Foto: KIKE TABERNERVALÈNCIA. Seis empresas concentran una cartera de más de 300 viviendas en la ciudad de València, lo que implica que al menos 1.800 inmuebles están en manos de estos grandes tenedores, según los datos que maneja el Ayuntamiento en este sentido. Además, en València también operan otras 26 firmas u organizaciones que disponen de bolsas de entre 100 y 299 viviendas.
En total, 32 empresas que superan el centenar de inmuebles a su disposición en suelo valenciano, situándose como las máximas expresiones de concentración de vivienda en la ciudad. Así se desprende de los datos pormenorizados que el consistorio ha podido recopilar sobre los propietarios de inmuebles que operan bajo una personalidad jurídica. Es decir, empresas u otro tipo de agrupaciones que no constituyen personas físicas o particulares.
Según estos mismos datos, por debajo de estas grandes concentraciones se encuentran las entidades jurídicas que manejan entre 50 y 99 viviendas, que en este caso ascienden hasta las 33, mientras que otras 119 entidades empresariales se mueven en la cartera de entre las 20 y las 49.
Por su parte, 77 empresas manejan entre 15 y 19 y, por último, 164 concentran entre 10 y 14. Aquí es donde acaba la lista de lo que la nueva Ley de Vivienda considera "grandes tenedores". Es decir, propietarios que disponen de una bolsa de más de 10 viviendas. Sin embargo, y por el contrario, la inmensa mayoría de las empresas en València no superan esta barrera: 5.178 de ellas tienen menos de 10 inmuebles.
Esto supone que, en realidad, el 92,43% de las entidades jurídicas que operan en la capital siguen siendo pequeños propietarios, mientras que las que pasan al siguiente rango de grandes tenedores representan el 7,57%.
Este 7,57% de las empresas que disponen de 10 o más inmuebles son las que a partir de ahora serán susceptibles de recibir un recargo del IBI del 30%, siempre y cuando se demuestre que son viviendas vacías. Una idea sobre la que el Ayuntamiento de València empezó a trabajar hace ya varios años, pero que no se pudo aplicar por la ausencia de un marco normativo que la amparase.
Ahora, la reciente aprobación del decreto de la conselleria de Vivienda para movilizar vivienda vacía ha despejado todas las dudas, y abre la puerta a subir la tasa a los grandes tenedores que mantengan sus inmuebles permanentemente desocupados y sin salir al mercado del alquiler.
La normativa fiscal fue aprobada hace casi dos años en el Ayuntamiento de València con Joan Ribó al frente y con Ramón Villar todavía como concejal de Hacienda. En concreto, fijó la tasa en un 30%, aunque la Ley de Haciendas Locales del año 2004 permite que la cifra pueda escalar hasta el 50%. Sin embargo, a la hora de la verdad, esta ley de índole nacional no se pudo aplicar porque no determinaba en ningún momento qué era una "vivienda vacía".
Posteriormente, el gobierno de Pedro Sánchez descargó la posibilidad de aplicar recargos en el IBI sobre otra normativa estatal o autonómica, por lo que la Generalitat Valenciana se puso a trabajar sobre ello y aprobó en el año 2017 la Ley de Función Social de la Vivienda. Pero esta, nuevamente, no se pudo aplicar de inmediato porque necesitaba un decreto de la conselleria de Vivienda que la desarrollara.
Decreto que fue aprobado por la conselleria de Héctor Illueca el viernes pasado, y que no solo determina como grandes tenedores a los propietarios de más de 10 viviendas sino que además esclarece el concepto de vivienda vacía: la que permanece durante más de un año desocupada sin ninguna justificación.
Ahora, solo queda el último paso: confeccionar el registro autonómico para identificar los inmuebles vacíos y aplicar el recargo. En este registro se tendrán que inscribir por obligación todos los grandes tenedores, mientras que los para los pequeños propietarios la inclusión será opcional.
En el caso de la ciudad de València, ya lo tienen todo listo para empezar a aplicar la nueva normativa. De hecho, el actual concejal de Hacienda, Borja Sanjuán, tiene esperanzas de que el registro esté concluido a finales de año para poder empezar a cobrar el IBI a partir de 2022. Y además, avisa: el consistorio no descarta subir la cuota hasta su máximo legal -el 50%- si la medida no tiene los efectos para los que ha sido pensada. Es decir, incentivar que los pisos salgan al mercado del alquiler para aumentar la oferta y bajar los precios.
