Licitaciones pop: ¿La administración es un buen cliente para los sectores creativos?

VALÈNCIA. Por el bien de la convivencia intrafamiliar, si sientas a un profesional de la cultura en tu mesa en Nochebuena (diseñadora, creativo o con una tienda en museo), no le hables de pliegos, concursos y licitaciones públicas. La relación tortuosa entre licitaciones y sectores creativos discurre entre la incomprensión y la desconfianza: si la administración tiende a enfocar los procesos en el ahorro o el riesgo de incumplimiento, los profesionales tienden a creer que el marco les impide desarrollar su trabajo en condiciones (por una lucha a la baja, aunque no sólo por motivos económicos).

La sucesión de casos en Valencia -el último, la resolución de la cafetería del MuVIM: convertida en un espacio cultural propio, pero resuelto a partir de la previsión de que el 4% de los visitantes consuman una media de 5 euros-, intensifican la necesidad de una burocracia que aúne la responsabilidad pública con la excelencia en el resultados de sus encargos.

Gran parte de los profesionales consultados extraen conflictos comunes: 1) licitaciones poco ajustadas a la realidad, o ligadas a premisas erróneas o a funcionamientos ya caducados, 2) primacía del factor económico -por ahorro o maximización de ingresos- por encima de razonamientos cualitativos, aunque bumuviena parte reconoce mejoras en los últimos años en las valoraciones técnicas, 3) dificultad para desarrollar licitaciones con perspectiva de crear relaciones largas, sino una precariedad temporal excesiva que impide la consolidación de proyectos, 4) licitaciones con cánones abusivos, como en el caso de tiendas o librerías de museos o centros culturales, de ahí la abundancia de vacíos.

El editor de Gràffica, Víctor Palau -con varios monográficos al respecto- sintetiza una diatriba en la que “por un lado todos queremos que las propuestas públicas sean las más creativas, las más potentes, y las mejores para que de ese modo la sociedad tenga mejor cultura visual, pero por otro lado, todos queremos que la administración gaste lo menos posible. (…) Para un funcionario un logo de 100 euros es mejor que uno de 1.000 euros, por pura simpleza económica. Y en muchos casos el precio no tiene porque ser un valor en sí mismo. (…) Lo más importante es saber cuál es el valor que hay que tener en cuenta. El precio no puede ser el factor determinante. (…) Otra cosa es que se tenga que pagar en exceso. Todos sabemos que el dinero público parece que no es de nadie y hay gente que se aprovecha de ello, y pide a la administración cantidades injustificadas que en la empresa privada son impensables. Proyectos siempre al límite legal (15.000 euros) cuando en la calle esos trabajos apenas se realizan por unos miles de euros en la mayoría de casos y en excelentes condiciones”.

En ámbitos como la arquitectura, la crítica recurrente pasa por “la tendencia a valorar de forma desmesurada la baja económica como principal criterio”, a ojos de Julia Pineda, desde Crearqció. “Para las que no estén familiarizadas, las licitaciones tienen criterios objetivos, puntuables directamente, y criterios sujetos a juicio de valor. La mala praxis y los casos de corrupción, han llevado a las administraciones a ser extremadamente cautelosas, otorgando mucho peso, a los criterios objetivos, donde además se suele priorizar la famosa ‘baja económica’. Porque quién puede estar en contra de que su Ayuntamiento o Gobierno contrate ‘al mejor precio’.  El problema, en este caso, es que hemos visto en los últimos años, que no siempre la oferta más barata es la mejor oferta. Se aplican desde nuestra perspectiva con mucha laxitud las justificaciones de baja temeraria, se tiran los precios y de nuevo, el sector se ve obligado a reducir costes y tiende a precarizarse a las personas técnicas de menor rango…”.

Lejos de ser un rasgo específico de València, en el resto de país se enfrentan a debilidades similares cuando encarga trabajos creativos. “Ahora mismo -explica Palau- no hay ningún sitio en España que se hagan buenas prácticas. En Madrid el Acuerdo Marco cuando estaba Nacho Padilla -su director creativo- era la mejor opción y está bien y era justo. Con precios bajos pero a lo largo del año compensaba. Ahora mismo en Madrid es una locura, los precios son tan a la baja, y ganan solo los que ofrecen un precio extremadamente bajo, con lo que la calidad es lo de menos. En Barcelona se instaló por parte también de Nacho, un sistema parecido y funcionó. De todos modos en Barcelona la calidad es algo que no se cuestiona y ahí hay una gran diferencia. Pero ahora mismo el nuevo equipo del ayuntamiento no sabemos en qué punto está. En Valencia se utilizan las ‘llamadas a proyectos’ donde unos intermediarios que son las asociaciones le dicen a la administración con quien tiene que hacer el proyecto. Un jurado compuesto por miembros de las asociaciones, que no siempre son especialistas y conocen cómo desarrollar los proyectos, es decir jurados que no son válidos para desarrollar esa función -imagina que nos llaman a nosotros para valorar quién hace un puente– y adjudican un proyecto a un profesional o empresa con todo tasado y cerrado. Es verdad que hay más garantías de desarrollar un proyecto válido, porque primero se valora la calidad técnica, pero el precio y las condiciones no se pueden negociar. Son las que son y si te toca, se acata. Y eso no está bien. Debería haber más capacidad de negociación y gestión. Y lo del jurado ahora mismo es clamoroso. Hay veces que le toca a un ilustrador un proyecto que debería ir claramente a un publicitario y viceversa. Y ahí te encuentras sorpresas”.

De regreso a la arquitectura, Pineda considera que “es necesario ‘zarandear’ de forma clara los procesos de licitación (…) Se puede ser mucho más creativo con el diseño de las licitaciones y por ejemplo en el diseño de los criterios objetivos, más allá de la baja económica. De forma concreta y muy básica, para nosotras es necesario ponderar o limitar el peso de la baja económica y ser tajantes con las bajas temerarias. También creemos que no puede ser que por haber hecho una baja temeraria, el trabajo no tenga el nivel adecuado y esa empresa o profesional pueda seguir con esa práctica en la próxima licitación. Necesitamos una mejor evaluación de las asistencias y las licitaciones… ¿está la administración contratando los servicios y las calidades que realmente desea con este método?”.

Y si se pregunta si el sector público consigue lo que quiere, también cabe girar la cuestión: ¿la administración conviene como cliente? “Es un mal cliente”, responde Palau. “Hace años con un diseñador inglés muy conocido hablamos que Inglaterra todo el mundo sabe que los que se dedican a trabajar con la administración no son los mejores diseñadores. ¿Por qué? Porque el cliente no entiende y no sabe nada de esto. Paga mal y tarde. Es caprichoso. Y no tiene objetivos cuantificables de venta o negocio. Esto en el mercado privado no pasa y por tanto allí trabajan los profesionales de segunda o tercera. Los de primera están a otra cosa”.

En el caso del diseño, Palau aboga porque la administración contrate a profesionales especializados en contratación. “Igual que hay un arquitecto municipal, o un abogado, o un profesional de mantenimiento, no entiendo por qué no hay especialistas en conocer y saber quién, cómo y cuándo contratar diseño”.