VALENCIA. Carolina Punset, ya ex síndica del grupo Ciudadanos en Les Corts ha dejado con su firma y con la del diputado Alberto García Salvador una propuesta para despolitizar el Consell Valencià de Cultura (CVC). Es una de sus últimas peticiones en la cámara de representación valenciana, y pide "modificar el artículo 10 de la Ley 12/1985 para incluir, en el régimen de incompatibilidades, a quienes hayan ocupado puestos de responsabilidad política pero no cuenten con relevante prestigio ni acrediten reconocidos méritos intelectuales dentro del ámbito cultural valenciano".
Sin duda, la propuesta de cuyo detalle ha tenido conocimiento Valencia Plaza corre en favor de evitar casos como el actual en el que la investigada -imputada según la anterior nomenclatura escogida en la Lecrim- Consuelo Císcar forma parte del CVC. Pese a todo lo esgrimido por la justicia en su contra, siempre manteniendo su presunción de inocencia pero ante los hechos ya detallados por Intervención de la Generalitat, la ex directora general de Cultura participará en la creación de la nueva Ley del IVAM, de la que ha sido desposeída como presidenta honorífica.
Ciudadanos ha presentado a la mesa de Les Corts esta proposición no de ley para garantizar el cumplimiento legislativo que, como en el caso de Císcar, deja en evidencia las estructuras politizadas que dependen de la Generalitat Valenciana. De hecho, ahí no ha parecido ejercer un influjo suficiente el artículo 7 de la citada Ley, que además de delimitar en 21 el número de estos miembros, que estos han de ser elegidos por las Cortes (dos tercios) y que su mandato es de seis años de duración, no parece haber funcionado de forma efectiva al indicar que esas personas han de ser "de relevante prestigio o reconocidos méritos intelectuales dentro del ámbito cultural valenciano". Lo cierto es que, hasta la fecha, los partidos han propuesto con libertad a sus candidatos y los grupos mayoritarios son los que han 'colocado' en gran medida a todos los componentes del órgano asesor.
Desde el grupo parlamentario, con Alexis Marí ahora al frente como nuevo síndico, se señala la contradicción que genera la misión principal del CVC ("velar por la defensa y la promoción de los valores lingüísticos y culturales de nuestra Comunitat") con los casos de imputación política de Císcar, pero también de Vicent Farnós; también nominado por el PP, imputado desde hace un año y miembro del instrumento para la cultura.
En esencia, el CVC se dedica según su propia descripción estatutaria a "elaborar los informes, dictámenes o estudios que le sean solicitados; informar de anteproyectos normativos que por su relevancia, le sean sometidos a consulta; proponer al Presidente de la Generalitat la distinción de aquellas personas, entidades o Instituciones que se hayan hecho acreedoras de ello por su trabajo o probada dedicación al estudio, defensa o promoción de la cultura valenciana; elaborar y elevar al Consell de la Generalitat una Memoria Anual en la cual, además de exponer sus actividades durante el ejercicio, se recojan las observaciones o recomendaciones pertinentes para la defensa y promoción de la lengua y cultura valencianas, entre otras".
Hasta el momento, son incompatibles de facto como miembros del CVC las personas que hayan ejercido como cargo de Diputado de las Cortes Valencianas, Diputado o Senador de las Cortes Generales o la de miembro de Asamblea o Parlamento Autonómico; la de miembro del Gobierno de España o de cualquiera de las Comunidades Autónomas; de las Corporaciones Locales; el ejercicio de funciones directivas en partidos políticos, sindicatos de trabajadores o asociaciones empresariales y la de personal al servicio del Consejo de Cultura. En sentido estricto, ni Farnós ni Císcar incumplían con estos preceptos.
Sin embargo, si el objetivo debe ser, según la normativa explícita, "prestigiar la cultura y la institución", el grupo Ciudadanos muestra su inquietud ante las citadas situaciones. De hecho, en la propuesta, apunta que "en la actualidad, de los dieciocho vocales que conforman el CVC, siete han ostentado cargos de responsabilidad política en el Partido Popular, PSOE e IU, y no queda acreditada la dilatada experiencia profesional en el ámbito de la cultura. En un caso concreto no figura ni siquiera el currículum. De otro lado, cabe destacar que hay dos miembros, de entre los siete, que se encuentran imputados por casos de corrupción", en referencia a Farnós y Císcar.
