VALÈNCIA. Había expectación en el pleno de este martes en el Ayuntamiento de València por la intervención de la "formalmente" (sic) concejal de Vox, Cecilia Herrero, días después de que la Fiscalía solicitara tres años de cárcel para ella por presuntos delitos de odio a raíz de una veintena de tuits con tintes racistas, homófobos y xenófobos. El orden del día incluía dos mociones de la oposición reclamando su cese y además, la propia Herrero presentó una moción pidiendo "no recurrir a la vía penal como respuesta automática a manifestaciones u opiniones políticas”. El debate prometía ser incómodo para el gobierno municipal. Pero finalmente, ni siquiera se produjo. Herrero no intervino y nadie salió públicamente a defenderla desde el PP ni desde su propio grupo.

La posibilidad de que intervenga, al igual que ocurre con su compañero Juanma Badenas, siempre genera cierta incomodidad en el equipo de la alcaldesa. Pero a última hora conseguían convencer a la edil para que evitase tomar la palabra para responder a la oposición o para defender su propia moción. Casi se podía percibir la respiración de alivio en la bancada popular. En el equipo de gobierno se asumía que cualquier intervención de la concejala podía reavivar una polémica que la alcaldesa trata de encapsular. A cambio, tanto el PP como los otros dos concejales de Vox, con quienes Herrero y Badenas prácticamente no mantienen relación, votaron a favor del texto de Herrero. "Es una moción bastante blanca", manifestó el portavoz de Vox, José Gosálbez, a los medios de comunicación para justificar su respaldo.

La escena volvió a confirmar una dinámica que se ha ido consolidando en los últimos meses, y es que María José Catalá ha logrado mantener en un perfil notablemente bajo a los dos concejales más incómodos de Vox mediante una estrategia de contención basada en concesiones puntuales y, sobre todo, en la reducción de su visibilidad política. Este patrón se repite cada vez que Herrero o Badenas amenazan con ocupar espacio político, de hecho en alguna ocasión han amagado con ruedas de prensa o propuestas que finalmente han sido retiradas de la agenda sin demasiada explicación.

Ambos concejales mantienen una relación prácticamente nula con Vox a nivel orgánico y con sus compañeros de grupo municipal, pero siguen siendo imprescindibles para sostener la mayoría que permite gobernar a Catalá. Esa posición es la que les dio fuerza negociadora para mantenerse como concejales en el gobierno municipal pero no les basta para conseguir visibilidad.

Cabe recordar que tras la crisis de gobierno provocada por el escándalo del presunto amaño de contratos en València Activa, que acabó con la Fiscalía abriendo diligencias y la entrada de la UCO en el Ayuntamiento, la alcaldesa optó por una solución pragmática: les mantuvo en el gobierno -con la retribución de dedicación exclusiva de 84.000 euros anuales- pero limitando sus competencias en dos concejalías con escasa carga de trabajo. Desde entonces, ninguno de los dos interviene en los plenos ni en las comisiones, no forman parte de la Junta de Gobierno y sus comunicaciones públicas tan solo se producen a través de sus redes sociales personales. Una situación que la oposición no duda en reprochar en cada pleno calificándola de "vacaciones pagadas".

Aunque se auguró que Herrero y Badenas podrían complicar la legislatura de Catalá, más allá de un par de amagos que, hace unos meses, llegaron a hacer perder al equipo de gobierno dos votaciones, ambos ediles han mantenido la disciplina de voto, sin salirse demasiado del redil. La estrategia de la alcaldesa, basada en concesiones puntuales y en minimizar su exposición pública, parece por ahora mantener neutralizados a ambos ediles.