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la prometida reforma de la ley de espectáculos no llega

La desidia de Les Corts mantiene a los teatros al margen de la legalidad

23/01/2018 - 

VALÈNCIA. Se abre el telón: 5 de junio de 2017. Mediodía. Mensajes extraños vía WhatsApp que derivan en comentarios nerviosos de oficina. En la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte y en sus despachos adyacentes se sabe que las artes escénicas valencianas van a boicotear la gala de los XX Premios Max. El acto, que ha supuesto una inversión importante de l'Institut Valencià de Cultura, que aspira a reposicionar precisamente al tejido artístico y empresarial en el Estado, corre la amenaza de deslucirse ante una protesta airada del sector. Entreacto en silencio.

Segundo acto: 5 de junio de 2017. 20 horas. Hace calor y parece justificado el sudor de intranquilidad entre algunos responsables de la Administración valenciana a su llegada a la alfombra roja. No hay comentarios al respecto de la performance que se avecina. Les han garantizado que sucederá, pero queda una última esperanza: las formas. No saben exactamente hasta dónde llegará la rebelión y quizá la pataleta se quede, una vez más, en un gesto simbólico. Así es: unos minutos después, con sonrisas amplias y relajadas, muchos de los dueños de salas, productores y algunos actores portan una pegatina (y la reparten a los interesados). Dice: Teatros Legales ¡YA!. 

Se cierra el telón. La gala se acaba. Junio se acaba. El verano se acaba. El año se acaba. ¿Los teatros son legales ya?

La respuesta corta es no. La de los técnicos de licencias del Ayuntamiento de València, por ejemplo, es tan gallega como descriptiva: "¿cuántos espacios tienen licencia de teatro en la ciudad? Dos: el Principal y el Olympia". ¿Y el resto? Si quien ofrece la respuesta es la misma fuente, no ("y a estos dos no se les discute por centenarios, aunque..."). Es más, asegura que la no concreción del paso de la calle Landerer al Espai Moma del Teatre Escalante tiene que ver con que éste tampoco tiene una licencia de teatro. Tienen licencias de salas polivalentes, pero su principal actividad legal, la representación de artes escénicas, no está recogida legalmente. Tampoco a la que aspiran muchas de ellas: sala de artes escénicas, "que no es lo mismo que un teatro". Sirva otro ejemplo para entender el caso: la concejalía con las competencias, Acció Cultural, no ofrece ayudas directas a las salas por esta situación. El Ministerio, dado que el caso no es exclusivo de la ciudad de València, hace años que puentea el fenómeno .

Esta realidad convierte el tema en un tabú de enormes dimensiones para las propias salas, para productores y para todos los implicados en la actividad empresarial del teatro en la Comunitat. Entre ellos, según el mes del año en el que se les consulte y la situación de cada una de las compañías, ofrecen contestaciones muy distintas. Del desastre a la relatividad. Depende del estado y calor de las promesas políticas que por incumplidas han alcanzado actualmente el nivel de "catástrofe si se agota la legislatura y no hemos logrado ni siquiera solucionar algo tan básico como nuestra existencia formal", comenta la copropietaria de uno de los teatros con más bagaje del Cap i Casal.

La situación de alegalidad de los teatros en València es el paradigma de la precariedad en las artes. Es difícil imaginar cómo en cualquier otro sector, de la hostelería a la ingeniería civil o de la administración de servidores a la venta de cigarrillos electrónicos, es posible mantener una estructura empresarial que parte de una situación de limbo legal. Sociedades, inversiones, nóminas y una economía derivada a la que se le prometió regular por parte de las dos administraciones implicadas en el el caso en la ciudad de València: el Ayuntamiento (con sus ordenanzas) y la Generalitat (con la Ley de Espectáculos).

Una imagen de archivo del centenario Teatro Olympia (Foto: EVA MÁÑEZ)

Durante los últimos meses, dos grupos han liderado la interacción con los afectados por número de reuniones: Compromís y Podem. Tras el nreuumerito light de los Max, la desidia generalizada por la exigencia más básica que puede requerir un sector que genera empleo –60.000 puestos directos en la Comunitat, según el Servef– parecía moverse de verdad con estos encuentros para los que AVETID (empresarios) y FETI (teatros) orquestaron una representación conjunta . La alegalidad derivada de la kafkiana Ley de Espectáculos –merece un ensayo aparte– rematada en octubre de 2015 entraba en periodo de reforma. "El inconveniente", después de tentativas, reuniones amables y menos amables, llegó por la vía más inesperada: la presidencia de la comisión para su reforma está en manos del portavoz del Partido Popular, Luis Santamaría.

Tres meses y medio en silencio desde que se acabó el periodo de alegaciones a las reformas

El que también es presidente de la gestora al mando del Partido Popular en la ciudad de València desde que estallara el caso Taula no ha convocado a dicha comisión después de que el plazo de alegaciones se cerrase el 11 de octubre. Casi tres meses y medio después, al menos las modificaciones para integrar la realidad de los teatros ante la operativa administrativa y legal ya no forma parte de la Ley de Acompañamiento. Ese es el motivo por el cual algunas salas se han mostrado más preocupadas y agitadas durante los últimos días. Sin embargo, el diputado del grupo Podem Antonio Montiel, asegura que la comisión se reunirá a inicios de febrero, que las modificaciones de la ley tocarán Corts en marzo y que la situación se resolverá en cuestión de meses.

Compromís y Podem han presentado un buen número de alegaciones a la reforma de la Ley de Espectáculos. Algunas de ellas, por cierto, derivadas de la llegada de una realidad actual: los Bares Culturales. Una realidad que ha atropellado a una Administración tan anquilosada y vieja legalemente que ni siquiera ha sabido resolver la situación de sus teatros llegado 2018. En el PP apuntan a esa cantidad de enmiendas e incluso a algunas enmiendas modificadas las incongruencias –a su parecer– de ambos grupos. Ambos grupos creen que el PP está ralentizando cualquier modificación sobre esa ley "porque no le interesa". En el caso de Podem, además, tienen dudas sobre muchos de los aspectos y el apoyo del PSOE a algunas de las mismas. Por ejemplo, en el caso de las profundas reformas que proponen en el escenario legal de los macrofestivales de música: "la posición del PP la podemos entender, pero la del PSOE, no. Hay que recordarles que no tienen la mayoría parlamentaria", comentaba a este diario Montiel, una de las tres firmas del Pacto del Botánico.

En cualquier caso, las enmiendas no aprobadas en comisión llegarán a Les Corts. Las que cuenten con la mayoría parlamentaria, saldrán adelante. Ese es el horizonte esperanzador para los teatros, suceda cuando suceda.

Hasta el momento, transcurridos casi dos tercios de legislatura, la sensación de desamparo de los teatros es total. En la Conselleria de Cultura y en el IVC son conscientes, pero las modificaciones están en manos de la citada comisión en Corts. "Lo que no imaginábamos es que que fuera presidente un miembro del PP podía ralentizar tanto el proceso". ¿Por qué fue elegido así? Bueno, porque se repartieron las comisiones a inicio de legislatura y los partidos del pacto de gobierno asumieron la presidencia de los "proyectos estrella". Por ejemplo, entre otros, el de la reapertura de Radiotelevisión Valenciana. Admiten que no era una prioridad, pero insisten en que el turno de alegaciones hace tres meses y medio que finalizó. En el caso de Podem no descartan presentar una queja legal si la comisión no se nombra inmediatamente.

Y, mientras, en el Ayuntamiento...

Mientras tanto, los teatros aseguran que quienes operan en torno a esa normativa se sienten cómodos. Se refieren a Emergencias, la subestructura de la Generalitat valenciana en manos de José María Ángel y de la que depende la Policía Autonómica Valenciana (oficialmente, Policía de la Generalitat). También los responsables de licencias de actividad como los técnicos encargados de problemas de ruido. "La normativa es especialmente estricta y no tiene en cuenta las posibilidades de representación escénica. Da por supuesto que todo el mundo hace musicales y que va a estar hasta altas horas con un volumen impropio. Ante esa realidad, nuestra normativa es mucho más restringida y nos trata sin contemplar qué es ante Hacienda nuestra actividad principal".

No obstante, la interlocución creada entre empresarios y productores valencianos es "muy fluida" en el caso del Ayuntamiento. En este caso, las mesas de diálogo y la comunicación es a través del concejal delegado del área de Comercio, Carlos Galiana. Él mismo se mostró sorprendido en declaraciones a Valencia Plaza ante la no incursión por parte de modificaciones en la Ley de Acompañamiento. Una promesa que llegó precisamente de los grupos más activos y dialogantes y de la que se dejó de saber semanas antes de final de año y todavía no se ha reactivado. Por su parte, Galiana admite voluntad para rectificar las ordenanzas aunque cree que el problema principal permanece en el limbo que genera la Ley de Espectáculos.

La sensación del sector es unánime: "hay una desidia total por parte de Les Corts", apuntan al unísono los socios de dos salas distintas con décadas de tradición en la ciudad. Una desidia que no se corrige y que, a su parecer, podría alcanzar 2019 sin haberse resuelto (de hecho, apenas hay tres plenos hasta marzo, el mes que fija Podem para que alcance Les Corts; luego le seguirán Fallas y Semana Santa...). Todavía hoy, pese a la situación de precariedad y fragilidad sectorial, no se resuelve "la promesa electoral más elemental que nos podían hacer", añaden los mismos socios, también productores escénicos. 

Los técnicos de licencias aseguran: "no sabríamos que podría suceder en cuanto a responsabilidades en caso de haber algún tipo de accidente o problema con su actividad. No ha sucedido y esperamos que no suceda". Los mismos propietarios de salas, se agazapan porque la información sobre el asunto, como ya decíamos, se maneja como un tabú: "tenemos todo tipo de seguros: de responsabilidad civil y a terceros. No pensamos que eso pudiera suponer un problema en ningún caso, pero... ¿por qué seguimos así? ¿Por qué no les interesa? Porque si a un gobierno supuestamente de izquierdas no le interesa... ¡apaga y vámonos!". 

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