Ciutat-Port alega que los pliegos de la ampliación del Puerto limitaban la competencia entre empresas

VALÈNCIA. El próximo 14 de enero finaliza el plazo para presentar alegaciones al proyecto del grupo MSC para la ampliación del Puerto de Valencia. Así lo hizo el Ayuntamiento de València dirigido por el alcalde Joan Ribó, desde donde se enviaron acompañadas de varios informes municipales que sostenían la necesidad de una nueva Declaración de Impacto Ambiental (DIA). Y lo propio ha hecho también la Comissió Ciutat-Port, integrada por los colectivos Per l'Horta, Acció Ecologista-Agró, Ecologistas en Acció, l'Associació de Veïns Natzaret y la Plataforma El Litoral Per al Poble.

En sus alegaciones, la plataforma subraya que los pliegos de condiciones del concurso para la concesión limitaba la libre concurrencia y la competencia entre las posibles operadoras. En este sentido, apuntan fuentes internas de la Comissió Ciutat-Port, algunas de las condiciones favorecían a unas operadoras en detrimento de otras y dificultaban la entrada de empresas externas en la disputa por la concesión.

Uno de estos apartados, por ejemplo, tiene que ver con los beneficios que se incluían para aquellas operadoras que ya trabajan en el Puerto de Valencia, como lo es MSC. Así, los pliegos señalaban que si la concesionaria definitiva era una de estas empresas, el Puerto le abonaría el 80% de las inversiones realizadas en obras e instalaciones desmontables en su actual terminal. 

Así, se facilitaba el traslado de la actual terminal a la nueva sin que supusiera un elevado coste para la empresa en cuestión. MSC, la única que ha presentado una propuesta, sería beneficiaria de esta suerte de bonificación que en la plataforma consideran incluso una "subvención encubierta" y que, en todo caso, "resulta limitativa de la competencia" y provoca un "efecto distorsionador" en el libre concurrencia.

En esta línea, insisten en la Comissió Ciutat-Port que esto se une a la decisión del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Valencia (APV), presidida por Aurelio Martínez, de abonar este 80% de las inversiones en un plazo máximo de un mes a partir de la rescisión de la actual concesión y hacerlo en un mismo pago, pese a que existían "distintas modalidades para establecer la forma y los plazos de pago". Con estos mimbres, en la mencionada organización aseguran que esto debería conllevar más tiempo.

"Resulta llamativo porque en condiciones normales, con la legislación en la mano, debería haber una evaluación técnica" previa al pago, subrayan, con el propósito de tasar las instalaciones desmontables a abonar, fijar cuál es el valor neto contable y comprobar que está correctamente registrado. Un proceso que, auguran, no se va a llevar a cabo. Y por eso insisten en que no se puede dejar en manos de la operadora "la facultad de decidir, por ejemplo, qué es desmontable y qué no", sostienen. Hacerlo así, a ojos de la Comissió, podría vulnerarse tanto la legislación de contratos como la Ley de Puertos.

Esta alegación es una de las que se suman a las que ya presentaron ahora hace más de dos meses. Otras que ya se encontraban presentes entonces, se han visto ampliadas y detalladas gracias a la información que se ha podido conocer en este tiempo. Se ha podido entrar con mayor detalle técnico en uno de los pilares de las alegaciones, el que pide una nueva DIA, exigencia que mantienen porque el proyecto de 2006 ha sufrido un "cambio radical en la morfología de la dársena".

Y además de ello, han podido incluir más datos acerca de la afección medioambiental sobre el entorno y en especial sobre las playas. Para mayor concreción, en las playas del sur, donde advierten que provocará una gran erosión y un retroceso más acusado del que ya se vive. La organización presenta este martes ante los medios de comunicación el documento completo de las alegaciones al proyecto.

Más allá del estricto armamento jurídico, en la Comissió denuncian que el traspaso de la actual terminal a la nueva provocará una merma en la plantilla y afectará negativamente al empleo en el Puerto. "Si tenemos un volumen de operaciones y una plantilla dimensionada en función de las actuales concesiones, si se traspasa la operativa de esta concesionaria -MSC- a la nueva terminal, que es automatizada o semiautomatizada, en lugar de crear trabajos, se destruyen", defienden las mismas fuentes.

En caso de no atender las reclamaciones, mantienen la advertencia que han venido lanzando desde hace meses: "Si finalmente se continúa con la adjudicación del actual proyecto, nos veremos obligados a ir a los tribunales". En la Comissió Ciutat-Port se plantean la interposición de un recurso contencioso-administrativo contra la adjudicación.

Recurso de alzada contra la opacidad

Asimismo, e independientemente del proceso de adjudicación y del proyecto de MSC, la Comissió ha presentado un recurso de alzada contra el Puerto, al que acusan de opacidad por no haber permitido a miembros de la plataforma acceder a determinada documentación a la que, subrayan, tenían derecho en virtud del proceso de exposición pública. 

"Hay documentación que tiene que haber presentado MSC, como por ejemplo el plan comercial o el plan operativo, que no está al acceso de la ciudadanía". Relatan que miembros de la organización solicitaron el acceso a documentación y se les denegó en pleno período de alegaciones, lo que supone, además, la "vulneración de la legislación de libre acceso a la información de contenido medioambiental".