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Así funciona la tarjeta cultural que quiere importar el gobierno valenciano

La Generalitat se fija en el ‘caso vasco’ para desarrollar el proyecto, que convivirá con el bono cultural anunciado en 2016, todavía pendiente de concretar sus ‘aliados’ del ámbito privado

12/09/2018 - 

VALÈNCIA. Tres de cada cuatro valencianos no consumen productos culturales. Con este dato, extraído del barómetro municipal impulsado por el Ayuntamiento de València, daba la ciudad la bienvenida al año 2018, un análisis que no dejaba bien parado el presente de una industria cultural que necesita de estímulos para soportar las constantes sacudidas. Este es el panorama que tratará de revertir el nuevo proyecto impulsado por la Generalitat Valenciana, una tarjeta cultural que subvencionará la compra de bienes culturales y la asistencia a teatros, museos y cines en la colaboración de entidades financieras. La medida fue anunciada ayer por el President, Ximo Puig, durante el debate de Política General, siendo esta la única medida de ámbito cultural de un paquete de 35 nuevos proyectos.

Con el objetivo de dar "visibilidad al sector" se pone en marcha una iniciativa que se desarrollará desde la Conselleria de Cultura con la intermediación del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), una tarjeta que permitirá a los usuarios que la adquieran ahorrarse una cantidad todavía por determinar en sus compras. Lo cierto es que ni la fecha de su puesta en marcha ni el presupuesto que se asignará a dicho proyecto está todavía concretado pues, tal y como explicaron tanto desde el área de Cultura como del IVF, es ahora cuando se empezará a trabajar sobre esta cuestión. Lo que sí está claro es el ejemplo en el que fijar la mirada: el País Vasco. De nuevo el gobierno vasco sirve como ejemplo en cuanto a gestión cultural, a través de una tarjeta cultural que hace años se puso en marcha.

Fue hace casi una década, en 2009, cuando el gobierno vasco lanzó su primera partida de ‘bonos culturales’, una tarjeta que entonces se vendía por un precio de 25 euros y que podía ser canjeada por bienes culturales –libros, entradas de cine, álbumes, etc- por un valor de 40 euros, tarjeta que podía ser utilizada en los establecimientos previamente adheridos a la campaña. Puesto en marcha durante la campaña navideña 2009-2010, era el gobierno vaso el encargado de aportar la diferencia de 15 euros en cada bono, con una disponibilidad máxima de 1.150.000 euros, siendo despachados en el primer año más de 76.000 bonos a través de las entidades bancarias participantes (en su día, BBK, Kutxa y Caja Vital Kutxa).  También Cantabria impulsó una medida similar, aunque en este caso los bonos tenían un coste de 10 euros y se podían canjear por productos culturales por valor de 15 euros, unas 8.000 tarjetas que, de acuerdo con la administración, generarían un movimiento comercial de 120.000 euros.

Entre la tarjeta y el bono

Aunque cántabros y vascos hablan de ‘bono cultural’, en el caso valenciano no hay que confundir la tarjeta con el bono. El primero sirve para subvencionar la compra de productos culturales y asistencia a teatros, museos y cine; mientras que el segundo nace para desgravarse en la declaración de la renta el porcentaje del IVA correspondiente del coste de los abonos culturales para teatro, cine y música. ¿Qué quiere decir esto? Que en uno se canjeará en el mismo momento de la compra y en el otro se desgravará después de la misma. Fue en octubre de 2016 cuando se presentó el Bono Cultural Valenciano, un proyecto que preveía la inyección de 2,5 millones de euros, siendo los potenciales beneficiarios los valencianos con una renta inferior a 50.000 euros, que se podrán desgravar hasta 150 euros en bonos culturales al año.

Aunque se anunció a bombo y platillo, lo cierto es que el arranque del bono ha sido desigual y todavía queda camino por recorrer, dos años después de su presentación. Fue hace apenas unos días, durante la puesta de largo de los premios de las artes escénicas, cuando el conseller de Cultura, Vicent Marzà, expresó que todavía se están “cerrando los convenios” con las salas privadas, siendo en las próximas semanas cuando se presenten los espacios que suman a los públicos en esta iniciativa. En este momento son los contenedores públicos, gestionados por la propia administración, los incluidos en el proyecto. 

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