Poco anuncio y mucho reproche: así ha sido el debate sobre el estado de la ciudad de València

VALÈNCIA. Este jueves se celebró en el salón de plenos del Ayuntamiento de València el debate sobre el estado de la ciudad. Un encuentro que reunió a todos los partidos políticos para hablar sobre la situación en la que se encuentra la capital del Túria, desde administración local hasta seguridad en las calles, pasando también por grandes obras e inversiones, entre otras muchas cuestiones. Aunque, eso sí, se podría decir que el nombre del encuentro tal vez describe de manera demasiado literal lo que aconteció en aquella sala: mucho reproche entre las partes implicadas y pocos anuncios nuevos, al margen de los ya conocidos. 

Así, quienes anisaban desgranar algo más sobre los proyectos de futuro inmediato para la ciudad, potencialmente se quedaron con las ganas. Aunque, cabe resaltar que la mayoría de las novedades que se debatieron durante el pleno habían sido anunciadas recientemente de manera individualizada. Como, por ejemplo, los grandes planes urbanos de transformación para Ausiàs March y Federico García Lorca, o la puesta en marcha de un sistema informático para dinamizar la tramitación de licencias. 

Más protagonismo cobraron, por el contrario, los reproches entre el gobierno y la oposición. Así, no faltaron menciones a la última etapa del gobierno del Partido Popular, a la corrupción o, por el contrario, a los problemas de gestión que presenta actualmente el Ayuntamiento de València. Como, por ejemplo, la pérdida de agentes de la Policía Local, los retos de movilidad que presenta la peatonalización progresiva de la ciudad, o la dificultad todavía seis años después para reducir el número de licencias a tramitar hasta un mínimo prudencial. 

El alcalde de València, Joan Ribó, fue el primero en intervenir, con una ponencia que duró cerca de la hora y media. En ella abordó diferentes cuestiones que afectan a la ciudad tales como la fiscalidad, el empleo, el urbanismo, la digitalización o la mejora de los servicios sociales. De hecho, una de sus principales reclamaciones fue la aceleración del proceso por parte de la Conselleria de Vivienda para tener listo el directorio de viviendas vacías que permitirá al consistorio aplicar la subida del IBI del 30% a todos aquellos grandes propietarios que no las saquen al mercado.

Del mismo modo, también incidió en que el consistorio ya está trabajando en la modificación de la ordenanza fiscal para poder empezar a cobrar de nuevo las plusvalías, después de que el gobierno central haya lanzado el decreto por el cual establece una nueva fórmula de cobro tras anular la existente el Tribunal Constitucional. Y además, en lo que tiene que ver con impuestos, Ribó manifestó que el Ayuntamiento está trabajando para que la Generalitat ponga en marcha "lo antes posible" la tasa turística. Uno de los puntos de desencuentro con sus propios socios de gobierno del PSPV, quienes sí que la apoyan pero abogan por esperar a que haya una recuperación del sector. 

Por lo que respecta a anuncios, el más destacado fue la ampliación de los bonos de apoyo al comercio para el año 2022. Asimismo, el alcalde también anunció que València está preparado su candidatura para la capitalidad verde europea del año 2024 y que además también se ha postulado como candidata para ser una de las cien ciudades climáticamente neutras que la UE quiere impulsar para el año 2040. En este sentido, resaltó que el contrato para la recogida selectiva de residuos para el 100% de la ciudad ya está en proceso de licitación. 

"Ciudad de las maquetas"

La oposición fue especialmente dura con las nuevas propuestas de urbanismo para la ciudad de València, en particular con aquellas que tienen que ver con la peatonalización de ciertas plazas y avenidas. En este sentido, tanto el Partido Popular como Ciudadanos lamentaron que el gobierno "presente maquetas cada tres meses" para luego "tardar años en poner en marcha los proyectos". Entrarían dentro de esta categoría reformas como, por ejemplo, la que anunció recientemente el Ayuntamiento para convertir el actual parque de vías en el jardín García Lorca, que dispondrá de más de un kilómetro de paseo peatonal. O la remodelación de la Avenida Ausiàs March para reducir el número de carriles y hacerla más amable para el viandante. 

Proyectos que desde el Partido Popular no ven con buenos ojos puesto que consideran que "no tienen coherencia entre sí" y que además suponen un verdadero problema para la entrada del tráfico por la parte sur de València. Una problemática a la que también se suman desde Ciudadanos, quienes apuntaron que la llegada a València "en coche ya es mala y en transporte público, horrorosa". De este modo, los portavoces de ambos partidos, María José Catalá y Fernando Giner, pidieron que todos estos proyectos de peatonalización se acometan en el momento en el que verdaderamente exista una alternativa al transporte privado. 

Así, y en la misma línea, afearon la "mala" gestión de la EMT, que según ellos se dedica a copar titulares por sucesivos escándalos en lugar de ofrecer un buen servicio a los usuarios. Recordaron, en este aspecto, cuestiones como por ejemplo la estafa de cuatro millones, la quema de accidental de algunos de los vehículos y el reciente requerimiento por parte del Ministerio de Hacienda para devolver el IVA de un periodo comprendido entre 2016 y 2017, por valor de 10,5 millones de euros. 

Por el contrario, el alcalde defendió en su discurso que el Ayuntamiento está trabajando para la reforma y mejora de la empresa pública, a la que se le ha aumentado un 30% la dotación municipal. Asimismo, también matizó que la EMT ya ha recuperado el 70% de los usuarios que tenía antes de la pandemia. Explicaciones que no sirven a la oposición, quienes siguen pidiendo que se aparte a su presidente, Giuseppe Grezzi. 

Asimismo, Catalá apuntó a las "disonancias" que percibe entre los dos partidos que forman el gobierno del Ayuntamiento de València, PSPV y Compromís, especialmente en todo lo que tiene que ver con materia de movilidad. Un apunte para el que el alcalde de la ciudad solo tenía una respuesta: "No se hagan ilusiones". Por su parte, la concejala de Urbanismo y vicealcaldesa, Sandra Gómez, recordó que las carencias en el transporte metropolitano se dan precisamente porque el Partido Popular disolvió la agencia destinada a gestionarlo, por lo que difícilmente se podría abordar el problema u optar a ayudas. Actualmente, dijo la edil, se está poniendo en marcha todavía la Autoridad de Transporte Metropolitano, orientada a cubrir esta carencia.

Los partidos en el gobierno celebraron la progresiva peatonalización de la ciudad y su adaptación al cambio climático, así como la apertura de nuevos espacios más amables para la ciudadanía. En este sentido, Gómez resaltó proyectos como el parque de desembocadura de Nazaret o la ampliación del parque de Benicalap, que según explicaba será aprobado este mismo mes. Asimismo, detalló que en los presupuestos de 2022 ya habrá una consigna económica para Ausiàs March, e insistió  de nuevo en que este "va a ser el año del corredor verde sur" que sustituya la playa de vías para unir mediante una infraestructura verde los barrios de Malilla, San Isidre, San Marcelino, la Raiosa, Cruz Cubierta, Camí Real y Vara de Quart.

Careo por las licencias y vivienda pública

Otra de las cuestiones que despertaron el careo entre los grupos en el gobierno y los de la oposición fue el de las licencias. Concretamente, tanto Ciudadanos como el Partido Popular consideraron que la tramitación de licencias va demasiado lenta, y que eso "paraliza" la actividad en la ciudad. Según apuntaba la portavoz del grupo popular, María José Catalá, ahora mismo hay en el Ayuntamiento 6.500 licencias pendientes de resolución.

Una queja que el alcalde afeó al Partido Popular, teniendo en cuenta que desde el año 2015 "se ha avanzado en la tramitación de licencias después de que el anterior gobierno dejara más de 8.000 pendientes de resolver". Además, añadió que alrededor de 1.000 tan solo requieren declaración responsable, lo que quiere decir que pueden empezar la actividad mientras se tramita la licencia.

Aun así, para poner punto y final a esta problemática, el Ayuntamiento bajara dos opciones: por un lado, el ya presentado programa Rayo que tiene como objetivo digitalizar todo el proceso de tramitación de licencias. Y, por el otro, un programa de choque que anunció a grandes rasgos la concejala Sandra Gómez durante el debate, aunque sin entrar en detalles por el momento. 

Por lo que respecta a vivienda, Català y Giner afearon al equipo de gobierno los "pocos" avances en materia de vivienda pública y de protección social. Específicamente, lamentaron que se haya avanzado poco en las promociones de Aumsa, las cuales en un principio iban a estar orientadas al alquiler asequible. Esto es, para aquellos colectivos que sí que tienen una base de ingresos pero que, aun así, no pueden acceder al mercado del alquiler en condiciones normales. Por ejemplo, jóvenes. 

Por su parte, el alcalde insistió en que se está avanzando en el Plan de Vivienda de Aumsa, el cual prevé la construcción de 327 inmuebles para alquiler asequible en un total de diez edificios, aunque no dio fechas concretas. Ciertamente, por el momento, tan solo 15 viviendas han llegado a las manos de los demandantes, aunque el pasado mes de agosto el consistorio dio luz verde para empezar las obras de varias promociones que darán lugar a 184 viviendas dentro de este plan.

También es un problema para la oposición el alquiler social, que en este caso sí que está orientado a los colectivos más vulnerables y se atiende con las viviendas que son propiedad del Ayuntamiento. Cabe recordar que en lo que va de año la demanda de esta protección ha aumentado un 25%. Es decir, 531 personas contabilizadas desde enero hasta septiembre, lo que engrosa la cifra hasta las 2.102. Así, los populares lamentan situaciones como por ejemplo la que se supo recientemente en el barrio del Cabanyal, donde hay 151 inmuebles públicos que no se pueden alquilar por su estado de deterioro. Inmuebles muchos de ellos, huelga recordar, cuando el gobierno municipal de Rita Barberà impulsaba la prolongación de Blasco Ibáñez y el derribo de múltiples edificios.

Policía, impuestos y demás desencuentros

Otra de las principales batallas fue a cuenta de los números de Policía Local y su tasa de reposición. Así, tanto el Partido Popular como Ciudadanos y Vox transmitieron la sensación de "inseguridad" que se vive en las calles de la ciudad por la falta de agentes. A este respecto, Giner apuntó que en los últimos años se han perdido 36 puestos, y del mismo modo también señaló la dificultad para introducir las nuevas normas de ruido "teniendo en cuenta que tan solo disponen de dos sonómetros para toda la ciudad".

Como respuesta, el alcalde matizó que ya se ha puesto en marcha el proceso para introducir más de 300 agentes en los próximos años, que se irán incorporando a la plantilla conforme superen los procesos formativos y administrativos. "Se quejan mucho pero traen pocas propuestas", alegaba la vicealcaldesa Sandra Gómez en relación a los concejales del Partido Popular. Por su parte, también lamentaba que Ciudadanos está "encasillado en el no" y los invitó a "volver del nuevo al centro, donde siempre han tenido mejores resultados".

En el cariz más político del debate, Gómez cuestionó al Partido Popular su nivel de comodidad ante la perspectiva de tener que gobernar eventualmente con Vox y su "falta de iniciativas". A todo ello, la portavoz de los populares, María José Catalá, resaltó que su equipo llevó al pleno del debate un documento con hasta 120 medidas para aplicar en València, entre las cuales se encontraba una bajada de los impuestos, los cuales consideran "abusivos". No es esa, sin embargo, la visión del alcalde de la ciudad, quien resaltó que València se encuentra en el puesto número 22 de las capitales de provincia con respecto a la carga del IBI sobre los vecinos. 

Finalmente, el concejal de Compromís, Carlos Galiana, consideró que "siempre que gobierna la izquierda desmonta todas las teorías sobre que la derecha gestiona la economía mejor". Y a este respecto, resaltó cuestiones como por ejemplo la reducción de la deuda municipal en los últimos años: en 2015 ascendía a los 975 millones y actualmente se encuentra en los 300. Asimismo, también matizó que el pago a proveedores se ha reducido drásticamente hasta menos de un mes. Asimismo, afeó a la oposición que acusara al gobierno de haber ejecutado pocas inversiones -según el PP este año el 20%-, "cuando se está ejecutando el doble de lo que ejecutaban ellos".