VALÈNCIA. Este lunes la Filmoteca de València acogió la proyección de Corrupció: l'Organisme nociu, una película de cine documental que rompe con el canon informativo sobre la corrupción. La exhibición forma parte del tour que la Agencia Valenciana Antifraude ha programado en las tres capitales de la Comunitat Valenciana del film divulgativo que, como advirtió el director general del organismo, Joan Llinares, evidencia una inquietante contradicción: en España apenas existe producción audiovisual en torno al segundo problema que más preocupa a sus ciudadanos (CIS). La subdirectora y guionista del film, Teresa Soler, afiló aún más la duda: "hasta donde sabemos, ésta sigue siendo la única película que propone un mensaje posibilista ante la corrupción".
Esa es la principal diferencia de Corrupció: l'Organisme nociu. Una producción –en alquiler online a través de Vimeo– funcional en sus formas, pero profundamente rupturista con el mensaje informativo que propone. Sin proponerse ser un panfleto anti media y con la experiencia en caliente de la primera sentencia de Gürtel y la reciente Operación Erial en marcha, la película reescribe el canon informativo dando voz a dos colectivos silenciados por imperativo periodístico: el de los denunciantes de corrupción y el de los colectivos ciudadanos que se han generado para exigir transparencia y hacer un uso amable de su información.
El primero de esos públicos es el principal protagonista del film con diferentes testimonios de distintos cargos públicos y administrativos que denunciaron e interrumpieron el proceso corrupto. Testimonios que narran de manera naturalizada como interrumpieron el fracaso democrático que supone la corrupción (en casos como Pretoria, Palau y otros) y acabaron pagando por ello. Despedidos, apartados, señalados y, sobre todo, a la intemperie de cualquier protección pública. Tampoco mediática, aunque la película de Antonio Sanfeliu y Soler, que ya ha sido exhibida en más de 100 ciudades y pueblos desde 2015, repara parcialmente esta realidad.
Soler comentó que en algunas de esas proyecciones había recibido el retorno del público cuestionando que en el film no apareciera la voz de los corruptos. Ella compartió en València tras el visionado que "después de ver la película, quien piensa así deja claro que no ha entendido el mensaje". Fue más claro todavía el exfiscal anticorrupción Carlos Jiménez Villarejo, quien cogió un recorte del diario El País que tenía a mano y leyó: "'Zaplana ocultó durante años en Panamá 10,5 millones de euros en sobornos'. Los corruptos tienen la voz de los medios todo el tiempo. Ya tienen la voz y, lo que es peor, son los protagonistas de la vida política".
El frágil equilibrio de recursos humanos que sostiene a los medios de comunicación implica que la información en torno a la corrupción se dedique a apagar el fuego del sobresalto. Ante hitos en el eje cronológico como el de la Operación Erial, el canon informativo apenas deja margen para atender cualquier aspecto que vaya más allá del relato de los agresores. Y son muchos los juzgados implicados, como detalló Jiménez Villarejo a partir de la última memoria disponible de la Fiscalía Anticorrupción: "ahora mismo en la Comunitat se están juzgando delitos de este tipo en varios tribunales de València, Alicante, Castellón, Gandia, Sagunto, Orihuela...". Decenas.
Jiménez Villarejo trató de acudir a la médula del conflicto durante la charla posterior a la proyección: "vivimos en un sistema capitalista y un sistema de estas características tiene una lógica: se basa en el mercado y éste en sus beneficios. A partir de este punto de partida, toda persona, incluso los funcionarios públicos, incluso los propios políticos, pueden ser víctimas del sistema que domina el mundo".
Citando a la profesora emérita Helena Cansamiglia, Jiménez Villarejo definió que la corrupción es "la deslealtad radical frente a los valores democráticos en los que se desempeña una función". Para que esto suceda, el sistema ya prevé "que no encuentren obstáculo alguno a la hora de violar las leyes que regulan su función", lo que posibilita "una evidente desviación del poder". Esos son dos de los principales ingredientes en los distintos relatos de aquellos trabajadores públicos que interrumpieron el proceso de corrupción y que ocupan buena parte del film proyectado ayer en la Filmoteca de València.
No obstante, tanto Llinares, como Soler y Jiménez Villarejo quisieron intuir cambios evidentes en los últimos años con respecto a la corrupción. Una especie de 'lento despertar ciudadano' que, en la película de 2015, ya empezaba a atisbarse a través de los grupos ciudadanos que aparecen reclamando y haciendo uso de herramientas de transparencia. Jiménez Villarejo destacó una sentencia del Tribunal Supremo en el que se recoge que "la lesión ciudadana de la corrupción es mayor que el coste". Esta idea redunda en uno de los pecados originales de su naturaleza: "sigue siendo solo un delito contra la Administración".
Un cambio que, desde su punto de vista, podría pasar en gran medida por la "planificación de medidas que se pueden tomar contra la corrupción y que muchas de ellas ya están en el documento expuesto por la Fundación por la Justicia valenciana. Sus propuestas entroncan con el documental como mensaje de prevención ya que, como apuntó Soler, "el trabajo de los jueces es similar al de un cirujano que ha de resolver finalmente la enfermedad". Sin embargo, el proceso preventivo y su deterioro progresivo pertenece a otros órganos que, como evidencia la cinta y comenta en ella la propia Victoria Camps, han demostrado no funcionar. Además, Jiménez Villarejo puso en valor la Ley 11/2016 valenciana como la primera en abordar la protección de los denunciantes, hecho fundamental en la película en la que también participa como uno de los testimonios de expertos.
Él mismo aportó los datos de la factura de la corrupción con distintas citas que, ya en el año 2004, cifraban el desperdicio en un billón de dólares (Banco Mundial), entre 1,5 y 2 billones en sobornos en las economías emergentes (Fondo Monetario Internacional) o en 120.000 millones de dólares anuales tan solo en las malas prácticas derivadas de la corrupción (Comisión Europea, 2012). Un conflicto en el que tiene mucho que ver la financiación de los partidos que, en palabras de Jiménez Villarejo, sigue sin resolverse: "sonroja ver el texto de la nueva ley al respecto en la que los únicos delitos penales son para donaciones superiores a 500.000 euros". Aun así, para el exfiscal Anticorrupción sigue pesando "la opacidad de la que gozan las fundaciones de los partidos".
Lo cierto es que la historia de España que se refiere a este supuesto tiene una sombra muy extendida: "durante 40 años, los partidos en España han vivido con un tratamiento preferente a la ciudadanía sobre la gestión económica gracias a pedir préstamos que se podían condonar". Se comenta en el documental también esta realidad extendida, con ejemplos concretos, de partidos financiados por la banca que gozaban de condonaciones. Condonaciones que, evidentemente, interesaban a ambas partes. Especialmente al sistema bancario que ha mantenido así su control sobre la actividad política.
De manera evidente, España incumple su compromiso con la resolución del Artículo 20 de la Organización de las Naciones Unidas que ya fijaba en 2003 que la corrupción se tipificaba como un delito para los cargos públicos electos. "Han pasado 15 años y sigue sin reconocerse de la misma manera", apuntaba Jiménez Villarejo. E iba más allá: "desde 1996, el Gobierno ha indultado a 227 penados por delitos de corrupción. Una ley de indultos que es de 1870 y se hereda de la época medieval. Esto me parece gravísimo, porque es insoportable que haya habido 227 indultados por cuestiones como la prevaricación, malversación, cohecho y tráfico de influencias".
Soler quiso reivindicar del film que va más allá de la libertad de expresión: "ésta es fundamental, pero la de pensamiento es tanto o más y la corrupción era un tema muy importante". La idea de recoger "conductas ejemplares" servía para mostrar como "el sistema no les blinda; justo al contrario". A día de hoy, asegura, "debe existir algún borrador en alguna mesa de algún partido político, pero no existe ninguna ley en marcha ni propuesta que proteja a los denunciantes de corrupción".
Finalmente, la subdirectora y guionista del film quiso encontrar el lado positivo de la experiencia que les ha llevado a tantas ciudades, siempre con proyecciones acompañadas de mesas de debate posterior. "La crisis nos ha llevado a tomar una conciencia social, cívica y ética mayor. Nos está abocando a tener una posición más resolutiva", algo que recoge primorosamente el documental. Como ella concluyó, actualmente el pensamiento se ha ido esclareciendo más en la sociedad crítica: "el problema no es tanto cambiar de pastor, sino dejar de ser ovejas".