Sanitarios, docentes y administrativos: ¿a quiénes pedirá más valenciano el Consell?

VALÈNCIA. El nivel mínimo de valenciano que se exigirá a los funcionarios de la Administración autonómica en la nueva Ley de Función Pública sigue dando que hablar. En su día ya generó una brecha en el seno del Consell, al entender los miembros de Compromís que el requisito lingüístico era un aspecto ineludible en la norma. El debate se saldó con los miembros del PSPV dando su brazo a torcer. El conseller Vicent Marzà y la consellera Gabriela Bravo fueron los encargados de comunicar el acuerdo a los sindicatos, que lo aceptaron de mejor y peor grado según el caso. Sin embargo, con el decreto aún pendiente de publicación (lleva meses retrasándose) y los últimos vaivenes acerca del plurilingüismo, la Generalitat ha querido justificar su decisión una vez más. 

Esta misma semana se presentaba la Encuesta sobre el Uso del Valenciano en la Administración, encargada por el Gobierno autonómico y llevada a cabo en las tres provincias de la Comunitat a través de entrevistas personales a empleados públicos. De ella se desprendía que el 43% de los funcionarios de la Generalitat no sabe hablar el suficiente valenciano para poder cumplir el decreto que se está gestando. Aunque la directora general de la Función Pública, Eva Coscollá, y el director general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, Rubén Trenzano, responsables de explicar el informe, se mostraban confiados en que los cursos de la Generalitat ayudaran al personal a adquirir las competencias necesarias, los sindicatos no han tardado en reaccionar. 

Cabe recordar que a Mesa General donde se discuten temas de Administración pública está conformada por cinco sindicatos: UGT, CCOO, Intersindical, CSIF y CESM-CV. Si bien los tres primeros son firmantes del llamado pacto de las Naves, que respalda la exigencia del valenciano entre los funcionarios, los dos últimos siempre se han mostrado más moderados. Una postura que les costó ser expulsados de la Mesa donde se anunció el acuerdo por el requisito lingüístico y que desencadenó un posterior recurso por parte de CSIF contra la Conselleria de Bravo. La lucha continúa en los despachos, pero ahora además se sectorializa, en tanto que los diferentes departamentos profesionales piden que se diferencie entre el tipo de trabajo a desempeñar a la hora de establecer mínimos lingüísticos. 

No es lo mismo un sanitario que un docente ni un administrativo que un técnico. Además de que Sanidad y Educación tienen competencias sobre sus adscritos. El nivel de valenciano que el Ejecutivo valenciano quiere pedir a sus trabajadores depende del caso y, curiosamente, del color político de la Conselleria a la que nos estemos refiriendo. 

Docentes: C1 con capacitación

Los profesionales de la Educación son los trabajadores de la Generalitat a los que se exige un nivel más alto de lenguas. En concreto, tanto los maestros como los profesores deben acreditar un C1 de valenciano y un B2 de inglés, con sus correspondientes capacitaciones para la docencia. Esto implica hasta cuatro títulos sin los que es imposible obtener plaza o aparecer en bolsa. En el caso de los profesores de Secundaria, se había planteado elevar el nivel de inglés hasta el C1, algo a lo que los sindicatos se opusieron. Incluso la Conselleria se vio forzada a retrasar la exigencia del B2, puesto que la mayoría de sus trabajadores todavía carecían del mismo, pero será indispensable a partir del curso 2018/19.

La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte está liderada por Vicent Marzà, miembro del Bloc Nacionalista Valencià, próximo a Escola Valenciana y militante del Sindicat de Treballadors de l'Ensenyament del País Valencià (Stepv), por lo que no es de extrañar su contundente apuesta por el valenciano. Dentro del departamento también se enmarca la dirección general de Política Lingüística y Gestión del Multilingüismo, cuyo responsable es Rubén Trenzano, filólogo catalán y próximo a las mismas agrupaciones. 

"La exigencia lingüística es positiva si se acompañA de mucha formación para el profesorado"

La defensa de la lengua ha constituido una prioridad para ambos, no solo en lo que al requisito lingüístico del funcionariado se refiere, sino también mediante el impulso de un decreto de "plurlingüismo dinámico" que permitiera formar mejor al alumnado y acreditarle de manera automática al terminar la enseñanza obligatoria. Luego se acometió la reforma de las acreditaciones en valenciano a través de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencià (JQCV) para equiparar los títulos al Marco Común Europeo de Referencia (MCER). 

En cualquier caso, tanto para FETE-UGT PV como para CCOO-PV la exigencia lingüística es "positiva", siempre que se acompañe de "mucha formación para el profesorado". Incluso enviando profesores a los centros y en ningún caso excluyendo a los funcionarios que ya tienen plaza. "Entendemos que se está haciendo un esfuerzo, pero todavía sigue siendo insuficiente", manifiesta Ferran Vicent, delegado de CCOO. Algo similar a lo que opina Javier González, portavoz de UGT. Con todo, el Consell ya ha anunciado nuevos cursos formativos específicos para docentes con 5.260 plazas en inglés, 1.540 en valenciano y 1.500 a la carta

¿Podría afectar la Ley de Función Pública al sector de la enseñanza? Sí y no. Hay cuerpos que han quedado fuera de la catalogación de Educación, por lo que en las Escuelas Oficial de Idiomas y de Enseñanzas Artísticas podría llegar a ser de aplicación.

Sanitarios: C1 con excepciones

El departamento que dirige la consellera Carmen Montón, de signo socialista, ha sido uno de los que más ha peleado por la permisividad lingüística para sus trabajadores directos. Esto quiere decir que, si bien a los funcionarios de los grupos A1, A2 y B se les exigirá el mismo certificado C1 que al resto de cuerpos, en determinados casos habrá un tratamiento diferenciado. Tal y como confirman fuentes oficiales de la Generalitat, "excepcionalmente, en el ámbito sanitario y de la salud, y en garantía de los servicios públicos, si hay necesidad de personal y éste no dispone de la competencia lingüística acreditada, se podrán proveer los mencionados puestos de trabajo con carácter no definitivo". Se hará mediante un informe que debe establecer la vigencia y la extensión de dicha exención, algo de lo que se encargará el órgano competente en materia de personal de la Conselleria de Sanidad.

Fue uno de los preceptos contemplados en el pacto de las Naves, durante el que los sindicatos propusieron dejar en manos de cada departamento los mínimos lingüísticos requeridos, especialmente en el caso de la Sanidad. "No se puede pedir lo mismo a un médico que a un profesor. Si exigimos demasiado nivel de valenciano o inglés a nuestro personal, podemos quedarnos sin primeras figuras del sector y eso sería dar un paso atrás", argumenta Ricardo Llevata, portavoz del Sindicato Médico de la Comunidad Valenciana (CESM-CV). Los miembros de esta patronal han sido uno de los más críticos con el requisito lingüístico. "No vamos a ceder ni un ápice, y si hace falta saldremos a la calle. Debe existir una excepción para este sector", insiste el secretario sindical, para quien se está intentando "generar un problema donde no lo hay". "Las cosas deberían seguir como están", concluye.

Administración Pública: Depende de la categoría

El borrador de la Ley de Función Pública establece, en su artículo 61, que para acceder a la Administración de la Generalitat los aspirantes deberán acreditar "el conocimiento del valenciano que se determine reglamentariamente, siempre respetando el principio de proporcionalidad y adecuación". Como ya hemos comentado, tras meses de batalla política, los socios del Consell convinieron fijar unos mínimos. Tanto es así que la consellera Gabriela Bravo, principal defensora de dejarlo en manos de cada sector profesional, llegó a declarar a Valencia Plaza: "Mi objetivo siempre ha sido que el valenciano no generara confrontación". Para cuando lo declaró, el pulso político ya estaba vencido.

Por tanto, el trato fue que se aprobaría un reglamento para delimitar el nivel de valenciano exigible en un plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley, una vez que esta fuera aprobada por Les Corts. Y teniendo en cuenta que todavía no hay fecha de tramitación, dicho documento sigue en el aire. Por si acaso, el borrador incluye una cautela para el supuesto de que, transcurrido un año desde la entrada en vigor de la ley, no se hubiera aprobado. En ese caso, el nivel exigible de valencianos sería un C1 (antiguo Grau Mitjà) para los funcionarios de los grupos A1, A2 y B. Por su parte, los funcionarios de los grupos C1 y C2 tendrán que acreditar el certificado B1 y B2 respectivamente. En último lugar, en el caso de las agrupaciones profesionales funcionariales, será suficiente con el certificado A2.

¿Y esto qué quiere decir? Pues que mientras los técnicos de mayor categoría deberán tener el mismo nivel de valenciano que un profesor, a los administrativos les bastará con lo que hasta ahora era el equivalente al Certificat de Coneixements Orals. Como mucho, el Grau Elemental. Se muestran conformes con dicha postura UGT, CCOO e Intersindical, pero a CESM y CSIF no les ha hecho ninguna gracia. Este último sindicato mantiene una guerra abierta con la Conselleria de Justicia y de Administración Pública, desde que fueran excluidos de la mesa donde se anunció la medida del requisito lingüístico, al que ellos se oponían. 

El sindicato llegó a presentar una demanda por su exclusión de una comisión. “Hemos sido convocados a una reunión de la que luego nos han echado. Se trata de un comportamiento sectario, dogmático y que pretende arrinconar en la marginalidad al sindicato”, expresaron.

¿Y qué pasa con los cuerpos de seguridad?

Esta misma semana Vicent Marzà anunciaba que su departamento pondrá a disposición de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado un plan de formación lingüística en valenciano después de "meses sin respuesta" al ofrecimiento que habían realizado a la Delegación del Gobierno, liderada por Juan Carlos Moragues. Según el conseller, el delegado finalmente ha asegurado que "son demasiado caros". Como ya relató Valencia Plaza, pese al interés inicial manifestado por el Gobierno, parece ser que en un momento de la negociación dejaron de responder a los correos y no se pudo ejecutar un plan conjunto.

Es por ello que, a través de la Agencia de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, la Generalitat ofertará esta formación para "favorecer un mejor servicio a la ciudadanía y poner al alcance de los cuerpos de seguridad estatales herramientas de formación lingüística, ya que el organismo que lo debía hacer factible no da respuesta". Una medida con la que se pretende, no solo mejorar los conocimientos del personal de la Administración, sino también evitar posibles situaciones de tensión entre valencianoparlantes y agentes de seguridad.