VALÈNCIA. La Conselleria de Economía no está de acuerdo con la decisión de Territorio de resolver anticipadamente la Actuación Estratégica Territorial (ATE) de Mestalla, cuyo plazo expira en mayo de 2025, por la falta de compromiso del Valencia CF con la actuación. Un rechazo no tanto por el fondo de la cuestión, sino por la forma y el momento escogido para hacerlo. Será previsiblemente este viernes en el pleno del Consell cuando el gobierno valenciano dé luz verde al inicio de la tramitación que dará por finalizada esta actuación estratégica.
Territorio motiva esta decisión de resolver anticipadamente el desarrollo urbanístico en base a los sistemáticos incumplimientos del club que preside Anil Murthy con los hitos fijados en la ATE entre el Valencia y el Consell en 2015, entonces bajo el mandato del popular Alberto Fabra. Unas obligaciones que en su mayoría no se han ejecutado y que han precipitado al departamento que dirige el socialista Arcadi España a iniciar el proceso para caducar la ATE.
No obstante, desde Economía, aunque coinciden en que el club no ha movido ficha y para seguir con el proceso se necesitan avales y garantías, no creen que el momento sea el más propicio para iniciar este proceso. En concreto, consideran que dado que en diciembre LaLiga y el fondo británico CVC previsiblemente sellaran el acuerdo que reportará una importante inyección económica al club, se debería esperar a ese balón de oxígeno antes de tomar cualquier decisión.
Así lo señalaba el conseller del ramo, Rafa Climent, en una entrevista en À Punt. "Entendemos que el Valencia tiene una posibilidad en esos dos meses para avalar, de una manera clara si se cumple el contrato con CVC, las obras del nuevo estadio. Apostamos por la prudencia y pensamos que el momento de caducar la ATE no es este. Puede que sea otro si realmente el Valencia, transcurridos estos dos meses no mueve ficha. Pero tiene que mover ficha", defendió Climent.
Desde Economía recuerdan que en escritos remitidos a este departamento, Murthy aseguraba que "la mayoría de la inversión" que perciba la entidad del acuerdo entre LaLiga y CVC se dedicará "a la construcción del nuevo estadio" y se comprometía a dar los detalles del importe definitivo que dedicaría a la operación a Economía en diciembre, cuando está previsto que se selle la alianza entre el fondo y el campeonato.
Por tanto, desde este departamento creen que se podría haber esperado unas semanas más hasta que se resolviera esta cuestión para comprobar el compromiso del club con el estadio, teniendo en cuenta que los incumplimientos están ahí y son evidentes. Pero, además, se pretende contar con todos los argumentos posibles para evitar cualquier judicialización de la causa que demore aún más la actuación. "El Valencia se comprometió a informar en diciembre. Faltan semanas para que se cierre el acuerdo. ¿Por qué no esperar unas semanas cuando llevamos así años?", insisten fuentes de este departamento consultadas por este diario.
Climent consideró que ahora no es el momento de iniciar ese procedimiento, máxime cuando recientemente su departamento les denegó la prórroga de la actuación como había solicitado el club por cinco años más y todavía hay dos meses para que la entidad valencianista pueda recurrir a los tribunales. "Creo que no es momento de caducar la ATE por una sencilla razón. Acabamos de denegar la prórroga tras unas alegaciones del club y estamos en un proceso en el que el Valencia tiene la posibilidad de hacer un contencioso administrativo. El club tiene dos meses para hacer este procedimiento", remarcó el conseller.
El expediente iniciado por la Conselleria de Territorio para declarar la caducidad de la ATE era uno de los dos caminos que abría la Abogacía de la Generalitat Valenciana en su informe emitido este verano. En él, los abogados de la administración autonómica aseguraban que la Generalitat tiene la "obligación jurídica de resolver anticipadamente" la actuación habida cuenta de los sistemáticos incumplimientos del club che para cumplir los plazos marcados en el acuerdo de la ATE.
Esta resolución anticipada, explicaba Abogacía, se podía llevar a cabo mediante dos fórmulas. Por un lado, ofrecía la opción a la Generalitat Valenciana de sustituir al promotor de la actuación, en este caso el Valencia CF. Y por otro, posibilitaba la declaración de caducidad de la ATE. Una vía, esta última, que es la que ha tomado Territorio.
Según explicaron en su momento fuentes de dicha Conselleria, no supondría la anulación de la actuación en sí misma porque se podría en un futuro encontrar un nuevo promotor: únicamente conllevaría la suspensión urbanística del desarrollo, que podría retomarse en un futuro. Y el fin de la actuación, por su parte, no quiere decir que el nuevo estadio no se vaya a construir, sino que el promotor podría perder las ventajas que ofrece la figura urbanística de la ATE, así como una recalificación de terciario que le costaría al club entre 15 y 20 millones de euros.
Eso sí, la edificabilidad extra que ganó el club podrán mantenerse si así lo considera Territorio. El propio informe de la Abogacía de la Generalitat señalaba que Territorio tendrá la potestad de decidir si se mantienen o no las previsiones de planeamiento, todo ello de forma motivada y basándose en el interés general. Aunque lo cierto es que si se da por concluida la ATE es probable que también lo haga el planeamiento que contempla dado que esa edificabilidad que recoge es precisamente uno de los beneficios de esta figura urbanística.
Este trámite, no obstante, empezará cuando el pleno del Consell apruebe darle inicio, algo que Territorio espera que ocurra en el pleno de este viernes 19. El proceso seguirá adelante dado que las causas que lo motivan, esto es, el incumplimiento de los plazos se van a mantener, pero se abrirá un periodo de alegaciones que podrían prolongar el proceso.
El anuncio de Territorio es otra mala noticia para el Valencia CF. La Conselleria de Arcadi España tardó apenas un día en dar a conocer el inicio de este expediente después de que la Conselleria de Economía, de Rafa Climent, rechazara definitivamente la petición del Valencia para prorrogar los plazos contemplados en la ATE al verlos difíciles de cumplir. La actuación suscrita en 2015 expira en 2025 y el club que preside Anil Murthy había pedido a Economía postergar cinco años, algo que el departamento de Climent rechazó en dos ocasiones, dados los incumplimientos del Valencia y las proyecciones negativas de cara a los futuros plazos internos de la ATE.
El primer hito o fase, que debía estar concluido en 2018, incluía tres aspectos: la demolición del edificio con dependencias municipales en la Avenida de Aragón; la urbanización del entorno; y la construcción de un hotel, propiedad de Expo Grupo. De esto sólo falta el complejo hotelero. Pero tampoco se ha iniciado ninguna obra de la fase 2, que finalizaba este mes de agosto y que incluía, entre otras cosas, la finalización de las obras del nuevo estadio y la urbanización del entorno y la construcción del nuevo polideportivo de Benicalap.
El Valencia CF culpaba a las administraciones de la "inactividad" que habría motivado dicho retraso. Pero Economía sentencó que el club "no ha solicitado certificados acreditativos del silencio producido, ni interpuesto recursos administrativos o contencioso-administrativos frente a esa inactividad administrativa". De hecho, va más allá al señalar que incluso en las alegaciones del club se reconocía "la falta de recursos financieros para acometer las actuaciones resultantes de las licencias solicitadas", hecho que "desaconsejaba a la entidad utilizar esta vía".
Otra de las alegaciones del Valencia era que el estallido de la pandemia de coronavirus había tenido su parte de responsabilidad en los retrasos de las actuaciones. Pero el departamento de Climent fue claro al responder que si cuando estalló la pandemia el estadio no se había retomado ni había dinero para retomarlo, sin la pandemia "tampoco se hubiera cumplido con los plazos previstos".
Este capítulo abierto sobre la caducidad de la ATE se revela otro más en la historia de discrepancias internas entre la Conselleria de Territorio y la de Economía, encabezadas por el socialista España y el integrante de Compromís Climent. Desde que se iban acercando la finalización de los plazos para que el Valencia actuara o mostrara su compromiso de continuar con las obras del Nou Mestalla, ambos departamentos han mantenido posturas sensiblemente diferentes.
Mientras que el departamento de España ha mostrado siempre una línea más dura y estricta para con la falta de interés mostrado por el club valencianista y a los flagrantes incumplimientos con la actuación, su homólogo en Economía ha preferido optar por ir con pies de plomo. En ese sentido, Climent ha abogado por una postura más garantista para evitar, en la medida de lo posible, que el caso acabara en los tribunales y el Valencia pudiera obtener allí una victoria.
El president Ximo Puig incluso ha tenido que mediar en alguna ocasión entre ambas Consellerias al respecto de este asunto. Pero lo que se podría considerar como una batalla interna en el seno de la Generalitat Valenciana parece que no ha terminado y ahora ambos departamentos vuelven a disentir sobre cómo actuar. Climent, según ha expuesto públicamente, prefiere agotar antes todas las vías para no judicializar el conflicto con la propiedad del club.