VALÈNCIA. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ha anulado el cierre cautelar que impuso el Ayuntamiento de Mislata a la Sala Repvblicca, en una sentencia que si bien no es ni mucho menos el final del pulso jurídico, sí es una victoria importante por parte de los gestores del local. El juzgado ha estimado totalmente el recurso de apelación interpuesto por la mercantil, que había solicitado la suspensión del acto administrativo que ordenaba la clausura de su local.
La sentencia, a la que ha tenido acceso este diario, marca dos factores determinantes que señalan la "ineficacia" de la medida cautelar. En primer lugar, señala que la medida de clausura del local, dictada el 14 de diciembre de 2023, era una medida provisional que, según la ley, debía ser confirmada, modificada o levantada en un plazo máximo de 15 días mediante la apertura de un procedimiento sancionador. Sin embargo, la Generalitat Valenciana, que era la autoridad competente para hacerlo, no ratificó esta clausura ni inició el procedimiento dentro del plazo estipulado. Por lo tanto, la medida provisional perdió su validez legal el 29 de diciembre de 2023.
Por otro lardo, en enero de 2024, el Ayuntamiento de Mislata ordenó la ejecución forzosa del cierre del local, justificándola como una nueva medida de control. Sin embargo, esta resolución se basaba directamente en la medida provisional de diciembre que ya había perdido su eficacia legal. El tribunal considera que no se puede ejecutar algo que carece de validez, por lo que esta resolución también es jurídicamente defectuosa.
Por estas dos razones, la medida cautelar quedaría anulada, aunque aún falta que se resuelve el pleito de fondo. Es decir, no es una sentencia sobre el proceso total, sino sobre las medidas preventivas impuestas por el Ayuntamiento. Sobre esta resolución de la primera sección de la sala de lo contencioso-administrativo cabe recurso de casación en el Tribunal Supremo en los siguiente 30 días hábiles, tras los cuales, si el Ayuntamiento no presenta su disconformidad, la decisión sería firme.
Desde el equipo de Domina Legal, Carlos Primo explica que esta decisión es "un paso muy importante porque no solo anula la medida cautelar sino que entra incluso en el fondo de todo el proceso". En el caso de que el contencioso se resolviera en favor de la sala, el Ayuntamiento de Mislata se podría enfrentar a una reclamación por la suspensión de más de 100 conciertos, que tuvo un impacto directo en más de 500 músicos, según ha calculado la gestora de la Sala Repvblicca.
En todo caso, cuando se vuelva firme esta resolución judicial, la sala solo podrá reabrir con la licencia de 429 personas, que es la vigente en estos momentos. El Ayuntamiento y la sala tendrían que llegar posteriormente a un acuerdo para tramitar una nueva licencia municipal a partir de la declaración responsable (OCA) que determina que el aforo llega a los 1.500 personas y que era con la que funcionaba la sala desde hacía años. La principal traba es que, según el plan urbanístico, la limitación de aforo en esa zona de la localidad aún reduciría más el aforo actual, hasta las 300 personas.
En un comunicado, los responsables de Repvblicca y otros representantes de la industria musical valenciana y española, han valorado que "esta situación ha vulnerado el derecho de acceso a la cultura de miles de ciudadanos y ha provocado importantes perjuicios económicos tanto para los artistas como para los trabajadores de la sala".
El Ayuntamiento estudia la documentación para que el local pueda volver a la actividad en las condiciones previas a la Declaración Responsable
