PSPV, Compromís, Podem y Cs concluyen que Ciegsa se creó para eludir los controles

VALÈNCIA. (EP). El dictamen provisional sobre Ciegsa concluye que la empresa pública funcionó como "una herramienta diseñada para eludir el control" de la Administración, lo que derivó en unos gastos financieros adicionales de 486 millones en los que "no se habrían incurrido" si la Generalitat hubiera ejecutado de forma directa los colegios. "Ciegsa era el PP en estado puro", han concluido sus redactores.

El documento, elaborado por todos los grupos salvo el PP, responsabiliza a todos los consellers de Educación desde 2001 a 2013 y en especial cita la responsabilidad política 'in vigilando' de Alejandro Font de Mora. La etapa "más negra" fue bajo la dirección de Máximo Caturla como secretario autonómico y consejero y posterior consejero delegado de Ciegsa.

Los portavoces de los grupos parlamentarios PSPV-PSOE, Compromís y Podem, --Alfred Boix, Belén Bachero y Antonio Montiel--, han presentado este martes las conclusiones de este dictamen provisional, que ahora debe aprobarse en la comisión no permanente de investigación de las actividades de Ciegsa antes de ser elevado al pleno. La portavoz de Ciudadanos, Mercedes Ventura, ha excusado su presencia por estar en otra comisión.

El informe aclara que no puede evaluar si mediante Ciegsa hubo manipulación de las adjudicaciones para conseguir "mordidas" con las que financiar al PP y para el lucro personal de los implicados ya que es una de las causas separadas del caso Taula que el juzgado está investigando y esta comisión "debe limitarse a dilucidar la existencia de responsabilidades políticas".

Otra de las causas que están siendo investigadas por el juzgado, y que cita este dictamen, es la de los "trabajadores ausentes", la derivada de la contratación por "amistad o militancia" en el PP de personal que podría no haber prestado sus servicios en Ciegsa con "el consiguiente fraude laboral y a la Seguridad Social, así como lesión al erario público".

No obstante, consideran "necesario" que sin perjucio de las investigaciones penales la propia Generalitat arbitre los mecanismos para realizar "una completa auditoría financiera y de legalidad" que cuantifique los perjuicios causados por Ciegsa ya que esta comisión "no puede determinar, por no tener ni los mecanismos ni los recursos necesarios", estos sobrecostes desde julio de 2000 hasta noviembre de 2013.

Al respecto, Montiel ha explicado que aunque Ciegsa se creó en julio de 2000 "el instrumento perverso" fue el convenio de colaboración de febrero de 2001 con la Conselleria de Educación, que suponía dar "carta blanca" a la empresa pública para endeudarse y ponía "negro sobre blanco" la "absoluta dejación" de control de la Administración.

De este modo, la conselleria "se limitaba a señalar con el dedo dónde quería un colegio y la fecha que quería para inaugurarlo" sin dar financiación ni controlar cómo se obtenía dando lugar a "las corruptelas y de irregularidades administrativas en la contratación". "Ciegsa era campo abonado para la corrupción", ha mantenido. En ese sentido, ha mostrado su convicción personal de que "en Ciegsa se produjo un desvío de fondos para obtener un lucro privado o de otra índole que la Justicia debe dirimir".

Así, al carecer de financiación Ciega tuvo que recurrir a distintos mecanismos de financiación, aprobados por la Administración general, por un importe superior a los 486 millones para atender "la gran deuda que arrastraba". Para ello, se renegociaron pagarés así como los intereses generados por los incumplimientos.

Bachero ha apuntado que en 2012, cuando María José Catalá era consellera, se abonaron 33 millones a cargo del FLA (Fondo de liquidez Autonómico) pese a que este mecanismo era exclusivo para pagar la deuda del principal y prohibía expresamente el pago de intereses de domora.

Al respecto, el portavoz socialista Alfred Boix ha aclarado que en Ciesa hubo tres etapas: la creación y adjudicación de colegios recriminados por la Sindicatura de Comptes (2003-2004), el "control absoluto" de Máximo Caturla y contrataciones discrecionales (2005-2008) y el intento cierre con irregularidades (2008-2013).

"Los diferentes Consells únicamente se limitaron a autorizar ampliaciones de capital simplemente para equilibrar las cuentas provocando esa gran burbuja de endeudamiento a espaldas del control de la administración y finalmente toda esa deuda tuvo que ser asumida por la Generalitat", señala el dictamen. "Unos 1.600 millones de deuda", ha puntualizado Montiel.

Así, "lo excepcional se convirtió en regla" en Ciegsa con unas desviaciones en las obras "elevadísimas e injustificables". Estos sobrecostes alcanzaron "porcentajes incomprensibles" que "excedían los límites previstos en la ley de contratos". Además, se constata que se creó una "discrecionalidad en las adjudicaciones" que están siendo investigadas por la justicia.

Un ejemplo, ha apuntado Boix, es que en una adjudicación 29 de las 30 empresas que se presentaron tenían la misma oferta económica, que valía 55 puntos de cien en el pliego de condiciones. "Y esto era sistemático", ha apuntado.

El resto de puntos, que eran subjetivos, los adjudicaba una mesa de contratación nombrada "directamente" por Caturla. "Ciegsa es la empresa pública que más ha visitado la Guardia Civil para sacar documentación", ha constatado.

Asimismo, el informe constata el sobredimensionamiento de la plantilla a través de la contratación "irregular de personal" y la utilización de contratos de alta dirección que "no se correspondían con las funciones reales ejercidas", lo que agravó el endeudamiento. Ciegsa, se añade, también fue utilizada para "realizar cesiones irregulares" de trabajadores a la Conselleria.

Durante la comisión han comparecido 51 personas, de las que cinco se negaron a declarar, y otras 19 no se presentaron , nueve de ellas extrabajadores y 10 empresarios. Bachero ha destacado que estas declaraciones ayudarán a poner "luz" a los juzgados en las causas que investigan.

Responsabilidades políticas

Por todo, ello el dictamen responsabiliza de "los graves perjuicios" generados a la sociedad valenciana a todos los miembros del Consell y especialmente a los que formaron parte de los diferentes Consejos de Administración de la empresa: Manuel Tarancón, ya fallecido, Esteban González Pons, Alejandro Font de Mora, José Císcar y María José Catalá.

En concreto, citan la "singularidad responsabilidad directa" en las "irregularidades" y en la "opacidad" a Máximo Caturla, secretario autonómico a propuesta de González Pons y miembro del Consejo de Administración de Ciegsa desde el 12 de septiembre de 2003 y consejero delegado desde el 2 de diciembre de 2004 al 27 de julio de 2007.

Asimismo, declarar la responsabilidad política in vigilando de Font de Mora, conseller desde agosto de 2004 hasta junio de 2011. Como cooperadores directos se señalan a los directivos, Joan Vergara, Elena Bosque y Carlos Roqués.