El Ayuntamiento estudia la documentación para que el local pueda volver a la actividad en las condiciones previas a la Declaración Responsable
VALÈNCIA. El conflicto entre la Sala Repvblicca y el Ayuntamiento de Mislata pasa de fase. Los responsables del local están a la espera de la última confirmación por parte de la entidad local para poder reabrir tras el precinto que llevó a cabo la Policía Local el pasado mes de enero. En todo caso, esta vuelta a la actividad será muy diferente a la que había antes del cierre cautelar.
Según ha podido saber este diario por fuentes de primera mano, las condiciones de la declaración responsable (OCA) han sido desechadas por el consistorio y la sala se tendrá que ceñir a su última licencia aprobada, que sitúa el aforo máximo en 429 personas a pesar de que el local tiene más de 2.500 metros cuadrados. La cifra tiene su origen en una de las vidas anteriores a la sala de conciertos, cuando fue un local con mesas. En los últimos años, sin embargo, se había convertido en uno de los puntos calientes de la agenda musical de la ciudad, albergando conciertos para más de 1000 personas. Los propietarios afirman que la OCA calculó un aforo para 1700 personas.
Tras cinco meses cerradas y un proceso judicial interpuesto por la propia sala contra el Ayuntamiento al ver abusivo el precinto, los trámites para reactivar la licencia y operar conforme a ella parecen haber finalizado, a falta de un último paso. En todo caso, la sala asume que la OCA no será efectiva ya y que tendrá que adaptarse a las condiciones impuesta por el ayuntamiento para volver a acoger conciertos.
La capacidad real de la Sala Repvblicca está muy lejos de esas 429 personas; de hecho, el aforo con el que trabajaba era su principal baza, ya que ningún otro espacio de València podía acoger conciertos de esas dimensiones. El cierre cautelar del espacio no solo afecta a un proyecto empresarial, sino a la ya limitadísima red de escenarios musicales en el área metropolitana.
En todo caso, el plan de la propiedad es no renunciar a que, en un futuro, la licencia pueda actualizarse a un aforo más realista. Para ello, el Ayuntamiento de Mislata tendría que modificar ordenanzas municipales o permitir una excepción, ya que, en este momento, las licencias para la zona en la que se ubica la sala sería aún menor de esas 429. “El alcalde Bielsa utiliza sus ordenanzas municipales como condenas y sus aforos como grilletes”, denuncian los dueños de la sala.
Preguntados por si se contempla la posibilidad de permitir el aumento del aforo, el Ayuntamiento prefiere no decir nada hasta que se resuelva todo el proceso. La sala admite que la reapertura es una buena noticia a medias porque el aforo de 429 pone en serio peligro la viabilidad económica del negocio y tachan las ordenanzas municipales que limitan este aforo como “discriminatorias”.
Las asociaciones de salas de conciertos reclamaron e intercedieron junto al Ayuntamiento de Mislata para explorar las posibilidad de la reapertura de la la Sala Repvblicca con las condiciones con las que había funcionado hasta enero. "Privar a la Comunitat Valenciana de un espacio tan relevante como es Repvblicca significa un atentado al derecho de acceso de los ciudadanos a la Cultura, contraviniendo el artículo 44.1 de la Constitución por el que los poderes públicos deben promover y tutelar el acceso a la Cultura, a la que todos tenemos derecho", aseguró en febrero, en un comunicado, Elda Gómez, gerente de la Asociación Estatal de Salas de Conciertos (Acces).
Por su parte, el presidente de la Asociación de Salas de la Comunitat Valenciana, Francisco J. Bordonado, remarcó que "una sala con una trayectoria tan larga y destacada, reconocida por la administración como espacio cultural, que no presenta ningún riesgo y que cumple a rajatabla con todas las normas de aforo y seguridad legales, no debe permanecer más tiempo precintada".
El Ayuntamiento de Mislata contestó (y es la última respuesta oficial pública) que la Sala Repvblicca "solo" podrá reabrir si el consistorio constata que la documentación presentada cumple "claramente" con la normativa tanto local como autonómica, mientras que no lo podrá hacer si el recinto "no garantiza la seguridad de trabajadores y personas usuarias”. Ese proceso de documentación es el que se estaría ultimando, en paralelo al proceso legal que inició la propiedad de la sala, con un recurso contencioso-administrativo contra el cierre cautelar del recinto de conciertos al entender que es una medida abusiva.
Los abogados de la sala pidieron el levantamiento provisional del cierre mientras se resolvía el proceso, algo que les ha sido denegado, y están a la espera de que se resuelva su recurso. Quede como quede este proceso, la Sala Repvblicca seguirá teniendo que abrir con el aforo de 429 personas, menos de un tercio del que estipulaba el certificado privado con el que operaba.