Foto: MARGA FERRERVALENCIA. El recurso de los socialistas a la ley que promovió el cierre de Radiotelevisión Valenciana está "en fase de conclusión", según ha informado el Tribunal Constitucional a Valencia Plaza este viernes. Así ha matizado el alto tribunal la información que el sindicato CGT interpretó ayer erróneamente y que este diario ha publicado hoy. El requerimiento para la nulidad del ERE en RTVV sigue su curso a la espera de una sentencia que podría ofrecer tres escenarios, según el TC: la anulación total del recurso, la anulación parcial o la continuidad del mismo.
La información del alto tribunal coincide con la cronología expuesta por el PSPV que recuerda que "el 29 de enero de 2016 presentó escrito alegando el decaimiento del objeto del recurso instado en su momento por la aprobación de la ley 12/2015; en febrero de 2016 la abogacía de la Generalitat presentó escrito alegando el decaimiento del objeto del recurso y en julio y septiembre de 2016, con motivo de la aprobación de la ley 6/2016 (para la reapertura de una nueva RTVV) la abogacía de la Generalitat, presentó sendos escritos comunicando este extremo y alegando que el decaimiento del objeto del recurso se reiteraba en todos sus efectos con la aprobación de esta nueva ley".
No ha habido más informaciones oficiales, salvo que cuando ayer dos fuentes distintas del TC fueron consultadas por los representantes de CGT sobre este asunto, ambas insistieron en que estaba "concluso". Así insisten desde CGT y desde el alto tribunal matizan que "periodo de conclusión no significa que se haya tomado una decisión final a su respecto". De hecho, se ha de producir la citada sentencia. Las fuentes del sindicato han admitido a este diario que quizá se haya malinterpretado una información de la que siguen muy pendientes y de la que no tienen la menor información por parte del PSPV, pese a que -siempre según su relato- han intentado que se les mantenga informados sobre la causa.
La intención que el propio president Ximo Puig expresó en su día, que trataba de subsanar "el atropello democrático, cultural, social y la dignidad y derechos de los valencianos", queda pendiente de que el pleno del TC se reúna y decida mediante sentencia qué sucede con la causa. En el caso más favorable del proceso para los intereses de los extrabajadores de RTVV, la situación se anularía en el TC y su causa particular continuaría en la Audiencia Nacional.
El recurso no subsanado, por su parte, presentó "defectos de forma y de firmas, según nos había informado el TC". Algunas fuentes del sindicato sospechan de la posibilidad de que el PSPV tratará de "atrasar" el proceso, con la confianza de que a estas alturas, en septiembre de 2016, la nueva Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC) estuviera en marcha. Algo que, "al tratarse de un tribunal tan político, podría influir de alguna manera a futuro en la toma de decisiones".
No obstante, desde el sindicato son cautos con los plazos: "el juicio puede llegar en meses o en años". Más allá del horizonte temporal para un juicio, son "optimistas. Lo vemos factible y no sólo por lo que hizo el PP en su momento, con la precipitación en materiales legales, sino también por las cosas que ha hecho el actual Gobierno y que pueden favorecer su nulidad".
En este sentido, la CGT cree que se podría estar incurriendo en una "sucesión de empresas con la actual puesta en marcha de la CVMC". ¿Las razones? "Es el mismo emisor de señal, la misma maquinaria utilizada, por el mismo espacio de la TDT...". El sindicato, de cuya resolución están pendientes los 1.600 extrabajadores de RTVV ya que todos ellos se verían recompensados en sus derechos en caso favorable, insiste en que "es una contradicción que el Gobierno nos apoye en esta causa. Igual que aquella noche estuvieron allí (en referencia al Centre de Producció de Programes de RTVV) no creo que ahora vayan a defender que aquel ERE fue legal".
Las fuentes del sindicato se muestran muy molestas con el actual Gobierno, ya que consideran que han tenido "tiempo suficiente para rectificar la situación". Conscientes de que si se anula el ERE el peso económico tendría una carga de entre 150 y 200 millones de euros para las arcas públicas, insisten en que son "los primeros en querer una televisión en valenciano. Lo que no podemos hacer es dejar de defender nuestros derechos". Además, insisten en que "nadie" en el Gobierno les ha querido escuchar: "nos hemos mostrado dispuestos a negociar. Nunca hemos propuesto restablecer los 1.600 puestos de trabajo. Hemos hablado de la mitad, con una postura flexible y sin líneas rojas. Otra postura es absurda".
A cambio, los representantes de la CGT hablan de soluciones para "el resto de trabajadores" como "prejubilaciones para mayores de 55 años, recolocaciones en la Adminsitración como ha sucedido en el caso de otros ERE's, etcétera". Para acabar, ultiman que "hasta el día del juicio tendremos el móvil en la mano, por si quieren negociar".
