Consuelo Císcar junto a Juan José Bría, ambos imputadosEn tan solo cuatro años analizados, obras de arte compradas por más un 1.500% más del valor del mercado, millones de euros para la publicación de libros y catálogos pese a los informes desfavorables, costosas exposiciones en el extranjero (¿?), 230.000 euros en almuerzos y cócteles, una 'plantilla fija' de músicos de jazz, 39.000 euros en fotocopias para la investigación de un proyecto...
VALENCIA. El informe de Intervención de la Generalitat que dejó al descubierto las decenas de irregularidades que Consuelo Císcar había cometido como máxima responsable del IVAM se ha transformado en un auto demoledor. El citado informe, la denuncia de la Fiscalía a partir del mismo y siete meses de investigación han bastado para certificar el delirio en la gestión del centro de arte durante cuatro de los diez años bajo su mandato que, para sorna en la concatenación de los hechos, lo emite el mismo juzgado que que investiga el Caso Cooperación, cuya primera causa separada acabó su marido y ex conseller, Rafael Blasco, en la cárcel de Picassent.
La magistrada, sin conceder la menor valoración en sus diligencias previas, asegura que Císcar tuvo una relación "directa" con los delitos de malversación de caudales públicos, prevaricación y delito de falsedad. Este juzgado, el número 21 de instrucción de Valencia, estima que resulta "indiciariamente" acreditada la existencia de los hechos y precisa que han supuesto un "evidente perjuicio" a las arcas públicas a partir de las que se gestionaba el museo "pagando importes no justificados por obras de arte o por publicaciones que resultaba evidente que no respondían a ese valor, con un claro lucro a terceros".
El auto, hecho público este miércoles por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), deja el balón sobre el tejado de la Generalitat Valenciana para que decida si personarse como administración perjudicada. La acusación imputa junto a Císcar a los ex subdirectores Juan Carlos Lledó (Administración y Finanzas de 2004 a 2014), Norberto Martínez (Publicaciones del IVAM de 2012 a 2014) y Raquel Gutiérrez, (Subdirectora General de 2005 a 2013), la única que continúa vinculada al centro como Técnico de Exposiciónes y Acción Exterior. De hecho, recuperó su posición con la llegada del nuevo director, José Miguel G. Cortés pero dimitió tras la publicación del informe de la Intervención el pasado 1 de julio de 2015.
También están imputados el responsable de publicaciones entre 2004 y 2005 Juan José Bría y el empresario Enrique Martínez, titular de las mercantiles Sakvitur SL, Valsatrans SL y Logística del Arte SL. Las tres empresas se encargaron durante años de los trabajos logísticos especializados del centro, en una práctica se sugiere que habitual y que "eludió la normativa de contratación del sector público".
El auto concluye que existe "un cúmulo importante de irregularidades relevantes en diversos ámbitos de gestión y/o contratación en el IVAM que podrían hallarse vinculadas con distintos ilícitos penales [...], de los que serían responsables las personas contra las que se dirige la presente investigación". Pero, además, advierte que se parte "de la premisa de que el periodo de control analizado por la Intervención General abarca desde el año 2009 al 2013, pendiente, por consiguiente de concretar otros a los que alcance la investigación [...], a hechos con relevancia penal ocurridos desde el año 2004 al 2014"; es decir, durante el mandato de Císcar tal y como ya dispuso el auto acordado el pasado 24 de julio de 2015 con el que se inició el proceso.
Las irregularidades han tomado el informe de la Intervención como punto de partida, pero la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Valencia ha encontrado todavía más en el curso de la investigación. Haciendo suma de ambas y dividiéndolas en los mismos ámbitos que dispone la jueza, esta es una lista a partir de aquellas en las que se detalla el presunto agravio al erario público:
Descontrol en la compra de obras de arte
La Comisión de Adquisiciones de Obras de Arte del IVAM, con Císcar al frente, tenía una serie de preceptos con la institución. Por ejemplo, comunicar al Consejo Rector las adquisiciones de obras artísticas. Pues bien, siete de ellas no fueron comunicadas (219.680 euros), tres sí se comunicaron pero faltando a la verdad si se comprueba cuál fue el verdadero precio de adquisición (70,13%, 50% y 2.04% más de lo indicado), la compra de un lote a la Galería Tao sin que exista un detalle de las obras adquiridas, 17 compras más sin identificar cuáles son, la adquisición de la obra Opus DCXLV sin que conste el precio... etcétera.
El IVAM, que tendrá nueva ley propia en el semestre de 2016, no cuenta con un protocolo que fije el procedimiento a seguir con respecto a las exposiciones. Como describe el auto, "normalmente las mismas son propuestas por comisarios a la dirección o a iniciativa de ésta. Una vez comunicada la exposición al Consejo Rector y contando con la aquiescencia del mismo, comienzan los expedientes de contratación".
Comisarios sin acreditación técnica y hasta por 75.000 euros
A partir de este ambiguo punto de partida institucional, el detalle revela contrariedades como la exposición Arte Español de la Colección del IVAM, celebrada en Shangai (China), generó un expediente de gasto para su comisario aunque, lo cierto, es que la exposición no se celebró según la investigación. Pero en materia de comisarios, el auto mucho más contenido y eso que sólo se ha analizado "un 46% de los expedientes de contratación en el periodo al que se ciñe el informe". Aunque se prevé que se necesita un "informe justificativo" tecnico o artístico del experto que 'lidera' una exposición, el IVAM añadía su curriculum sin mayor justificación por la que la persona era la idónea para cubrir este trabajo. Y los honorarios van de los 3.000 a los 75.000 euros, sin justificar un estudio previo de precio de mercado.
Pagando exposiciones de artistas extranjeros en el extranjero
Aun así, lo más interesante llega de la investigación de la Brigada Policial y con las declaraciones del registrador de obras de arte del IVAM (el mismo desde su creación) y la principal responsable del departamento desde 1998. A partir de lo expuesto por estos en sede policial, se extrae que Císcar impulsó "multitud de exposiciones en el extranjero costeando la totalidad o gran parte de los gastos generados, llegando incluso a tratarse de artistas extranjeros". Este hecho incumple con las funciones del propio IVAM, pero, sobre todo, no atiende a la realidad lógica de este ámbito profesional: "los gastos generados por el transporte, montaje y exposición corren a cargo de la sede que recibe la exposición, es decir del solicitante o receptor de la misma".
Aunque, como en el caso de las exposiciones, no existe una normativa estricta e interna para proceder con las publicaciones, el auto destaca -entre otras- las dos icónicas dentro de las irregulares (referentes de la biblioteca bufa valenciana):
El incatalogable caso del Catálogo Julio González
Septiembre del año 2003. No existe "necesidad" ni "oportunidad de la publicación", apunta el auto, pero se inicia un lacerioso proceso para las arcas públicas a costa del nombre del artista valenciano Julio González. Consuelo Císcar no está al frente del IVAM, pero se formaliza un contrato con Tomás Llorens, que con sucesivas ampliaciones, alcanza los 145.977,79 euros. El objetivo: editar el catálogo. 'Por supuesto', "tramitado mediante procedimiento negociado sin publicidad". Pero la bola se hace más grande y en diciembre de 2006 entra en acción un convenio de colaboración con la Fundación Azcona que parece hacerse cargo del proyecto en su coste a cambio de que el IVAM compre 2.000 ejemplares y, por su paste, esta entidad le regale 250 a coste cero.
Sin embargo, a partir de un acuerdo de 2010 que tuerce la idea del mecenazgo a partir de la Fundación, empieza la suma de sorpresas en torno a los tres volúmenes de esta edición: en 2011 la Fundación emite una factura al IVAM por 83.595 euros, el supuesto precio de coste de 300 ejemplares (278,65 euros por unidad; superior a su precio de venta al público) y en 2013 otra factura más de 27.757,67 euros por 200 ejemplares (138,78 euros; a la mitad que la anterior). Pero las irregularidades se disparan: "no constan los justificantes de gastos, ni siquiera por las fotocopias (39.634,28 euros)"; "la documentación" es "insuficiente" para relacionar que la edición del catálogo haya costado "178.057,61 euros"; las liquidaciones de gastos son "hojas sueltas que no identifican autor ni fecha"; y, entre otras, lo más grave: el "uso de la figura del convenio para formaizar un contrato (imprenta) cuyo objeto se encuentra sometido a la normativa del sector público".
Catarsis final: de los 2.750 ejemplares adquiridos por el IVAM se han vendido 22. 161 se han regalado. 2.567 se encuentran en los almacenes del IVAM.
Quaderns del IVAM, o como adjudicar 2,3 millones de euros a discreción
Había informes desfavorables de la Jefa del Departamento de Gestión Administrativa, pero dio igual. Lo advertía: "se contratan prescindiendo del procedimiento legalmente establecido". Dio igual. No se sabía ni lo que se contrataba, ya que existe una discordancia entre el número de páginas contratadas y las producidas que, per se, ya supondría un sobrecoste de 50.000 euros a las arcas públicas. Pero es que esa cifra es anecdótica para el volumen del proyecto.
Una revista. 20 números. 2.359.848,52 euros adjudicados sin concurso público y directamente a Unidad Editorial Revistas S.L.. 90.000 más del último de esos números para Dixipress S.L. Tiradas de 35 a 59.500 ejemplares. ¿La idea? Divulgar los fondos artísticos y actividades del IVAM. Como en el caso de los tres volúmenes del Catálogo razonado de Julio González, "se pudren" entre el IVAM y Riba-roja.
Como cabe esperar de este apartado dentro de la actividad y funciones del IVAM, las sorpresas son peculiares. Sobre todo por lo que, a priori, en gran medida, se alejan del propósito central con el que el IVAM se ideó en 1985, o al menos de lo que le propuso Ciprià Císcar (hermano de la primera imputada del asunto, 25 años en las listas del PSPV al Congreso, por primera vez fuera del Congreso si no se repiten Elecciones) al arriba citado Llorens.
Cenas, cócteles, almuerzos, comidas...
Es posible que este tipo de encuentros tengan mucho que ver con las posibilidades públicas y relacionales del museo. No obstante, aunque las cifras llaman la atención, cuentan las formas: el 84% de los tickets no identifica a las personas que participan ni el acto ni documento que acredite quién justifica que se celebrara tal acto. Pero abordemos las cifras durante los cuatro años investigados: del cómputo general, 229.789,11 euros; del cómputo 'cena y cóctel de inauguración', este continuado en el tiempo y referido a la actividad propia del museo pero tramitado como contrato menor, 202.152 euros. Total: 431.941,11. En la división sencilla, 295,85 euros diarios durante cuatro años.
Capítulo de viajes y el bombón suizo
En el apartado de viajes sólo se han analizado 33 expedientes. O sea, el 54% de los que existen en la serie. Más que suficiente para detectar irregularidades del tipo "tres facturas de alojamiento correspondientes a tres habitaciones distintas de un mismo hotel en Suiza en las mismas fechas por importe cada una de ellas de 3.800 euros". Más curioso todavía: dos estaban a nombre de la Directora Gerente. De la tercera habitación no se sabe siquiera si se utilizó.
La amiga de Císcar que representó al IVAM
El auto -entre otros- ha recogido un caso difícil de encajar: gastos de viaje y dietas a nombre de Pilar Mundina, 37.000 euros, "sin acreditar la relación laboral de tal persona con el IVAM ni el motivo de tales desplazamientos". Como publicó El País, Mundina era "amiga de Císcar". Funcionaria 'cedida' por el Instituto Valenciano de la Juventud (IVAJ), hizo las veces de "asistente de la directora en al menos 10 viajes y en una ocasión representó sola al museo".
Freelances a precio de oro para proyectos que no existieron
Norberto Martínez, imputado como ex subdirector, fue también 'colaborador literario' y 'corrector de textos', función por la que generó unos gastos mensuales de 2.800 euros de enero de 2009 hasta
febrero de 2012. Esa fecha final coincide con el inicio de su periplo 'con cargo' en el museo. En el caso de su labor para Quaderns del IVAM, facturó 39.000 euros en 2009 y 2010 durante 14 meses, ¡y eso que no había contrato en vigor para la edición de estos!
Por su parte, Tomás Belaire hizo las veces de corrector de textos en valenciano, pese a que la Generalitat cuenta con un servicio propio que hubiera resultado gratuito para el centro. La minuta: 63.830 euros más a descontar del erario público. Hay más: Miguel Ángel Sazatornill Lavilla, un intermediario, cobró 213.000 euros para la 'Coordinación Cultural y la Gestión de Espacios Expositivos para el IVAM en Asia', que, en resumen, no existen constancia documental de que se hicieran.
De cuando el IVAM tuvo una formación de jazz propia y estable
IVAM Jazz Ensemble, ese era el nombre. De 2009 a 2013, sus años de 'actividad'. Ximo Tebar, su representante y el hombre al frente de Omix Records, la empresa que facturó 649.993 euros. La idea: tener una banda de jazz "de forma estable en varias vertientes". Lo que el auto dice es que existe "una clara irregularidad ya que así planteado la contratación debería sujetarse a la normativa laboral y por el contrario se trata de un contrato de servicios sujeto la Ley de Contratos del sector público". Pero hubo más: seis facturas superiores a 50.000 euros por parte de la misma empresa por la sonorización e iluminación, pese a que había "sido objeto del contrato mencionado las labores de infraestructura técnica".
La Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte emitió un comunicado en el que marcaba una total distancia con la causa y se exoneraba asegurando que "nosotros despolitizaos la cultura, somos absolutamente transparentes y rigurosos con una cuestión: con el dinero de los valencianos no se juega". En este sentido, el IVAM a través de su nuevo director rechazó hacer valoraciones y apostó por "mirar al futuro".
La reacción más contundente llegó desde el grupo socialista en Les Corts. Su portavoz, Manuel Mata, volvió a pedir -como el pasado verano, tras conocerse el informe de la Intervención- la dimisión de Císcar del Consell Valencià de Cultura donde, con todo, es vocal.
