocurrió durante la pandemia de la covid.
En materia de personal, otras cuestiones se agolpan en la puerta del despacho de Mínguez. Por ejemplo, desde CCOO insistían en que todavía no se ha aprobado el plan de vacaciones a las puertas del verano, lo que podría suponer no contar con los suficientes profesionales para abordar dichos meses. También está sobre la mesa el desarrollo del Plan de Ordenación de Recursos Humanos (POHR), que según denunciaban desde CSIF y CCOO lleva siendo papel mojado desde 2019.
Aunque ya parece un tema aparcado, no hay que olvidar la promesa que desde Presidencia de la Generalitat realizaron al comité de empresa del departamento de Dènia y a los alcaldes de la Marina de revertir la gestión del área. Una cuestión que por el momento ha quedado en agua de borrajas al prescindir la Conselleria de Sanidad de litigar con Ribera y DKV tras la compra de acciones.
Por último, entre las cuestiones destacadas de los últimos meses también se encuentra el conflicto por el reparto de las 6.000 plazas estructurales entre los diferentes departamentos. Una cuestión que ha generado polémica en primer lugar por la falta de negociación en mesa sectorial y la falta de comunicación. Una tónica que desde los sindicatos ya criticaron con Carmen Montón, que se extendió a Ana Barceló y que ahora esperan que se enderece con Mínguez al provenir del entorno medico más directo.
