El Puerto cumple un año sin poder otorgar a MSC la ampliación norte y prorroga el plazo

VALÈNCIA. La ampliación norte del Puerto de Valencia continúa varada. Un año después de seleccionar la oferta presentada por el grupo MSC para construir y explotar la futura terminal de contenedores, el consejo de administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV) vota este viernes una resolución para prorrogar el plazo para el otorgamiento definitivo de la concesión.

La situación dista mucho de la prevista por el presidente de la APV, Aurelio Martínez, quien confiaba en poder otorgar definitivamente esa concesión este mismo mes al no haber llegado a tiempo de hacerlo antes del verano. "Siendo realista, calculo que para septiembre, pero siendo optimista me encantaría llegar a julio", aseguró tras la reunión mensual del consejo del pasado junio.

Sin embargo, tampoco podrá hacerlo ahora al no contar todavía con el visto bueno de Puertos del Estado a los cambios en el anteproyecto constructivo de esa terminal de contenedores, unas modificaciones con las que el Puerto busca vencer las reticencias de los opositores a la ampliación, con el alcalde Joan Ribó a la cabeza, por el impacto medioambiental de la obra.

El asunto, de hecho, colea desde marzo. Para entonces, Aurelio Martínez esperaba haber recorrido ya todas las fases del concurso que aún quedaban por delante desde que se seleccionó la oferta de TIL, la filial de MSC para explotar la terminal. A saber, la publicación de la oferta seleccionada en el BOE (algo que se hizo efectivo en noviembre), el proceso de información pública y la recogida de alegaciones y elaboración de un informe técnico final sobre el otorgamiento de la concesión para su votación por parte del consejo de administración de la APV.

Sin embargo, el alud de alegaciones en contra del proyecto, planteadas entre otros por el propio Ayuntamiento de València, el principal sindicato de estibadores, y la mayoría a través de la Plataforma Ciutat–Port, han impedido avanzar con la celeridad que deseaba el presidente del Puerto. A ello se suma, además, el hecho de que el Puerto de València haya realizado cambios sustanciales en el anteproyecto constructivo de la nueva terminal para intentar restar argumentos a quienes defienden que la obra no puede ejecutarse sin que se tramite una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA) adicional a la que este proyecto obtuvo en 2007.

Se trata de la renuncia a la prolongación del dique de abrigo principal de la nueva dársena en 500 metros y al dragado marino de 350 hectáreas frente a El Saler para aumentar el calado del canal de acceso al Puerto. Para reflejar esos cambios en el anteproyecto constructivo y poder otorgar definitivamente la concesión a MSC, Puertos del Estado debe dar el visto bueno a esas modificaciones.

Sin embargo, ese requisito todavía no se ha cumplido porque la APV no ha remitido al organismo que preside Francisco Toledo el anteproyecto constructivo completo, incluidos los estudios técnicos que demuestren que los cambios en el dique de abrigo no aumenta la agitación en el interior de la dársena o que aclaren de dónde obtendrá la APV los cerca de 20 millones de metros cúbicos de material que necesita para rellenar el muelle de la futura terminal y que ahora deberá buscar en otras fuentes, ya que para ello contaba con el material obtenido con el dragado del canal de acceso.

Uno de los puntos del anuncio de la convocatoria del concurso para adjudicar la construcción y explotación de la futura terminal norte de contenedores fijaba en ocho meses el plazo de validez de la proposición del licitador, contados desde la fecha de apertura de la propuesta técnico-económica.

El consejo de administración de la APV aprobó hace ahora un año seleccionar la oferta de TIL-MSC, la única presentada, y dar inicio al expediente para continuar con el proceso de adjudicación. Lo hizo con nueve votos favorables y un único voto en contra planteado por Joan Ribó.

El alcalde de València justificó su oposición ante la negativa del resto del consejo de dejar en suspenso el proceso a la espera de que el Ministerio de Transición Ecológica determine si se necesita renovar la DIA vigente, un hecho que le llevó a oponerse por "obligación" y para no "cerrarse ninguna puerta" de cara a una demanda posterior.