Cultura contesta a los trabajadores de CulturArts que su acción trata de subsanar lo generado por el ERE

VALÈNCIA. Este pasado lunes no era un día cualquiera para el Gobierno de Ximo Puig en materia cultural. El Palau de Les Arts acogía la XX edición de los Premios Max. Una gala de entrega y reconocimientos a las artes escénicas que dejó cuatro galardones en casa: dos para Maduixa Teatre por Mulier, uno más para Carme Portaceli por Només són dones y otro más para María Cárdenas como mejor autora revelación por Sindrhomo. Durante más de dos horas y media, la gala ocupó la emisión de La2 de Televisión Española y convirtió a los espectáculos de teatro, danza y circo en trending topic durante toda la noche. Un momento de exposición que sirvió también para la reivindicación.

Así lo interpretaron desde el Comité de Empresa de CulturArts (ahora, Institut Valencià de Cultura, aunque este órgano ha decidido no cambiarse el nombre de momento). En la mañana del mismo lunes, los representantes sindicales enviaron un duro comunicado en torno a la situación de “recortes”, “precariedad laboral” e “indefensión” de los trabajadores públicos. Alertaron sobre la situación de los inmuebles propios de la Generalitat donde se desarrollan eventos culturales (como el Teatre Principal o el Rialto) y acabaron por influir en alguna de las conversaciones que horas más tarde iban de un corrillo a otro antes y después de la velada de los Max.

El agrio comunicado apelaba en última instancia a que la Generalitat tomara una posición con respecto a la cultura y sus trabajadores públicos: “ha llegado el momento de que este gobierno se siente a pensar por una vez, deje de lado la foto y la inauguración, y más allá de grandes palabras y conceptos abstractos del Fes Cultura [el Plan Estratégico Cultural hasta 2020], decida qué quiere hacer con la cultura y con la gente que trabaja para hacerla posible". La apelación ya ha tenido respuesta y los responsables del IVC defienden que han mantenido una decena de reuniones con este colectivo en relación a la Relación de Puestos de Trabajo, el punto de ebullición de la legislatura que ambiciona alinear responsabilidades y salarios en toda la Administración autonómica.

La creación de CulturArts, que hizo que se integrasen todo tipo de profesionales derivados de distintas entidades públicas valencianas, culminó con la llegada de un ERE que, según ambas partes, acabó por arrojar un escenario laboral crítico. Ese es el punto de partida con el que se encontró el actual Gobierno y, aunque el Comité de Empresa no elude responsabilidades del anterior Ejecutivo, sigue en proceso de resolución alcanzado el ecuador de la legislatura. El reto es la modificación colectiva y sustancial de al menos el 15% de la plantilla del órgano y que, en este momento, aguarda los informes preceptivos de la Abogacía de la Generalitat, según ha informado el IVC a este diario. Informes de los que serán conocedores los trabajadores en una reunión próxima aunque sin fecha de la que ya han sido advertidos.

Para Guarinos la situación actual está relacionada con “el disparate del catálogo de puestos de trabajo resultante tras el ERE y que propició el PP en CulturArts”. Una situación de “precariedad” aceptada “en muchos de los departamentos del actual IVC” y que llegan “precisamente por el ERE de 2013”, según Guarinos y según el propio Comité de Empresa. 

El máximo responsable del IVC vuelve a advertir de la singularidad de algunos puestos de trabajo a concretar, “fundamentalmente, los de personal técnico de escenario y personal de sala”. Guarinos admite que, actualmente, todavía, la Conselleria de Educación, Investigación, Cultura y Deporte “estudia” la situación de esos puestos junto a la Conselleria de Hacienda y Modelo Económico. Un proceso asistido por la Abogacía de la Generalitat “con la intención clara de no perjudicar económicamente a nadie, y mucho menos los sueldos de los grupos C, D y E”, el personal que menos cobra de todos cuantos dependen de la Generalitat Valenciana. El director del IVC deja claro que, conscientes de la situación y en proceso, “hay que dejar claro que todos en cualquier caso deben estar sometidos a la legalidad vigente”.