El presidente de la empresa sí logra el objetivo de los socialistas de cesar al gerente tras los cambios de consejeros y pasa a ostentar más control; Antonio Mas, que adelantó que se marcharía igual, denuncia presiones hacia él, el tribunal y la ganadora del proceso
VALÈNCIA. Las maniobras efectuadas por cargos socialistas de la Diputación de Valencia durante los últimos meses para frenar y revocar la contratación de la nueva jefa de Recursos Humanos de Divalterra fueron este viernes desactivadas por el Consejo de Administración de la empresa pública. Después de hasta tres votaciones diferentes y recesos para introducir alternativas, una mayoría de los consejeros rechazaron los informes del jefe jurídico y de riesgos penales, José Luis Vera, en los que abogaba por anular todo el proceso de selección que se ha visto envuelto en polémica. De esta manera, Eugenia Fernández queda ratificada en su puesto a la espera de si se lleva el asunto a los tribunales. De hecho, lo más probable es que acabe en la vía judicial de una forma u otra.
El desencadenante de la situación fue el procedimiento para cubrir la jefatura de RRHH de Divalterra, que arrancó el pasado julio y finalizó en diciembre. Después de que el tribunal eligiera a la ganadora, el presidente de la empresa pública, el diputado socialista Ramiro Rivera, ordenó que se suspendiera su contratación debido a la presentación de un recurso por parte del aspirante que quedó en segundo lugar, José Fambuena. El gerente, Antonio Mas, desobedeció al entender que se había hecho todo correctamente, de manera que la vencedora se incorporó el pasado 18 de enero. Lo siguiente pasó a ser una guerra total a nivel interno entre tensiones –que también se percibieron en la reunión de este viernes–, la 'caza de brujas' a los cargos por supuestas filtraciones a Valencia Plaza y los diferentes posicionamientos sobre lo ocurrido.
Para sus intenciones, Ramiro Rivera se vio avalado por los múltiples informes elaborados por José Luis Vera, quien se erigió en instructor de un expediente sobre el caso como responsable de riesgos penales –responsabilidad equivalente a la de compliance o vigilante del cumplimiento normativo– puesto para el que fue nombrado en diciembre pese a que el Consejo de Administración de Divalterra –el mismo que aprobó su nombramiento– había autorizado tan solo un año antes una convocatoria pública para cubrir ese puesto –lo cual todavía no se ha hecho–. En los últimos informes, Vera concluyó que había que anular todo el proceso siete meses después de su inicio y la contratación de la jefa de RRHH por más de una decena de irregularidades.
El tribunal se ratificó en febrero en su elección, de manera que los documentos de Vera tenían que pasar a votarse en el Consejo de Administración de la empresa. Se llevaron, así, al de hace dos semanas, pero se acabó aplazando el pronunciamiento ante una total falta de acuerdo –no quedaban claros los equilibrios a favor de las tesis de Vera–. A lo que luego se sumaron diversas dimisiones de consejeros. Para sustituirlos se convocó una Junta General –el pleno de la Diputación que preside Toni Gaspar– en la que se votaron los nuevos miembros. Nombramientos que ya comenzaron con polémica puesto que, además de los de los grupos políticos, se votaron los "técnicos" propuestos por Gaspar. Aunque todos ellos son funcionarios, cuentan con vinculaciones políticas debido a que han ocupado cargos con PSPV y Compromís, lo cual podía facilitar esa mayoría deseada dentro del Consejo.
Cabe destacar, sin embargo, que aunque la posición de Compromís no quedó del todo clara al principio, finalmente ha optado por desmarcarse totalmente de este asunto –ni siquiera sustituyó a su representante en la firma–, con lo que ha dejado solo al PSPV.
Llegó, entonces, la cita de este viernes, donde volvía a figurar en el orden del día la votación de un nuevo informe de Vera que venía a establecer lo mismo que los anteriores –la anulación de todo el proceso de selección y de la contratación de la jefa de RRHH– pero que, además, señalaba directamente al gerente como responsable de varias irregularidades –y especialmente por su desobediencia–. De este modo, el otro punto que se iba a debatir era su cese.
Después de casi siete horas de reunión y algunos enfrentamientos, lo primero no salió adelante pese a los diversos intentos de lograrlo por parte de Rivera, Vera y, al final, con el respaldo del secretario de la Diputación, Vicente Boquera. El primer informe fue tumbado por 6 votos contra 3 y la alternativa planteada junto al secretario repentinamente –también favorable a la anulación del proceso– se rechazó por 5 contra 4. Debido a que la destitución de Antonio Mas –el presidente llegó a poner encima de la mesa directamente el despido pero no recibió apoyo– estaba fundamentada en esas conclusiones de Vera que no salieron adelante, el argumento esgrimido entonces por el presidente de la firma fue el de pérdida de confianza. El resultado fue 5 votos a favor, 2 abstenciones y 2 en contra.
La destitución de Mas supone ahora que el presidente de Divalterra y diputado del PSPV pase a ostentar todas las facultades del primero, lo que le otorga un control mucho mayor de la empresa. De hecho, desde la oposición ya se pide que se saque cuanto antes a concurso público esa plaza.
Según fuentes de la corporación provincial, durante la reunión de este viernes el gerente llegó a anticipar que se marchaba igual aunque no se le acabara cesando. También aprovechó para recriminar a Vera que no le haya pedido nada de información durante la instrucción de su expediente y le acusó de haber hecho de fiscal, juez y acusación para 'ejecutarle'. Igualmente, denunció que han sido presionados tanto él, como el tribunal de selección al completo y la propia ganadora, por lo que la seguridad y la presunción de inocencia no cree que exista en la empresa. Por sus palabras, hay quien interpreta que llevará el asunto a los tribunales.
A lo largo del Consejo, también se plantearon dudas sobre la procedencia de que votaran el consejero delegado, Pedro Domingo –quien aparecía en el informe de Vera– y el nuevo consejero Luis Felipe Martínez, aunque finalmente lo hicieron. El exsubdelegado del Gobierno en Valencia ayudó para el proceso, tal como publicó este periódico, al candidato que quedó en segundo lugar con la firma de un documento en el que avalaba su experiencia laboral, gracias al cual pudo pasar el corte de aspirante. Este viernes, en la primera reunión de su nuevo cargo, no estuvo presente aunque delegó el voto en Rivera.
Durante el debate, algunos representantes recordaron que las bases de la convocatoria que se pretendían anular nunca fueron recurridas por nadie y se cuestionó en alguna ocasión a Vera sobre por qué no llevaba a los tribunales las numerosas irregularidades que detectó en su informe como director de riesgos penales. A lo que explicó, según las mismas fuentes, que no se deducían ilícitos penales.