VALENCIA. El pasado 14 de octubre el conseller Vicent Marzà aseguró que el presupuesto de la Generalitat Valenciana para la Cultura iba a estar “comprometido por convenios plurianuales” heredados del anterior Consell. El titular de la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte se refirió a esos acuerdos en la presentación del ‘Código de Buenas Prácticas para la cultura valenciana’ como “un regalo envenenado”, y advirtió que impedían que “la subida [presupuestaria] en cultura” acabara siendo la que el nuevo Gobierno autonómico “hubiese deseado”.
Los convenios de la “programación plurianual de las subvenciones de la Conselleria”, aprobados por el anterior Consell el 4 de octubre del pasado 2013, ascendían a 99.096.188 euros. El Consell tendrá que hacer frente a 43 millones de euros todavía pendientes, pertenecientes a 47 acuerdos plurianuales que se extienden hasta 2024, según la documentación a la que ha tenido acceso Valencia Plaza. Dichos contratos suponen para el área de Cultura de la Generalitat un gasto de 5,5 millones de euros en el próximo ejercicio y según el presupuesto, 200.000 euros más que la cifra que la Conselleria había sumado para esta área con respecto a las cifras de 2015.
El 6,5% del presupuesto del próximo año en Cultura (84,3 millones de euros) irá a parar a estas subvenciones plurianuales con 36 municipios, de los cuales 30 estaban gobernados por el Partido Popular en el momento de la adjudicación (esos seis son Bocairent, Cocentaina, Lloc nou d’en Fenollet, Pedreguer, Vila-Real y Montroi). Por población y teniendo en cuenta todos los convenios aprobados en el “capítulo VII del programa 454.10 de Promoción Cultural”, el municipio más beneficiado es Teulada. A la “construcción y equipamiento” del auditorio en la población del que fuera vicepresident del Consell en el momento de la firma –y exalcalde del municipio-, José Ciscar, se destinan 7.865.744 euros. Siguiendo el mismo criterio le sigue Lliria, con la dotación para los locales sociales de la Banda Primitiva y la Unió Musical (1.725.000 y 3.525.000 euros) y Alcoi, con lo aportado para el Centro de les Arts (3,5) y el Teatro Calderón (5.855.048,12 euros).
La capital de la Comunitat Valenciana, Valencia, apenas recibe unos 6 de los 99 millones de euros en estos acuerdos destinados eminentemente a contenedores culturales, mientras que Castellón y Alicante rozan los 20 y 10 millones de euros, respectivamente. La construcción del Museo de la Sal y un teatro en Torrevieja recibe 6 millones; los auditorios de Catarroja y Vila-joiosa 3,7 y 3 millones de euros; la construcción de la biblioteca pública de Vila-Real, 2.425.000 euros; el nuevo centro sociocultural de Xàtiva, 1,8 millones; las sociedades musicales de Casinos y Montroi, 1,6 y 1,4 millones de euros respectivamente. Entre los citados se reúnen las mayores cuantías de estas subvenciones plurianuales, aunque Torrent, pueblo de la que consellera de Cultura en el momento de la firma –y ex alcaldesa del municipio-, María José Català, destaca por tener acuerdos ‘menores’ con hasta tres entidades independientes a las administraciones: Teatro del Salón Parroquial de la Iglesia de la Asunción y los nuevos locales para el Círculo Católico y la Unión Musical; 750.000, 600.000 y 550.000 euros, respectivamente.
Otros municipios incluidos en la lista son Almoradi, Beniarjó, Benigànim, Chulilla, Chiva, Cullera, Dolores, Ibi, Llosa de Ranes, Monforte del Cid, Navajas, Onil, Ontinyent, Orxa, Pedreguer, Pobla Llarga, Vilallonga, Xàtiva, Segorbe y Foios.
El acuerdo sellado por el Consell en la citada sesión de 2013 comprometía a los tres futuros gobiernos autonómicos valencianos, “algo que aun siendo legal, incumple los códigos éticos más básicos de una democracia, privando de autonomía a futuros gestores”, valoran desde la Conselleria a Valencia Plaza. La documentación consultada por este diario no permite conocer al detalle cuándo expiran cada uno de los acuerdos, aunque las mismas fuentes de la Administración confirman que “muchos de ellos finalizan en 2024”, esto es, 11 años después de su firma.
La legalidad de los mismos se enmarca en la Ley General de Subvenciones (38/2003) y en lo que se detalla a partir del artículo 22, pese a lo que dispone la Ley General de Presupuestos (47/2003). En esta última, existe un apartado específico dedicado a las ‘subvenciones plurianuales’ -Artículos 57 y su extensión en el 47- que dicta que este tipo de convenios sólo se pueden poner en marcha dentro de una misma legislatura y, como máximo, extenderse hasta cuatro años. Sin embargo, la singularidad llega al enfrentar esta normativa a la omisión de actuación en obra pública por parte de la Administración, que bloquearía cualquier intención de alterar los acuerdos.
Desde la Conselleria de Cultura, no obstante, se sostiene que “se cumplirá con todo lo acordado, como no puede ser de otra forma”, se reconoce su legalidad “y el compromiso ya se refleja en los presupuestos del próximo año”. De hecho, descartan iniciar ninguna acción para revocar o modificar los acuerdos pendientes: “lo relevante es que estos 43 millones de euros van destinados a la política contraria en materia cultural en la que trabaja el conseller Marzà, la del ladrillo para los grandes contenedores”. En ese sentido, y redundando en la idea con la que defendió el propio representante los presupuestos en Les Corts hace algunas semanas, la Conselleria afirma que la presente será una legislatura “para los contenidos”, en un escenario autonómico en el que se considera que incluso hay “demasiados contenedores”.
