VALENCIA, (AGENCIAS/M.G.). Este miércoles se celebró el juicio en la Audiencia Nacional por la demanda que el sindicato CGT presentó contra el expediente de regulación de empleo que extinguió los contratos de toda la plantilla de RTVV. Si este martes la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació rechazaba vía votación en la reunión del Consejo Rector pedir el aplazamiento del juicio, un día después la Generalitat –otra de las partes del proceso- negaba que se hubiera producido sucesión de empresas y defendía la legalidad del ERE y la constitucionalidad de la ley autonómica de 2013 que permitió la extinción del antiguo ente.
Previamente, los sindicatos que ejercen de acusación en la causa tachaban la ley de inconstitucional, y, de hecho, cabe recordar que el propio PSPV presentó un recurso de inconstitucionalidad a la citada norma que posteriormente retiró cuando impulsó la nueva ley de la CVMC. Concretamente la portavoz de CGT, Rosa González, tildaba de "acto de rebeldía" que el gobierno autonómico creara en aquel momento una ley ad hoc que permitiera cerrar la corporación para evitar acatar una decisión judicial –en referencia a la sentencia sobre el primer ERE en RTVV-, con lo que dejó sin efecto los despidos.
En otros términos, el letrado representante de CGT ha apoyado su acusación en la "falta de documentación" presentada para justificar el ERE y en que "no existe" causa económica para la ejecución del despido colectivo, es decir, que estas causas no justifican de manera razonada la necesidad existente para ejecutar el expediente de regulación de empleo.
Sin embargo, durante la vista, la Abogacía de la Generalitat Valenciana ha hecho especial hincapié en la "situación insostenible de pérdidas" que atravesaba RTVV en ese momento al mismo tiempo que ha recordado a los sindicatos que en la firma del ERE hubo "práctica unanimidad". "Sería razonable no impugnar el acuerdo de los trabajadores", manifestó a la vez que apuntaba que éste fue aprobado por una mayoría "del 70 por ciento" y la postura en contra de un "27 por ciento".
En referencia a la ampliación de la demanda de CGT por sucesión de empresas, la defensa de la Generalitat aseguraba que el ERE no impedía la creación de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació (CVMC). Un argumento que también defendía la representación del propio órgano, que matizaba que se trataba de una "figura mercantil distinta" a la de RTVV. Para justificar que se trata de empresas distintas, argumentaron que la anterior corporación contaba con 1600 trabajadores y la CVMC de momento sólo contempla un empleado en plantilla –el director general- y que éste, además, todavía no se encuentra contratado.
Un razonamiento que generó revuelo en la acusación, que cuestionaba entonces en qué se iba a emplear los cerca de 80 millones presupuestados en total para la Corporació para el ejercicio 2017. Además de los 55 millones que la Generalitat Valenciana ha proyectado para este año, se suman los 26,5 millones de euros que no se ejecutaron en el ejercicio anterior.
Mientras el sindicato sostiene que la CVMC está "emitiendo" a través de la frecuencia de Canal 9 para justificar la sucesión de empresas, el letrado de la Corporació negó que se estuvieran empleando recursos del anterior ente para poder poner en marcha la nueva radiotelevisión valenciana. Sin embargo, también se tomó declaración a varios testigos, entre los que se encontraba el presidente del Consejo Rector de la nueva CVMC, Enrique Soriano, y al presidente de la Comisión de liquidación de RTVV, Francisco Gómez Barroso, para que explicaran por qué si no se está empleando la misma frecuencia se había cambiado la carta de ajuste de la antigua RTVV.
Una pregunta a la que Soriano sólo pudo alegar, según fuentes presentes en la vista, que fue un acuerdo al que se llegó en una reunión del Consejo Rector pero que desconocía quién había ejecutado la acción. Así, también el liquidador declaró desconocer quién había cambiado el anagrama de la Corporació en la carta de ajuste del antiguo canal.
Cabe apuntar que este texto no sólo fue cambiado recientemente, sino que cuando se aprobó la ley de la CVMC ya se fijó una nueva leyenda que avanzaba "Aprobada la ley de servicio público de la radiodifusión y televisión de ámbito autonómico de titularidad de la Generalitat". Un texto que fue cambiado recientemente que decía: "Una vegada constituït el Consell Rector de la Corporació Valenciana de Mitjans de Comunicació el 6 d'octubre de 2016, s'han iniciat els treballs per a posar en marxa les emisions".
El juicio, que comenzó a las 9.00 de la mañana, acabó casi seis horas después -a las 14.30h-. El magistrado ha dictamino tres días para que las partes presenten alegaciones y queda visto para sentencia en un plazo máximo de 20 días posteriores.