VALÈNCIA. El proceso de liquidación de la Fundación València Activa, que el gobierno municipal prometió concluir antes de que comenzara 2026, sigue sin completarse mientras el coste de los honorarios del liquidador continúa aumentando. Según los últimos datos proporcionados por la concejalía en respuesta a preguntas de la oposición en el pleno, el consistorio ya ha abonado casi 84.000 euros hasta el pasado 22 de marzo por el trabajo de Luis Ignacio Sierra Mallol, la persona designada para llevar a cabo la liquidación.

Cabe recordar que el gobierno municipal de PP y Vox decidió hace casi un año liquidar la fundación de empleo creada en 2005 después de que estallase el escándalo de presunta corrupción del edil Juan Manuel Badenas en su etapa al frente de València Activa y que sigue investigando la Fiscalía. El ejecutivo que dirige María José Catalá, alegó que la decisión de cerrar la fundación de empleo creada por consenso con los agentes sociales dos décadas antes se producía para “evitar duplicidades” y “optimizar” la gestión.

El concejal de Empleo, José Gosálbez, se apresuró entonces a afirmar que el 2026 comenzaría con la fundación liquidada, pero lo cierto es que el proceso todavía sigue sin finiquitarse. De hecho, en el pasado pleno del mes de marzo el propio Gosálbez admitió que aún falta “concluir el balance de liquidación” y aseguró que se realizará “en breve”. El edil añadió que había “apretado y exigido” que se finalizara la disolución “de manera inmediata”, intentando zanjar un procedimiento que debía estar cerrado hace meses según el calendario anunciado.

En cuanto al nombramiento del liquidador, a finales de junio de 2025 Sierra Mallol fue designado para tal fin por el Patronato de la fundación a propuesta de la Concejalía de Empleo, sin que se informara previamente a los patronos de sus honorarios. Semanas después, se decretó que percibiese un sueldo equivalente al de gerente de la fundación mientras durara el proceso. Sierra Mallol ya trabajaba para València Activa como asesor jurídico a través de un contrato menor desde 2020, y fue quien acompañó al entonces responsable de Empleo, Juan Manuel Badenas, en la rueda de prensa donde defendió la legalidad de los procedimientos que investiga la Fiscalía.

Hasta mediados de enero, el Ayuntamiento había abonado a Sierra Mallol 65.650 euros por sus trabajos; ahora, con los pagos contabilizados hasta el 22 de marzo, la cifra alcanza los 84.000 euros, una cifra que seguirá aumentando mientras no concluya el proceso de disolución.

Más allá de los honorarios por los trabajos del liquidador, todavía se desconoce el coste total que tendrá la decisión de cerrar la fundación, puesto que desde el gobierno municipal insisten en señalar que habrá que esperar a que concluya el proceso para conocer dichas cifras. Sin embargo, lo cierto es que hasta el momento ya ha supuesto la renuncia a 1,1 millones de euros en subvenciones de Labora.

Desde la oposición, el concejal socialista, Javier Mateo, critica que el cierre de València Activa, “que el gobierno de PP y Vox defendió en su momento por motivos de optimización de recursos” esté derivando en un coste “que supera los 100.000 euros entre pagos al liquidador y el capricho de cambiar el color y el orden del logo de una marca reconocida por miles de personas que buscan empleo en València”.

Para los socialistas, el cierre de la fundación de empleo no es más que “el intento de Catalá y Vox de encubrir las presuntas corruptelas de su gobierno gestionando València Activa”. Asimismo, considera que “a Catalá y a Vox les da igual el coste por seguir en el sillón” y critica que el impacto económico recaiga sobre la ciudadanía, “especialmente sobre quienes tienen menos oportunidades laborales”. A su juicio, el gobierno municipal “no gobierna para la ciudadanía, sino para sus propios intereses”.